A la fecha, existen seis contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos en la costa noroeste del Perú, en su mayoría, entre 1993 y 1994. Pero, este 24 de diciembre, vence el del Lote I, y, en el 2023 y el 2024, vencen los de los lotes V, VII_VI, y Z2B. “Si el plazo de expiración está muy cerca, las empresas dejan de invertir porque los proyectos de inversión ya no se repagan”, señaló Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y director de investigación de la Escuela de Postgrado Gerens.
Según Perupetro, a septiembre del 2021, se efectuaron actividades de perforación o reacondicionamiento de pozos en los Lotes VII_VI y X. La menor inversión tiene como consecuencia una menor recaudación del Estado por regalías, un impacto en el canon que recibe la región Piura y, por ende, Talara y sus distritos. A ello se añade que, de acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Talara, la fuerza laboral al servicio de la industria se haya reducido en 40%.
Perupetro, por su parte, mantiene un acuerdo de directorio en el cual se establece que los contratos con los operadores no se pueden negociar directamente, sino que debe haber una licitación. El problema de ello, explica Vásquez, es que puede tomar mucho tiempo —se calcula, aproximadamente, un año, es decir, hacia fines del 2022— hasta que Perupetro encuentre contratistas, cuando la caída de la producción sea mayor. Mientras tanto, los lotes podrían quedarse sin operadores.
“Estamos hablando de campos longevos [explotados hace unos 40 años], complejos de operar, por lo que no cualquier contratista estará dispuesto a hacerlo. Pero, por ejemplo, si eventualmente los toma Petroperú, hasta que encuentre qué hacer con esos lotes puede venir el llamado ‘efecto bache’: la producción caerá a cero. Cero barriles producidos, multiplicados por cualquier tasa de regalías que se te pueda ocurrir, es cero. Ese principio se aplica también a los gobiernos regionales: no van a tener ni un centavo y ahí vamos a tener problemas”, advirtió el especialista.
En ese sentido, Vásquez señala que en el 2019, antes de la COVID-19, el gobierno regional de Piura recibía S/ 600 millones de canon petrolero y sobrecanon. Ahora, con las restricciones de la pandemia, sumado a la incertidumbre política, ante la falta de inversión la productividad esta cifra ha caído a la mitad. “Es decir, ya estamos sintiendo el bache. Si no se renuevan los contratos de los contratistas actuales, o se busca inmediatamente a alguien que tome en el 2023 estos lotes, ya no vamos a recibir US$ 300 millones, sino US$ 80 millones, US$ 50 millones o cero. Y ahí ya no va a haber un bache, va a ser un hueco”, afirmó Vásquez.
“Recomendaría declarar en emergencia el sector y evaluar un régimen excepcional transitorio que permita extender, provisionalmente, el plazo a los contratistas actuales para que sigan. Eso, con la obligación de ciertos compromisos mínimos de trabajo y de inversión. Si Perupetro ve conveniente renovar —porque la empresa se compromete a invertir en perforación de pozos, realización de trabajos de exploración y producción— podría originar extender los contratos por 20 años más para evitar que los lotes se queden sin operador”, concluyó el experto.
