El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, manifestó que su cartera se ha fijado como meta entregar certificaciones ambientales a 32 proyectos mineros en un plazo máximo de un año. Así lo comentó durante una entrevista exclusiva con el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“El tiempo óptimo que estamos esperando es que se apruebe (los proyectos mineros) en ocho meses. Lo máximo que podemos extendernos es a un año, con lo cual el Perú ya debería estar a nivel competitivo, y a nivel de Chile que te aprueba proyectos en seis meses o Colombia que te aprueba en menos de un año”, explicó.
Incluso, el titular del Minam adelantó que aspiran a que en el mensaje a la Nación por 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte se anuncien todas las normas para la reducción de la tramitología. Es decir, también se tiene la expectativa que los 32 proyectos mineros, valorizados en US$ 18 mil millones, empiecen a obtener luz verde a partir de julio o agosto con este sinceramiento normativo.
“Sí, sería este año (las aprobaciones de proyectos mineros en ocho meses). La meta que nos hemos puesto como Ministerio del Ambiente es que en el anuncio de la señora presidenta del 28 de julio se expongan todas las normas para la reducción de la tramitología o sinceramiento de la tramitología y, a partir de ahí, todos los proyectos empiecen a aprobarse dentro de los plazos respectivos”.
Lo aprobado y lo que se viene
Tras ser consultado cuáles serían los proyectos en ser aprobados en julio o agosto, con el sinceramiento de las normas, si bien no dio detalles específicos, adelantó que se trata de iniciativas de Southern Copper, Minsur y Minerals and Metals Group.
“Ya hemos sacado recientemente un proyecto de la empresa minera Minsur por más de US$ 1,000 millones, hemos aprobado también el proyecto Tantahuatay y su modificación, también hemos aprobado la última modificación de Las Bambas y ahí tenemos otros proyectos en cartera que esperamos que para julio o agosto se estén aprobando. Como una nueva modificación del proyecto Las Bambas también, tenemos proyectos de la empresa Southern y de Minsur también y esperamos que estos proyectos, cambiado esto y los criterios de evaluación, sean más acotados para que cada evaluador no haga una filosofía, sino se ciña a los términos de referencia y podamos lograr que se vayan aprobando”.
Problema y solución
¿Cuál es el problema y qué está haciendo el Gobierno para contrarrestar la tramitología? “Los proyectos que llegan al Senace pasan por opinante. Pasan por la evaluación de la ANA, Senarp, Serfor, Ministerio de Cultura y gobiernos regionales. Este paso en el que se emiten opiniones es donde tenemos el problema de dilatación de plazos por criterios discrecionales, por falta de herramientas para la evaluación y por términos de referencia muy generales. Todo eso se suma y hace que un proyecto tenga 3 o 4 años en espera”, explicó el ministro.
Ante esta disyuntiva, la solución que planteó el Minam es el sinceramiento de la tramitología. Castro recordó que en el 2021 se aprobó una ley sobre el sistema de impacto ambiental y en la que ya establece los plazos que debe tomar el sector para aprobar o desaprobar un estudio ambiental.
“El plazo más largo que tenemos es de 120 días hábiles, es decir, 7 u 8 meses, ese es el plazo que pone la ley. Hoy en día estamos aprobando o desaprobando en 4 años, entonces hay que mirar qué ha pasado el tiempo. Lo que ha pasado es que se han creado pasos burocráticos, cuyos motivos son diversos, temores, desconocimiento, alta rotación de funcionarios, rotación de equipos técnicos, que ha hecho que esto se demore”, detalló.
Bajo esa premisa, manifestó que con la reciente publicación del Decreto Supremo el 004-2024 MINAM de este año, se establece que la admisibilidad debe hacerse en 5 días; la evaluación debe realizarse en simultáneo y no esperar a que un opinante tenga su informe para que recién comenzar otro a evaluar.
Asimismo, detalló que con la prepublicación de Resolución Ministerial N.° 126-2024-MINAM en abril de este año, se modificará la línea base, la modificación de los términos de referencia que cada sector debe mirar y actualizarlos y llevarlos al nivel de exigencia que tienen los opinantes.
“Eso es importante porque si tenemos términos muy generales, los estudios que se presentan son generales y cuando van a una evaluación, hay un alto análisis en la evaluación que hace que esa información no sea necesaria para la evaluación, entonces se observan y se devuelven. Los tiempos de referencia son allí claves para darles predictibilidad a los titulares del proyecto”, anotó.