El 2021 fue un año de retos para la industria minero energética en el país, marcado especialmente por una conflictividad que no permitió el normal desarrollo de sus actividades. El último reporte de la Defensoría del Pueblo indica que de los 199 conflictos sociales activos en el país, el 64% estuvo relacionado a la actividad minera, el 23% a los hidrocarburos y un 2% a la energía.
En algunas de estas protestas existe una demanda común de mayor transparencia y rendición de cuentas. Por ello, los sectores público y privado tienen diferentes iniciativas para transparentar los recursos que se reciben y cómo se usan.
Esta transparencia también se hace aún más urgente, pues, basándose en cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la SNMPE ha identificado que los gobiernos subnacionales utilizan solo el 60% de los recursos transferidos, dejando de usar un 40%. Como ha expresado el presidente de la institución, Raúl Jacob, estos recursos deberían usarse para proteger los intereses de las futuras generaciones.
El empleo de estos recursos varía mucho entre regiones, pero, en general se priorizan las actividades de transporte y planeamiento, llegando en algunos casos a ser un tercio del presupuesto ejecutado, como en el caso de Loreto, dejando de lado sectores clave como educación y salud.
La iniciativa EITI
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar internacional al que el Perú se adhirió hace poco más de quince años y se comprometió a su implementación. El punto de partida de este estándar es el trabajo multiactor, en tanto sus acciones deben ser llevadas a cabo por una comisión conformada por representantes de los gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil. El objetivo central es afianzar la gobernanza de las industrias extractivas en los países en que se implementa, transparentando los pagos que realizan las empresas que pertenecen a las industrias extractivas al Estado en impuestos y pagos específicos y contrastándolos con lo que el Estado registra como recibido. En ese sentido, se trata de un espacio que trabaja para fortalecer la adecuada rendición de cuentas, haciendo accesible la información para fomentar una ciudadanía informada y vigilante.
En el Perú, el Gobierno encargó al Ministerio de Energía y Minas la implementación del EITI, ejerciendo la labor de secretaría técnica del EITI Perú. A la fecha el Perú ha publicado siete Informes Nacionales EITI. El último de ellos aborda los años fiscales 2017-2018 y se está coordinando la elaboración del siguiente informe con información más actualizada.
“Hasta hace poco estábamos a la vanguardia. El desfase [en la elaboración de estos estudios] que tenemos hoy es sustancial. Incluso, estamos en riesgo de perder la participación del Perú [en la iniciativa], habiendo sido pioneros durante quince años”, señala Eleonora León y León, ex directora de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La calidad de pionero del Perú en el EITI se refleja en haber elaborado reportes de transparencia a nivel subnacional, con el objetivo de transparentar e informar sobre las transferencias públicas que reciben estas autoridades con origen en el sector extractivo y conocer en qué y cómo se usan. Así, a la fecha, tenemos cinco regiones en las que se ha implementado la iniciativa EITI Regional, respetando el esquema multiactor: Apurímac, Arequipa, Loreto, Moquegua y Piura. A la fecha, se han publicado 14 informes regionales, que involucra la participación de cinco Gobiernos Regionales, 8 universidades públicas, 20 municipalidades provinciales y 27 municipalidades distritales.
El reto es lograr traducir esta información en algo más allá de lo contable. “Lo ideal sería poder ver cómo contribuyen estos recursos al desarrollo. Porque si entendemos que el gasto público promedio de los gobiernos subnacionales oscila entre el 50% y 70% de lo transferido, hay que intentar entender qué está pasando y tratar de definir políticas públicas que ayuden a que la ejecución de los recursos públicos cierre las brechas identificadas”, explica León y León.
“Las empresas están completamente a favor de que esta información se difunda. Los gobiernos regionales tienen ganas de participar. La ciudadanía está ávida de información para poder participar y vigilar. Quien tiene que activar su rol de engranar todo esto es el MINEM”, puntualizó. Tremendo reto.
El caso de Mapainversiones
Otra iniciativa reciente para aportar a la transparencia en el buen uso de los recursos generados por la actividad extractiva, especialmente minera, es MapaInversiones Perú País Minero, plataforma desarrollada por el BID y el MINEM.
