La minería ilegal continúa expandiéndose en nuestro país y, por ahora, no hay impedimento para que deje de hacerlo. Además, de afectar la industria minera formal en La Libertad, Puno, Apurímac y Cajamarca; aumentar los indicadores de inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, viene depredando nuestra flora y fauna.
Un estudio de la Universidad del Pacífico, al que accedió el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que esta economía ilegal opera hoy, de manera impune desde el 2015, en 18 áreas nacionales protegidas de 12 regiones del país.
Se trata del Parque Nacional Huascarán (Áncash), Parque Nacional Río Abiseo (La Libertad), Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios), Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes), Parque Nacional Tingo María (Huánuco), Santuario Nacional Pampa Hermosa (Madre Dios), Reserva Nacional Tambopata (Puno), Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto), Reserva Nacional San Fernando (Ayacucho) y Reserva Nacional de Tumbes.
La lista, del estudio denominado “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”, la complementan la Reserva Nacional de Junín, Reserva Nacional de Lachay (Lima), Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Lima), Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa), Reserva Comunal El Sira (Ucayali), Reserva Comunal Amarakaeri (Madre de Dios), Zona Reservada Santiago Comaina (Amazonas), y Parque Nacional Yaguas (Loreto).
Al respecto, Fernando Castillo, miembro del Comité Organizador de PERUMIN 37, comentó, que, en efecto, la minería ilegal opera en el país principalmente en áreas o zonas protegidas, donde no se puede realizar minería formal.
En diálogo con Canal ya, el experto sostuvo que hay que distinguir a los mineros artesanales de los ilegales, debido a que estos últimos no desean formalizarse y están vinculados a delitos conexos como el lavado de activos, sicariato, trata de personas y organización criminal.
Asimismo, destacó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) -que hoy el Parlamento se alista a extender hasta por dos años más -viene siendo usado como herramienta legal por los mineros ilegales para delinquir, debido al Decreto Legislativo N° 1351 que exime de responsabilidad penal con tan solo el hecho de aspirar a ser un minero formal.
“No se está midiendo la real magnitud de lo que de lo que ha significado como avance y posicionamiento de la minería ilegal en el Perú. Ya no estamos hablando de manera informal y del proceso formalización. A nivel del país y del Estado la discusión se está dando todavía en los procesos de formalización y el Congreso ha aprobado normas vinculadas a ir por el lado de la formalización, cuando está demostrado que ya no es el problema principal”, concluyó.