El director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (UP), Gonzalo Delgado, afirmó que las empresas minero-energéticas deben ser conscientes de que todas las áreas al interior de sus organizaciones deben hablar el mismo lenguaje respecto de los Derechos Humanos.
“Un problema importante es que el área de operaciones, social y de relaciones comunitarias no siempre llevan el mismo discurso de DD.HH. hacia las comunidades, y creo que debe llegarse a un entendimiento común sobre cuáles son los contextos, los conceptos y las guías básicas en este tema. No importa en qué parte de la empresa trabajes, tienes que adherirte a ellos”, explicó Delgado en su participación en curso taller “Gestión de riesgos en Derechos Humanos en el sector minero energético”, dictado por la SNMPE.
El catedrático también explicó que las empresas deben seguir enfocándose de manera más proactiva que preventiva en su gestión social, pues este último va a limitar a las compañías a trabajar solamente en cómo evitar que haya vulneraciones a los derechos humanos, pero no necesariamente va a promover iniciativas que los respeten. “Un enfoque de promoción de derechos humanos proactivo hace que se pueda establecer una mejor sociedad, partnership, con las comunidades y con los grupos de intereses de su entorno (…) El enfoque de derechos humanos es una variable que se debe considerar en todo”, aseveró.
El especialista también propuso que lo más importante que puede hacer una empresa para prevenir conflictos y posibles violaciones a DD.HH. es llevar a cabo una investigación previa de debida diligencia, es decir, entender y conocer el área al que estás entrando.
El profesor también brindó alcances sobre el concepto de desarrollo territorial, que involucra más actores que la empresa y la comunidad. “Hay otros actores, contratistas, empresas y empresarios que deben participar en estos procesos y deben ser involucrados”, indicó.
El Estado, precisó Delgado, debe empezar a pensar qué tipo de incentivos puede generar para que las empresas sean mejores y más efectivos socios del desarrollo territorial. Agregó que si no se soluciona el problema del Estado para gestionar los fondos de canon y regalías, se seguirán generando conflictos y se va a empezar a culpar a la empresa por un problema que se debe solucionar desde los diferentes gobiernos. “Las empresas deben trabajar en partnership con las comunidades para exigir (y apoyar donde sea posible) para que el Estado mejore sus capacidades de implementación y ejecución a niveles locales y regionales”, concluyó.
