Desde Adentro conversó con el embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sobre las políticas y la hoja de ruta que viene ejecutando este organismo internacional —integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— en la lucha contra la minería ilegal.
La minería ilegal afecta no sólo al Perú, sino también a otros países de la región. ¿Qué acciones viene ejecutando la Comunidad Andina ante este problema?
Desde el 2011, el tema de la minería ilegal y la afectación sobre las cuencas, medio ambiente y población está en la agenda de la CAN. El 10 de octubre del 2012, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) pone en vigencia la Decisión 774, mediante la cual los cuatro países miembros de la CAN adoptaron la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, cuyos objetivos principales son enfrentar de manera integral, cooperativa y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas, que atentan contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana. También el de optimizar el control y vigilancia de importación, exportación, transporte, procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de transacción, a nivel andino y con terceros países de minerales y sus productos provenientes de la minería ilegal; y de las maquinarias, equipos, insumos [entre ellos el mercurio] e hidrocarburos que puedan ser utilizados en la misma. Esta última medida andina se complementa con la suscripción de los países miembros al Convenio de Minamata sobre el mercurio.
¿Qué objetivos tiene la política andina de lucha contra la minería ilegal?
La política andina también se orienta a desarrollar acciones que contribuyan a la formalización minera, el fomento a la responsabilidad social y ambiental, promoción del uso de métodos y tecnologías eficientes; así como el desarrollo de una minería responsable con el desarrollo económico y la inclusión social de los habitantes de la CAN, en particular de aquellos, que viven en las zonas de desarrollo minero. Finalmente, a partir de la evolución del problema y su vínculo con el crimen organizado transnacional, los países andinos adoptaron la Decisión 922 (2024) y el Plan de Acción Resolutivo, que instruye al Comité Andino ad hoc de Minería Ilegal (CAMI) a planificar y llevar a cabo con las autoridades competentes, acciones conjuntas y coordinadas en contra de la minería ilegal, con énfasis en zonas de frontera, debido a su conexión con el financiamiento de los grupos delictivos organizados.
El 21 de enero del presente año se realizó una reunión extraordinaria entre el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores junto con los ministros a cargo de la Defensa y Seguridad Interna, ¿cuáles fueron los resultados de esta reunión?
En el marco de los mandatos establecidos, actualmente, el CAMI está en proceso de implementación, con acciones en niveles nacional, binacionales y subregional; así como el desarrollo de tejidos de cooperación, por la magnitud del fenómeno que demanda la intervención multiactor y multinivel. Entre los primeros resultados se puede apreciar procesos de intercambio de información, fortalecimiento horizontal de capacidades, caracterización de la problemática con data oficial y complementaria; así como un conjunto de medidas a nivel nacional y binacional.
Las fronteras son un tema crucial en este problema. ¿Cuáles son los principales puntos críticos que han detectado en las fronteras del Perú?
En el proceso de elaboración del estado de situación de la minería ilegal en la subregión Andina, se identificaron hot spots en las zonas de integración fronteriza con Bolivia, Ecuador y Colombia, en los mismos se desarrolla la actividad minera ilegal, con afectación a pueblos indígenas, con corredores de tránsito de insumos e incluso la presencia de organizaciones delincuenciales transnacionales.
¿Cuál es la reacción del Comité Andino contra la minería ilegal frente a los atentados a empresas mineras formales en el departamento de La Libertad por parte de mineros ilegales?
El CAMI, en el marco de sus mandatos, y como mecanismo de coordinación y cooperación, está preparando medidas subregionales para afianzar la lucha contra la minería ilegal. Además, como mecanismo de acción inmediata, en la prevención y control, ha establecido un Observatorio Andino de Mercurio y está en pleno proceso de priorización de medidas vinculadas con la seguridad, alimentado con criterios que incluyen lo que está sucediendo en La Libertad, bajo un enfoque más integral y estratégico.
¿Existe un nexo entre la minería ilegal y otras actividades ilícitas u organizaciones criminales, incluso internacionales?
Desde luego. En la caracterización que se está elaborando, se identifica claramente cómo existe un encadenamiento de las actividades ilegales en torno a la minería, con servicios y desarrollo de mercados ilegales, sistemas financieros, pero también con delitos como los ambientales, la trata y tráfico de personas, la explotación, la invasión de terrenos, la tala y deforestación ilegal, el contrabando de minerales e insumos, extorsión, tráfico de armas y explosivos. En gran medida estas actividades están siendo operadas por organizaciones criminales con dinámica transfronteriza, con alta vulnerabilidad de los derechos humanos.
Hasta hace unos años, la minería ilegal estaba más asociada a la Amazonía. ¿Cuáles son las zonas donde se registra mayor avance o en las que a futuro podrían avanzar?
Si bien la minería ilegal estaba asociada, casi con exclusividad, a la minería aurífera aluvional, particularmente en la cuenca amazónica, actualmente, es una realidad que la minería criminal ilegal se ha desplazado a territorios donde existe minería de veta/filoniana, concesiones de terceros, de gran minería, en zonas de exclusión, áreas protegidas y territorios indígenas.
¿Considera que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) blinda a los mineros ilegales?
Las iniciativas de formalización son importantes, tanto y cuanto permiten una trazabilidad de aquellos actores mineros que se encuentran en procesos de formalización y viabilizan la misma. Sin embargo, este mecanismo no debe ser trastocado por procesos que desvirtúen su sentido original.
¿Qué otras medidas o propuestas implementará la CAN para combatir la minería ilegal en el Perú y la región?
Se establecerá una hoja de ruta para la lucha contra la minería ilegal, con un fuerte énfasis en el desarrollo de estrategias para el combate a la criminalidad y la ejecución de operativos coordinados. Pero también se está proponiendo medidas para la promoción de una minería responsable y sostenible, que beneficie a las sociedades andinas y permita un desarrollo equilibrado entre lo económico-comercial y lo social-ambiental. Vemos como una ventana de oportunidad el actual escenario de diversificación tecnológica y energética que demanda una cantidad de minerales estratégicos que existen en nuestra subregión, lo que implicará la promoción del encadenamiento minero en procesos de industrialización subregional y su vínculo con instrumentos andinos, como la certificación de origen de productos industrializados en la subregión y su reflejo en la eliminación de aranceles, la promoción de mercados, entre otros. Por otro lado, estamos impulsando otras medidas como el Observatorio Andino de Mercurio o la Carta Ambiental Andina, que consideran acciones para promover una minería responsable. Considerando la dimensión del sector y la problemática que conlleva, cobra relevancia el desarrollo de alianzas de cooperación bajo una agenda andina priorizada donde concurran recursos, esfuerzos y objetivos compartidos entre todos los actores que estamos involucrados en el combate contra este flagelo y los delitos conexos.