Las cifras de la minería ilegal alarman. El oro exportado ilegalmente en el 2022 llegó a US$ 1,841 millones, según datos de la consultora Macroconsult, lo que representa el 18% del total de las exportaciones auríferas del país en ese año. Como referencia, dicha cifra fue mayor que el valor conjunto de todos los arándanos y espárragos exportados en ese periodo, cerca de US$1,700 millones.
Asimismo, el estudio, según cifras de V&C Analistas, en el 2022, el costo fiscal de la minería ilegal de oro —medido en términos de regalías e impuestos mineros— ascendió a S/ 1,562 millones. En consecuencia, se estima que la minería ilegal genera pérdidas a la economía nacional alrededor de S/ 23,000 millones al año, lo que constituye el 2.5% de PBI.
PRESENCIA EN EL PAÍS
El Ministerio del Ambiente (MINAM) señala que, en el 2015, la minería ilegal ya estaba presente en todas las regiones y ocupaba cerca de 25 millones de hectáreas a nivel nacional, equivalente a un quinto de todo el territorio peruano. El estudio identifica seis territorios clave con mayor riesgo de seguridad por minería ilegal.
“Además de las pérdidas económicas, la minería ilegal tiene un impacto sumamente negativo respecto de la seguridad. Por ejemplo, el porcentaje de víctimas de un delito con arma de fuego en Madre de Dios se ha quintuplicado en el periodo 2015-2021 (alcanzando 38.6%) y es más de tres veces el promedio nacional. Madre de Dios es también la región con mayor tasa de denuncias de delitos a la policía (33 denuncias por cada mil habitantes en el 2022), 35% más que en La Libertad, por ejemplo”, señala Gonzalo Manrique, economista senior del IPE.
También es importante recalcar que la actividad minera ilegal genera daños significativos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, según un estudio realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), entre el 2021 y el 2023, se deforestó casi 24 mil hectáreas de bosque en Madre de Dios, lo que equivale al tamaño del distrito de San Juan de Lurigancho (Lima).
Asimismo, según un documento del MINAM de 2017, en los últimos 20 años la minería ilegal contaminó con más 3 mil toneladas de mercurio los ríos amazónicos, dañando la biodiversidad y la salud de las comunidades, particularmente el desarrollo cognitivo de los niños.
UN REGISTRO QUE NO ES SUFICIENTE
De acuerdo con el IPE, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha demostrado ser insuficiente e, incluso, contraproducente para cumplir su objetivo. “Al cierre del 2023, existían más de 87 mil productores mineros informales registrados, de los cuales casi 70 mil (80%) se encuentran suspendidos por incumplir con los requisitos mínimos, entre ellos contar con RUC y
declarar su producción minera. Por ejemplo, en la provincia de Pataz (La Libertad), de los 3,438 registros en el Reinfo, el 75% (2,578) se encuentra suspendido”, agrega Manrique.
Sin embargo, pese a incumplir con los requisitos del registro, los productores mineros bajo esta situación continúan siendo considerados por las autoridades como “informales” y no “ilegales”, por lo que quedan impunes frente a acciones de fiscalización.
“Por lo tanto, es necesaria una reforma integral del Reinfo, que asegure una adecuada fiscalización de la minería informal y eliminar las continuas prórrogas para finalizar el proceso de formalización”, enfatiza el especialista del IPE.
Por otro lado, también se requiere incrementar el presupuesto para combatir la minería ilegal. El programa presupuestal “Reducción de la minería ilegal” alcanzó en el 2019 un presupuesto máximo de S/ 119 millones. Ello es equivalente al 0.81% del total del presupuesto para orden y seguridad nacional de ese año. Peor aún, tras caer en 32% durante el 2020, los recursos destinados a este rubro se han mantenido constantes y en 2024 representarán incluso un porcentaje menor que en el 2023 (0.49%).
Finalmente, la minería ilegal se extiende en gran parte de América Latina. Según un estudio de The Global Initiative Against International Organized Crime, del 2016, representaba el 28% del oro extraído en el Perú, el 30% de Bolivia, el 77% de Ecuador, el 80% de Colombia, y entre el 80% y el 90% en Venezuela.