El socio de Macroconsult, Elmer Cuba, consideró que para evitar que el oro ilegal sea exportado del país, este mineral debería contar obligatoriamente con un sello que valide la legalidad de su procedencia.
Según la Policía Nacional de Perú (PNP), el 40% de las exportaciones de oro peruano es ilegal. Los principales destinos del oro peruano ilícito son India, Canadá, Suiza, Emiratos Árabes y Estados Unidos.
El economista señaló que bastaría con una normativa que obligue a las empresas a contar con un sello otorgado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) que valide el origen lícito del oro a ser exportado.
“Una ley sencilla que diga que no se puede exportar oro, si no hay un sello del Minem que diga que esa unidad minera es formal y lo ha producido correctamente”, sostuvo en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Añadió que para el caso de los mineros artesanales se deben tener normas recalibradas, adecuadas para esa productividad, darles un tiempo de adecuación “y luego aplicar la fuerza del Estado”.
Fortalecimiento de la UIF
Asimismo, Cuba afirmó que es necesario fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues la minería ilegal por miles de millones de dólares ha terminado desplazando a la corrupción y el narcotráfico, como la principal economía ilícita.
El socio de Macroconsult apuntó que, si bien es importante controlar los combustibles, explosivos y las plantas de beneficio, se debe enfatizar en robustecer la Fiscalía y el Poder Judicial para que puedan procesar a estos capos del oro ilegal.
“Entonces el precio al que se vende en el mundo informal caería rápidamente, hay que atacar al cerebro y no al brazo, hay que usar la experiencia en la lucha contra el narcotráfico, y no hay que cometer los mismos errores”, mencionó al IIMP.
El también exdirector del Banco Central de Reserva del Perú indicó que “es un tema de voluntad política” las acciones que se tomen para frenar el avance de este flagelo nacional.
“Hay que seguir la huella del dinero y llegar a través de la UIF, la mayoría de las empresas formales tendrían que poner esfuerzos para luchar con ese flagelo proponiendo medidas que mejoren la calidad de la legislación”, concluyó.