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“Entusiasmaría a los empresarios del sector eléctrico la adopción de medidas para acelerar las obras”

Juan Miguel Cayo, vicepresidente y presidente del Comité Sectorial de Electricidad de la SNMPE, subraya la importancia de la simplificación administrativa y de la predictibilidad normativa para atraer inversiones y mejorar la competitividad del sector eléctrico en el Perú.

Juan Miguel Cayo

¿Qué medidas sería importante que mencione la presidenta Dina Boluarte en su discurso del 28 de julio para atraer mayor inversión privada en su sector?

Considero que sería importante que se anuncien medidas enfocadas en la simplificación administrativa para evitar el incumplimiento de plazos en el trámite de procedimientos por parte de las autoridades.

Actualmente, diversas entidades, cuyas funciones se encuentran vinculadas al sector eléctrico, como el MINEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Osinergmin, el Ministerio de Cultura, entre otros, suelen incumplir los plazos legales establecidos para el trámite de procedimientos y la emisión de opiniones intermedias, lo cual lleva a la adopción de decisiones finales largamente extemporáneas que obstaculizan o retrasan la ejecución de proyectos en el sector.

El incumplimiento excesivo de dichos plazos repercute directamente en la planificación que se tiene para cada uno de los proyectos que se busca poner en operación comercial y, por ende, para las inversiones. Hay que buscar que la ejecución de los proyectos en el sector se realice dentro de los plazos previstos y que no sean afectados por medidas burocráticas. Ello es contrario a la atracción de inversiones y justamente lo que hoy el país requiere es de más inversiones.

¿Qué medidas permitirían mejorar la competitividad del sector?

Para mejorar la competitividad es importante dotar de predictibilidad el entorno de las inversiones del sector. Un claro ejemplo pasa por definir, desde el Poder Ejecutivo, cómo se abordará la Consulta Previa en el sector eléctrico a la luz de la sentencia de la Corte Suprema, mediante la cual se eliminó la excepción de dicha consulta para los proyectos de infraestructura para la prestación de servicios públicos, dentro de los cuales está la prestación del servicio eléctrico. Cabe resaltar que la Consulta Previa está a cargo del Estado, pero el cómo se hará es un elemento relevante al momento de definir las ofertas que presentan los inversionistas en los procesos de licitación.

Es necesario tomar este tema como prioritario, pues a la fecha en el sector eléctrico no se cuenta con experiencias de este tipo, lo cual podría generar un impacto negativo en el desarrollo del Plan de Transmisión y Distribución, cuyo retraso es ya evidente. Las señales claras sobre este tema desde el Ejecutivo ayudarían a mejorar la competitividad.

Otra medida importante que podría anunciarse sería el compromiso desde el Ejecutivo para recuperar el desarrollo oportuno del Plan de Transmisión, el cual viene teniendo entrampamientos de índole burocrático por duplicidad de funciones y de etapas de los procesos, así como plazos excesivos en los procesos de promoción de la inversión privada. Ello viene generando un debilitamiento progresivo del sistema de transmisión que se traducirá tarde o temprano en aumento de costos al consumidor final y problemas de suministro o congestión en el sistema. Se requiere de medidas inmediatas y efectivas, como la revisión integral de la normativa sectorial y transversal, a fin de hacer más expeditivos los procesos de promoción de la inversión privada, lo cual bien se puede lograr en la ventana de oportunidad que tiene el Poder Ejecutivo para legislar en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República.

¿Qué anuncio particularmente entusiasmaría a los empresarios de su sector?

Creo que algo que entusiasmaría a los empresarios del sector eléctrico es la adopción de medidas normativas y administrativas ad hoc para acelerar las obras que se requieren para la atención de servicios básicos, como el sistema eléctrico. Un fast track en la “permisología” con el fin de reducir sustancialmente los plazos, simplificar la expedición de autorizaciones y hacerlos más flexibles a cambios que pueden suscitarse en la ejecución de proyectos. Ello se debe pensar, considerando que brindamos un servició público básico, lo cual creo que justificaría dichas medidas en beneficio de la población.

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