Para finales de este año, se espera tener un aumento histórico en la recaudación tributaria minera. En un escenario conservador, los estimados de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) calculan el monto de este año en S/ 12,500 millones, casi el doble respecto de los S/ 6,300 millones recaudados hace diez años, cuando se realizó la última reforma tributaria en este sector. Esta recaudación, incluso, podría ser mayor en los próximos cinco años.
Este sustancial aumento de recursos —contextualizado en el alza del precio de los commodities en el mercado internacional y una mayor producción— ha llevado a diferentes expertos a plantearse de qué manera se pueden aprovechar en beneficio de la población. Ello, considerando de que se trata de recursos que provienen de fuentes no renovables, como la minería y los hidrocarburos.
La creación de fondos soberanos, fondos rentabilizados o de capital de riesgo o incluso un nuevo canon minero son algunas de las que proponen los expertos.
Fondos soberanos
Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, ha explicado que, como la ejecución por parte del Estado es baja, llegando solo al 60%, sería importante que el otro 40% que no se ejecuta se dirija a proteger “los intereses de las futuras generaciones”. “Deberíamos tener un fondo soberano en el cual se pueda acumular a lo largo del tiempo el beneficio de un recurso no renovable”, propuso en su presentación en la conferencia Rumbo a Perumin en septiembre pasado.
Jacob explicó allí que el canon minero se ha gastado principalmente en transporte y planeamiento, rubro donde están los estudios técnicos y consultorías, pero que en educación y salud apenas se ha destinado un 15% del total ejecutado.
Mayor inclusión
Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores y exministro de Agricultura y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presentó una propuesta de mejora para el uso de los recursos generados por las actividades extractivas, aunque pasan por un cambio en la regulación para que la figura de los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) puedan ser utilizados por los gobiernos subnacionales, ya que actualmente solo es aplicable al Gobierno Nacional, que usó una figura parecida para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
El economista propone que los gobiernos subnacionales que se adhieran a esta modalidad destinen a los PEIP —y a su futura unidad ejecutora independiente— el 70% de los recursos anuales del canon para financiar de manera exclusiva un portafolio de proyectos orientado a satisfacer las necesidades básicas de las población, mientras que el otro 30% quedaría para ejecutarse de una manera más tradicional, aunque abriendo la posibilidad de usar dichos recursos para promover otros fondos que podrían usarse para dinamizar la inversión privada en los territorios donde se desarrollar la actividad minera, por ejemplo, en concursos para premiar pequeños negocios. “A través de este tipo de fondos, se pueden financiar perfiles de negocios que dinamicen la economía local y generen empleo en actividades alternativas a la minería”, señaló.
El director de Videnza también dijo que estos fondos deben ser administrados por una empresa especializada en manejo de capital de riesgo. Von Hesse propone que inicialmente el dinero debería ser depositado en un fideicomiso, manejado por COFIDE, que a su vez convocaría a un administrador privado especializado en capital de riesgo para el fomento de negocios. “[Este administrador debe tener] una mirada de negocios y de sostenibilidad. Esto no se maneja desde un escritorio en una oficina pública donde haya la tentación de financiar el negocio de un amigo”, precisó.
Nuevo fondo y canon
Ricardo Labó, economista experto en minería y socio de LQG Energy & Mining Consulting, también ha desarrollado una propuesta para reformar la actual forma de transferencia y distribución de los ingresos y rentas mineras. Así, propone crear un Fondo Minero Soberano (FMS), un Nuevo Canon Minero (NCM), y realizar transferencias directas a los ciudadanos cercanos a las zonas de actividad extractiva.
La nueva distribución del impuesto a la renta para Labó quedaría así: el 50% se mantendría para el gobierno central, pero el NCM recibiría 28.75%, el FMS 18.75% y el 2.5% restante se repartiría entre la población de esas zonas.
El experto precisa que el FMS tendría la característica de ser intangible, contaría con una gobernanza y administración independientes y se invertiría en una cartera diversificada, tanto dentro como fuera del país, que lo rentabilizaría. “Si solo se está ejecutando el 60% o 70% y esa es la capacidad máxima del Estado, [nos preguntamos] qué hacer con el resto, por qué no rentabilizarlo y guardarlo para el futuro. Es un adicional a la relación que hay entre minería y sostenibilidad: cómo hacer que los beneficios perduren en el tiempo”, explicó.
Existe más de un centenar de fondos soberanos en el mundo, según precisó Labó, y han probado ser eficaces y eficientes, permitiendo rentabilizar los ingresos y que perduren en el tiempo, más allá de la vida útil de los yacimientos.
Como ejemplos destaca los de Alaska, en Estados Unidos, y Noruega, cuyos gobiernos, a partir del hallazgo de grandes cantidades de reservas de petróleo en los años 60 y 70, decidieron crear fondos con los recursos generados a partir de su explotación.
En el caso de Alaska, los retornos obtenidos se distribuyen anualmente a cada uno de los residentes de dicho Estado, mientras que en el caso noruego, la distribución se realiza al presupuesto nacional, llegando a representar hasta el 20% del presupuesto anual del país.
En su propuesta, Labó considera que —por el momento— el reparto entre los gobiernos subnacionales del NCM se mantenga como hasta ahora. Sin embargo, añade que el 10% de los retornos del FMS alimentarían este NCM cada año, así como el 50% de los saldos del presupuesto no invertido por los gobiernos subnacionales. El 90% de los retornos obtenidos por el FMS se distribuiría al final de cada año entre la población, así como el 25% de los saldos no ejecutados por los gobiernos subnacionales. El FMS, por su parte, se alimentaría con el 75% de los saldos que los gobiernos subnacionales no logren invertir anualmente.
Otra ventaja de este modelo es que se haría efectiva la transferencia de recursos a los gobiernos subnacionales con capacidad para gestionarlos y se premiaría con eso la buena gestión. Las transferencias directas a la población harían que se sientan los beneficios de las actividades e incentivarían el consumo, ahorro o inversión, y también una parte regresaría al fisco como pago de impuestos, especialmente a través del IGV.
Estos fondos permitirían aprovechar los recursos de actividades que se realizan una sola vez, multiplicar sus efectos en el tiempo y gestar nuevos perfiles de trabajadores especializados en la administración de recursos con los que todos ganan.
