Defensoría del Pueblo. Reporte de conflictos sociales. Enero 10, 2022. Da cuenta de 202 conflictos: 148 activos y 54 latentes. Casos nuevos: cuatro. El último reporte de la Defensoría puede generar alarma, pero existen nuevas maneras de organizar y presentar la información para que la estadística ayude a entender mejor los procesos y sobre todo las causas alrededor de los conflictos.
Aporte conciliador
Manuel Glave, economista e investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), ha trabajado los últimos meses en el tema, junto con Eduardo Bryce, director ejecutivo de Tinkuy Consult. Ambos presentaron algunos alcances del mismo en el Comité de Asuntos Sociales (CAS) de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hace unos días.
Sobre la base del análisis de las lecciones aprendidas del seguimiento de los conflictos sociales, realizado en coordinación con la SNMPE, se sostuvieron diversas entrevistas a los actores directamente relacionados a la gestión de conflictos en el país. Ello, con el objetivo de evaluar oportunidades de mejora en la metodología, estructura y contenidos de los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo y del Viceministerio de Gobernanza Territorial elaborados entre los años 2011 y 2020.
“Lo que hemos encontrado es que, en realidad, el reporte de la Defensoría del Pueblo —con 18 años de vida— tiene varias virtudes, como su continuidad, metodología común, y que da una imagen del universo potencial de conflictos, pero también es cierto que hay oportunidades de mejora”, explica.
Entre las oportunidades de mejora, Glave sugiere desglosar la categoría “socioambiental” en subcategorías más precisas, ya que no todos los conflictos son ambientales. No siempre un conflicto “socioambiental” se debe a la presencia de un proyecto de inversión minera. En muchos casos, se debe probablemente a servicios públicos no satisfechos y, por lo tanto, se genera ruido socioambiental por la presencia de un proyecto de inversión extractivo, pero el conflicto es social por el incumplimiento estatal.
Otro aspecto relevante, propone Glave, es la forma en que se difunde el reporte mensual, pues las cifras que suelen salir en los medios consignan un alto número de conflictos sociales, que son de tipo socioambiental y con una mayoría relacionada a la minería. Estos, sostiene, generan la imagen de una sociedad conflictiva. Pero eso no es así.
“Lo cierto es que el reporte tiene muchos otros datos. Cuando, por ejemplo, se dice que hay 200 conflictos sociales y que hay un 60% o 70% activos, también se dice que solo hay un conflicto en etapa de crisis y que hay diez en escalamiento. Todos los meses hay otros números que son importantes. Entonces, antes de hablar de que hay 200 conflictos, lo que podemos resaltar es que, de un universo muy grande de posibles conflictos sociales en el país, en realidad, solo hay un conflicto en crisis y la gran mayoría son espacios donde hay procesos de concertación, diálogos, mesas de trabajo o están en proceso de desescalamiento. Son dos maneras diferentes de leer el mismo reporte”, agrega el experto.
Durante una presentación en el CAS, llamada “Desafíos y aprendizajes en la gestión de conflictos sociales”, Glave mostró algunas cifras en las que se puede ver que, por ejemplo, en el 2020 ningún conflicto activo llegó a etapa de crisis. Entre el 2011 y 2020, solo 16 llegaron a esta etapa, mientras que la gran mayoría se mantuvo en etapas de diálogo y desescalamiento.
En el caso del reporte que se hace desde la Presidencia del Consejo de Ministros, llamado Willaqniki, Glave aseguró que su publicación no es regular, tiene cambios de metodología y debería ser visto y leído como un instrumento a servir para la gestión pública. “Es un reporte que rinde cuentas sobre cómo el Poder Ejecutivo ha respondido a la conflictividad”, manifestó. Pero también hace falta una matriz de seguimiento de compromisos y que se articule a los avances de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en elementos centrales como la coordinación gubernamental horizontal y vertical.
Tanto respecto al reporte de Defensoría como de Willaqniki, Grade recomienda habilitar un soporte digital interactivo con actualizaciones en tiempo real sobre el desarrollo de los conflictos e intervenciones realizadas.
Otras opiniones
En el encuentro también participaron Evelyn Torres, exasesora del despacho ministerial del MINEM, y José Miguel Flórez, exsubsecretario de Prevención y Seguimiento de la PCM.
Torres recomendó que la metodología de la Defensoría debería considerar, además, evidencias, contrastar lo expuesto por los denunciantes y llamar a las partes involucradas. “Creo que es importante tener ciertas evidencias, que más allá de la percepción de afectación, tendría que haber otros criterios para que se reporte un caso”, explicó.
De igual manera, indicó que la categorización que se usa actualmente puede tener conceptos “muy amplios” como el de “socioambiental”. “Es conveniente revisar y profundizar un poco más porque son muy generales y llegan a ser muchos casos en una categoría”, explicó. “Es necesario ajustar esta definición, pues en los procesos de diálogo los conflictos mineros pasan a ser reclamos por educación, salud, conectividad y por otros servicios que no están vinculados al sector minero energético en sí”, dijo Flórez.
Por otro lado, Torres resaltó que —en el caso de la PCM— diferencie las crisis y las controversias, “que son algo natural en la humanidad”. “En sus informes se ve un mayor número de controversias, y uno menor de crisis, es decir, son casos que van más allá de la diferencia de opiniones y pareceres”, agregó; mientras, lamentó la poca regularidad de la publicación del reporte de la PCM debido, más que nada, a temas políticos.
Para Flórez, Willaqniki puede convertirse en una publicación sobre la gestión de conflictos, pues no puede ser copia del reporte de la Defensoría, que tiene un objetivo “de seguimiento” y de “llamar la atención sobre un determinado hecho”. “Debe ser más un reporte sobre qué se está haciendo [frente a la prevención o desarrollo de un conflicto] y sobre todo por qué se está haciendo [determinada acción]”, explicó el experto.
Problema de fondo
“El Poder Ejecutivo no ha sido capaz de implementar un sistema de prevención y gestión de conflictos sociales”, afirma Glave, como uno de los hallazgos.
“La PCM es la llamada a liderarlo, pero es un sistema multisectorial, multidimensional y multinivel. Entonces, también pasa por saber qué ocurre con la implementación de proyectos de inversión pública en salud, educación, agricultura y hasta saneamiento”, agregó.
Torres considera que muchos conflictos terminan en crisis porque “no hay una adecuada atención de las controversias” cuando están en ese nivel y su “atención tardía hace que escale a un punto donde las partes ya están polarizadas” y en la que la solución “va a ser más difícil y costosa para el Estado”.
“Las unidades de gestión de conflicto están siendo más reactivas y no hacen un trabajo de prevención. En el caso del sector minero energético no es visible un trabajo de prevención por parte del MINEM”, sostuvo.
Para Flórez, un primer tema a resolver es cómo entendemos los conflictos sociales, porque “si consideramos que son una negociación entre partes con discrepancias, nos vamos a equivocar”. Según este esquema, comenta, el Estado aparece como un mediador neutral y no lo es. “Su primera función es que la Ley se cumpla para ambos lados. Se trata muchas veces de problemas políticos, y no de negociación”, asegura.
A partir de estos aportes, se apunta a que los conceptos alrededor de los conflictos sociales sean más precisos, tanto como las herramientas para su seguimiento y solución. Para ello, es indispensable fortalecer la capacidad de gestión pública, tanto para la prevención como para la gestión de conflictos.
