Manuel Ayllón Gamarra
CEO Orange 360
La minería es el motor de la economía peruana y, paradójicamente, nos empecinamos en querer detenerla mediante protestas con argumentos de todo tipo o mensajes confusos emitidos por nuestras propias autoridades y líderes políticos.
Pese a su importante contribución, los opositores a la actividad minera argumentan que lo aportado no es suficiente. Tal tesis carece de veracidad. Este año las mineras pagarán más de S/ 12 mil millones en impuestos y contribuciones, y para el tramo 2022-2026 su aporte será superior a los S/ 85 mil millones, según estima la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).
Los números no mienten; los oportunistas, sí. El problema no radica en el aporte que realizan las mineras —que es considerable—, sino en la poco eficiente gestión (por decir lo menos) de las autoridades para administrar los recursos y lograr que las regiones que conviven con la actividad experimenten mejoras sustanciales en educación, salud, nutrición, infraestructura y seguridad.
En el último decenio, las regiones y municipalidades recibieron S/ 40 mil millones por concepto de canon y regalías generados por la actividad minera, pero solo ejecutaron el 61% de sus presupuestos.
Lo que es peor, no hay señales que permitan avizorar una reforma del Estado que lo convierta en más eficiente. Todo indica que en los próximos años la precarización del aparato público será aún más crónica.
Desde hace ya algunas décadas varias mineras invierten directamente para beneficiar a la comunidad, pese a que contribuyen con el país vía impuestos y regalías., .
En este contexto, uno de los mecanismos de inversión directa que ofrece más oportunidad de progreso y desarrollo a las comunidades es el de Obras por Impuestos (OxI), que permite a los gobiernos subnacionales estructurar una cartera de iniciativas prioritarias que pueden ser ejecutadas por el sector privado a cambio de un certificado que las empresas deducen del pago del Impuesto a la Renta.
En el primer semestre del 2021 se adjudicaron 14 proyectos de OxI por un total de S/ 132 millones, 141% más que los registrado en similar periodo del 2020 (S/ 55 millones) y superior en 83% a lo reportado en el primer semestre del 2019 (S/ 72 millones).
Las empresas mineras que más han invertido a través de este esquema son Antamina y Southern Perú, con más de US$ 1,000 millones cada una en proyectos acumulados desde que se creó este mecanismo en el 2008.
Sin embargo, existen aún algunos cuellos de botella que no están dejando que las OxI fluyan a la velocidad debida. Uno de ellos es la limitada capacidad de las autoridades y funcionarios públicos en la formulación de proyectos OxI, debido a que no dominan el mecanismo. Otro es el límite de 50% de deducción sobre el Impuesto a la Renta, el cual, en una crisis como la que estamos viviendo, debería ampliarse a no menos de 75% para acelerar la inversión privada de calidad en necesidades prioritarias para los más pobres. Un tercer problema es la demora excesiva en la entrega de los certificados a las empresas. Todo esto ahuyenta a la inversión y debe corregirse.
Afortunadamente, el Ministerio de Economía y Finanzas está diseñando una serie de modificaciones que tienen como objetivo potenciar las OxI y dotarlas de más agilidad y transparencia para que participe la inversión privada. El ministro Pedro Francke ha expresado su buena voluntad en ese sentido, lo cual ayudará a que la población más necesitada no sea excluida del progreso.