La vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se encuentra a menos de dos meses de su vencimiento. Sin embargo, en el Congreso de la República, asoman voces y proyectos de Ley que quieren extenderlo hasta el año 2026 o más, alegando la pérdida de empleos y la consecuente inseguridad ciudadana que se generaría.
Sin embargo, esto no es así. El Reinfo, creado como un mecanismo temporal, es hoy una patente de corso para que mineros ilegales puedan operar sin restricciones solo por estar inscritos, aunque no cumplan con los requerimientos para su formalización o se encuentren suspendidos, además de estar exonerados de ser investigados por este delito.
Las cifras no mienten: de los 84,473 inscritos en el Reinfo al mes de octubre 2024, 65,627 están suspendidos por no cumplir con los requisitos para seguir con el proceso de formalización. Además, el 92% no cuenta con una concesión minera y el 64% opera en concesiones de terceros sin autorización.
La minería ilegal genera casi el 40% de las emisiones globales de mercurio. En los últimos cinco años, ha deforestado más de 120 mil hectáreas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, de las cuales en nuestro país representó casi la mitad (48%), según señala el estudio “Análisis comparativo de la respuesta gubernamental a la minería ilegal e informal en América del Sur”, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Entre tanto, su poder e influencia continúan creciendo. El 44% de nuestras exportaciones de oro provienen de la minería ilegal, lo que la convierte en la primera economía ilícita del Perú, superando al narcotráfico.
Desde el Estado y la sociedad civil tenemos la responsabilidad de hacer frente a este desafío, de la mano con la formalidad, a una “ruleta rusa” que en cualquier momento disparará a quemarropa, pues su avance avasallador en complicidad con el crimen organizado ha puesto en grave peligro la vida de todos los peruanos y la seguridad nacional.
En este contexto, confiamos que el Parlamento Nacional no se convierta en cómplice de la minería ilegal y que en la actitud de los congresistas prime la sensatez y el interés nacional, más no responda a los intereses particulares que buscan la ampliación del Reinfo, que ha servido como un escudo de impunidad para la extracción ilegal de minerales en diferentes regiones del país.