Para Nicolás Zevallos, criminólogo y ex viceministro del MININTER, el daño ocasionado por este flagelo va más allá de los daños ambientales, porque vulnera otros derechos fundamentales. Para combatirla, la trazabilidad es la clave, afirma.
El país, incluyendo la capital Lima, viene sufriendo niveles de sicariato y extorsión nunca vistos, ¿esto está relacionado al incremento de la minería ilegal?, ¿cómo así se relacionan?
La minería ilegal es un sector altamente lucrativo que atrae a diversas redes criminales. Su expansión ha intensificado la presencia de sicarios y extorsionadores, que se convierten en actores clave dentro de la disputa por el control territorial y de los recursos. Esta relación se observa en zonas mineras, donde los ataques armados y las amenazas a empresas formales han aumentado. Asimismo, los ingresos generados por la minería ilegal están facilitando el financiamiento de estructuras delictivas que diversifican sus actividades hacia el sicariato, la extorsión y el narcotráfico. El lavado de activos también juega un papel crucial en esta conexión, permitiendo que el dinero proveniente de la minería ilegal financie otras actividades ilícitas.
¿Qué relación tiene la minería ilegal con otras mafias? Además del deterioro del medio ambiente y el perjuicio a la recaudación tributaria, ¿qué derechos se vulneran?
La minería ilegal opera dentro de una constelación de delitos donde convergen distintos actores criminales. Su alta rentabilidad y sus necesidades la han llevado a vincularse con redes dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de combustibles y el lavado de activos. Además de los daños ambientales, se vulneran derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la libertad personal. Hay registro de zonas donde los líderes comunitarios y los defensores del medio ambiente son blanco de ataques sistemáticos.
¿La trazabilidad es un factor fundamental para combatir la minería ilegal?, ¿qué medidas se debería tomar para fortalecerla?
La trazabilidad es clave para el control de la minería ilegal, pues permite rastrear el origen de los minerales y alertar si los productos extraídos ilegalmente ingresan a los circuitos formales. Su eficacia depende de la implementación de mecanismos sólidos y de la fiscalización efectiva en toda la cadena de valor. Para fortalecer la trazabilidad, se deben mejorar los sistemas de certificación y digitalizar los procesos de control, asegurando que cada unidad de mineral cuente con un registro verificable desde su extracción hasta su comercialización.
Un aspecto crucial es la coordinación internacional, dado que el oro ilegal suele ser exportado y refinado en mercados globales sin mayores restricciones. En este sentido, se deben reforzar los acuerdos bilaterales y multilaterales para regular el comercio de metales y exigir estándares de procedencia más estrictos. También es fundamental endurecer las sanciones contra empresas que faciliten la comercialización de oro de procedencia dudosa.
¿Existe voluntad política en el Congreso o el Ejecutivo para tomar estas medidas?
El combate contra la minería ilegal requiere de una voluntad política clara y sostenida. La cercanía de intereses económicos asociados a la minería ilegal ha dificultado la implementación de medidas más estrictas. Por ejemplo, la permanencia del REINFO y la falta de mecanismos efectivos de fiscalización han permitido que actores ilegales continúen operando con cierta cobertura legal, enmascarados bajo la intención de apoyar la formalización. Además, la debilidad institucional y la corrupción han facilitado que ciertos sectores del Estado no prioricen el combate contra estas economías ilícitas. Las acciones que se toman no son suficientes si no cuentan con un respaldo político más amplio.
¿Cómo afecta la minería ilegal a la actividad minera formal?
La minería ilegal genera una competencia desleal al evadir regulaciones ambientales, laborales y fiscales, lo que reduce los costos de producción para estos. Además incrementa la inseguridad en las zonas mineras, ya que los grupos ilegales recurren a la violencia para controlar territorios, extorsionar empresas y robar mineral en operaciones formales. Asimismo, la minería ilegal deteriora la reputación del sector, afectando las inversiones y la imagen del país en el mercado internacional. Finalmente, también provoca daños ambientales severos, impactando ecosistemas vitales y generando pasivos ambientales que luego deben ser asumidos por el Estado o la minería formal.
Antes la minería ilegal estaba más asociada a la Amazonía. ¿Cuáles son las zonas donde se registra mayor avance o en las que a futuro podrían avanzar?
Si bien la Amazonía sigue siendo una de las principales áreas de expansión de la minería ilegal, su avance ha sido significativo en regiones como La Libertad, Ayacucho, Puno y Arequipa. En estos lugares, los mineros ilegales han encontrado terrenos propicios (de terceros en varios casos) y facilidades logísticas para desarrollar sus actividades.
El avance de la minería ilegal hacia zonas altoandinas y de difícil acceso sugiere que, en el futuro, el problema podría agravarse en regiones con menor presencia estatal y alto potencial aurífero. Además, las rutas de comercio ilícito están facilitando su expansión, permitiendo que el oro extraído de manera ilegal se movilice a mercados nacionales e internacionales con relativa facilidad.
Además de Poderosa, ¿hay otras empresas formales agobiadas por atentados de la minería ilegal?
Sí, además de Poderosa, otras empresas formales han sido víctimas de atentados y violencia por parte de mafias vinculadas a la minería ilegal. Empresas mineras en regiones como La Libertad, Puno y Arequipa han enfrentado ataques a sus instalaciones, secuestro de trabajadores y amenazas constantes.
¿Cómo incentivar a los pequeños mineros que sí quieren formalizarse?
Ahí es clave escuchar a los mineros que fueron informales y optaron por la formalidad. ¿Qué los detuvo antes? ¿Qué los animo ahora? Algunos testimonios dicen que los detienen las barreras burocráticas, o que se exponen a la fiscalización que no reciben los informales e ilegales. En esa línea, es fundamental reducir las barreras burocráticas. Además, es clave facilitar el acceso a financiamiento y mercados formales, permitiendo que los pequeños mineros puedan comercializar sus productos a precios justos sin depender de intermediarios ilegales. Por ello también es clave actuar firmemente contra los circuitos ilegales para reducir el incentivo que representan.