La plataforma visualiza y mapea proyectos de inversión pública, lo que supone abrir a la ciudadanía los datos sobre sectores tan cruciales como vivienda, salud o infraestructura de transporte. “Gracias a la plataforma, los ciudadanos pueden monitorear en tiempo real dónde y cómo invierten las instituciones”, detallan.
Así, la página ofrece datos actualizados al 2020 y señala que en el último año hay 9,220 proyectos de inversión financiados total o parcialmente con fondos del canon, sobrecanon y regalías mineras. En el portal se puede ver el tipo de actividad minera que se realiza por región, los minerales y la cantidad extraída, así como el detalle de los estados de los proyectos por región, el sector y hasta tipo de recurso.
Los reportes del GRI
Desde el ámbito privado, muchas empresas peruanas están utilizando las herramientas del Global Reporting Initiative (GRI), organización internacional que promueve la transparencia para comunicar los impactos en materia económica, social y ambiental en los llamados reportes de sostenibilidad. “Nosotros creemos que mientras las organizaciones transparenten sus impactos, los grupos de interés a su alrededor van a tomar buenas decisiones”, explicaba Daniel Vargas, Head of Country Desk de GRI en Perú, en el Taller de Sostenibilidad Social dictado por el Comité de Asuntos Sociales de la SNMPE en diciembre pasado.
Allí señaló que el proceso para hacer un reporte de sostenibilidad se divide en tres partes. Lo primero es identificar los impactos más relevantes, involucrando a los grupos de interés; luego, medir este impacto (económico y social) para poder gestionarlo; y, finalmente, comunicarlo, adaptando los mensajes a los grupos de interés para, posteriormente, invitarlos a leer el informe.
A mediados del 2021, el GRI culminó su 4° Programa de Negocios Competitivos en el país, una iniciativa que comenzó a promover en el 2017. Allí reportó que 377 empresas peruanas publicaron su reporte de sostenibilidad en el 2020. El 36% de ellas eran microempresas; el 42%, pequeñas; el 9%, medianas; y el 13%, grandes.
Antamina fue una de esas empresas. En su reporte de sostenibilidad del 2020 daba cuenta, por ejemplo, de sus contribuciones al fisco: US $3,882 millones en canon para la región y más de US$ 5,262 millones en impuestos, explicaba la empresa en un comunicado.
Vargas resalta que recientemente se haya establecido un esquema para que las asociaciones realicen un reporte bajo el esquema GRI, una herramienta que puede afianzar la visión de sostenibilidad, facilitando las métricas y visibilizando las buenas prácticas. En el país, hasta el momento, sólo la Sociedad Nacional de Pesquería ha hecho tal publicación.
Transparencia desde la SNMPE
En el 2021 la SNMPE también ha realizado acciones que muestran el compromiso que tienen sus asociados para transparentar sus aportes a la comunidad a través del Comité de Derechos Humanos del Sector Minero Energético y el Comité de Asuntos Sociales (CAS).
Así, en el primero, se puede destacar su participación en la elaboración y presentación del Plan de Empresas y Derechos Humanos, iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia, pero donde la SNMPE tuvo participación desde la revisión, discusión y aportes a los 21 documentos de Línea de Base, así como su presencia en las más de 15 Mesas de Diálogo Multiactor junto al Estado, pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil organizada. La SNMPE también ha hecho esfuerzo para transparentar y difundir las buenas prácticas del sector minero energético en Derechos Humanos a través de foros, conversatorios y webinars como el “Diálogo sobre Buenas Prácticas en Conducta Empresarial Responsable”, llevado a cabo en octubre.
Por otro lado, la SNMPE colaboró con la Oficina General de Gestión Social del MINEM para la creación e implementación del primer Programa de Reconocimiento de Conductas Empresariales Responsables, que busca el destaque y puesta en valor de los logros de las empresas con una buena gestión social y ambiental, según las recomendaciones de la OECD, y que aportó en la identificación de estrategias para la prevención de conflictos sociales. En la primera edición del programa participaron 40 empresas para que sus iniciativas fueran evaluadas.
Todas estas iniciativas descritas pueden ser claves para generar una mayor transparencia en la gestión del sector minero energético nacional.
