Global Reporting Initiative (GRI) es una institución independiente que impulsa la elaboración de memorias de sostenibilidad y cuyo uso está muy extendido en todo el mundo por la calidad de sus estándares. Andrea Pradilla, directora de GRI Hispanic America, explica en esta entrevista los conceptos de gobierno corporativo y sostenibilidad, el uso de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y habla del desarrollo de un nuevo estándar para el sector minero.
¿Qué es el gobierno corporativo?
En nuestros estándares, el gobierno corporativo se entiende como una piedra angular que irradia la manera en que se toman decisiones frente a los impactos de las organizaciones en los temas ambientales, sociales y económicos. En la última actualización de nuestros estándares, realizada en octubre de este año, se robustecen algunos de los disclosures (divulgaciones) que deben hacerse en materia de gobierno corporativo y se pide mucha más transparencia respecto de la composición y estructura de los órganos de gobierno corporativo. Es decir, cómo se hace la nominación y selección de la alta dirección, quién es el o la presidente, cuál es el papel en la supervisión de la gestión que se hace de los impactos externos de la empresa, cómo se delega esa responsabilidad, qué papel cumple el reporte de sostenibilidad y cómo se comunican los conflictos de interés, entre otros.
¿Cuál es la relación entre gobierno corporativo y sostenibilidad?
Lo que hay detrás es la comprensión de cómo ha cambiado el deber fiduciario de los administradores a la luz de los temas ambientales, sociales y económicos. Hay que entender que esto no es una visión aislada, sino que —como administradores de las empresas— hay un deber fiduciario de asegurarnos de que estos temas están siendo entendidos como riesgos y oportunidades para el negocio, que podrían incidir en la existencia de la empresa, y que, como administradores, tenemos la responsabilidad de entender estos riesgos e integrarlos a la gestión, y asegurarnos de que nuestra organización también los entiende y los gestiona. El gobierno corporativo y la sostenibilidad van de la mano. Y, de alguna manera, uno detona al otro.
Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) están relacionados con los Derechos Humanos. ¿Qué implican para las empresas, en particular para aquellas del sector minero energético?
Los temas ASG están cada día más en la agenda de las organizaciones y son parte de una evolución misma del concepto de sostenibilidad. Aparecen en las discusiones de la comunidad de inversionistas sobre cómo se integran los criterios ambientales, sociales y económicos a la hora de tomar decisiones de inversión. Para las organizaciones surge la necesidad de cómo abordar este tema desde dos puntos de vista: cuál es su impacto en la sociedad, el planeta y la economía; y cómo el contexto se relaciona con su capacidad de generar valor. El rol de los Derechos Humanos es fundamental en Latinoamérica, a pesar de que la discusión ASG se ha centrado más en temas ambientales. Los temas sociales son absolutamente esenciales a la hora de entender los riesgos y se requiere apertura por parte de las empresas y de la comunidad de inversionistas para entender cómo se miden. Hay métricas distintas a las que la comunidad de inversionistas está acostumbrada. Es complejo, pero es fundamental para entender el perfil de riesgo de las empresas y cómo se está gestionando. La discusión de Derechos Humanos debe tener un enfoque de cadenas de suministro y de abastecimiento, así sea esta pequeña o esté en un área remota de operación.
Un enfoque de Derechos Humanos brinda confianza y legitimidad a las empresas del sector minero energético. ¿Coincide con esta premisa?
Estoy de acuerdo en un nivel conceptual. La transparencia genera confianza. Es muy importante integrar los principios y el ‘espíritu’ de los estándares del Global Reporting Initiative que dice que para ser transparentes uno tiene que hablar con sus grupos de interés. No solo con los que me caen bien, sino con los que son críticos con mi operación. Debo acercarme a ellos e intentar identificar cuáles son esas expectativas razonables que tienen como grupo. Hay que identificarlas e intentar atenderlas. Hay un componente adicional y es que la comunicación con aquellos grupos no puede restringirse únicamente al reporte anual de entrega de información, tiene que ocurrir todo el año para que haya una verdadera construcción de capital social. Sin duda, el momento de entrega de información más profunda será con la difusión del reporte de sostenibilidad, que ocurre una vez al año, pero hay que complementarlo con ejercicios menos profundos pero más frecuentes para lograr que haya un diálogo alrededor de estos temas.
¿Qué debe reportar una empresa?
Es importante que se hable con los grupos de interés, inversionistas y comunidades. Se debe identificar juiciosamente el impacto de nuestras actividades, esto es qué hago, qué vendo, qué produzco, qué impactos generamos y cuáles potencialmente se generarían. Con esto se podrá evaluar cuán significativo es su impacto.
El reporte de quejas y reclamos resulta a veces complejo.
No es sencillo, pero hoy tenemos que ser conscientes de que la información no solo fluye como nosotros queremos. Con las nuevas tecnologías y las mejoras en educación, la gente se comunica de muchas maneras. El ejercicio de reporte de sostenibilidad es una oportunidad que uno se da a sí mismo para informar cómo se dieron los procesos de quejas y reclamos. No es la verdad absoluta no revelada, pero si buscamos que se apliquen los principios de los estándares del GRI, deben ser un reflejo muy balanceado de lo que intentó hacer la organización frente a las quejas y reclamos. Los conflictos se van a dar, las herramientas no pretenden que no se den. Al contrario, se asume que es natural que se den estas situaciones. Y lo que deben tener las empresas son ejercicios de debida diligencia, políticas y canales para atender estos conflictos. Un proceso de debida diligencia va a ayudar a prevenir tantos como sea posible.
Si bien el sector minero tiene mayores avances en temas de debida diligencia, ¿qué incentivos se puede manejar para establecer o mejorar estos procesos?
Los beneficios de un proceso de debida diligencia son para las empresas. Es una mirada de riesgo que antes no se tenía. El riesgo social y de Derechos Humanos puede acabar con una empresa, terminarla. Si vamos a generar impactos en algo tan importante como los Derechos Humanos, a quien más le conviene hacer este ejercicio es a la empresa. Desde el Estado se podría exigir el reporte, temas de compras públicas y programas especiales, entre otros.
GRI está reclutando a un grupo de expertos para desarrollar estándares en el sector minero. ¿Qué expectativas tienen y cómo la SNMPE podría participar en su formulación?
Se trata del cuarto estándar sectorial que desarrollamos. Es un programa nuevo que busca identificar los impactos más significativos del sector, así como reflejar las expectativas de los grupos de interés dentro de un proceso de reporte de sostenibilidad. En este momento, estamos seleccionando al grupo de trabajo que va a producir este estándar. Se busca que sea multiactor y multirregional. Las discusiones se harán en inglés, pero la idea es que refleje la realidad de las regiones representadas. Entre el primer y tercer trimestre del 2022 se va a desarrollar un borrador y se abrirá un periodo de consulta pública. La SNMPE puede acercarse a nosotros para hacer consultas locales y también podría enviar comentarios y sugerencias. Esperamos lanzar la versión definitiva para el tercer trimestre del 2023. Hay muchos momentos para involucrarse y que la visión de la industria minera peruana esté reflejada en estas discusiones.
