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PCM: Treinta y seis comunidades de la Amazonía son amenazadas por la minería ilegal

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PCM: Treinta y seis comunidades de la Amazonía son amenazadas por la minería ilegal

En Loreto, el río Putumayo y el río Nanay han sido invadidos por mineros ilegales, lo que pone en riesgo el acceso al agua de más de medio millón de habitantes.

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Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), advirtió recientemente sobre la grave amenaza que enfrenta la Amazonía peruana debido a la minería ilegal. Durante una entrevista en el programa Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), García destacó que 36 comunidades nativas están siendo afectadas por esta actividad ilícita.

«Las comunidades vienen trabajando junto a la PCM para combatir la minería ilegal», señaló García. Sin embargo, la extensión y complejidad de este problema hace difícil determinar qué zonas son las más afectadas. «La minería ilegal está a lo largo y ancho de nuestro territorio», añadió, enfatizando que las regiones de Loreto y Amazonas son de las más golpeadas por esta problemática.

En Loreto, el río Putumayo y el río Nanay han sido invadidos por mineros ilegales, lo que pone en riesgo el acceso al agua de más de medio millón de habitantes. García también subrayó la crítica situación en la región Amazonas, especialmente en las zonas del Cenepa y el río Santiago, donde varias comunidades nativas, como los Aguajún y los Wampis, están sufriendo las consecuencias directas de la minería ilegal.

«Felizmente, las autoridades de estas comunidades nativas están muy interesadas y apoyan la lucha contra la minería ilegal», subrayó el alto funcionario en el programa del IIMP. No obstante, remarcó que la minería ilegal afecta no solo a las comunidades nativas, sino también a las campesinas, que ven sus concesiones forestales y modos de vida amenazados.

El alto comisionado hizo hincapié en la necesidad de ofrecer alternativas económicas para estas poblaciones, promoviendo una colaboración cercana entre el Gobierno y las comunidades afectadas. «Tenemos que trabajar de la mano, especialmente cuando se trata de ofrecer economías alternativas. Las comunidades campesinas y nativas tienen un papel clave en esta lucha», concluyó García.