A unas horas de terminar su mandato, Desde Adentro conversó con el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, para hacer un balance detallado sobre su gestión y lo avanzado. Aquí las preguntas que planteamos y sus respuestas.
¿Qué balance hace sobre su gestión en el MINEM?
El balance es positivo, tomando en cuenta la difícil situación que atraviesa el país. Uno de los objetivos fue asegurar el suministro de electricidad y combustibles para atender la emergencia y empezar a reanudar, de forma progresiva, las actividades productivas siendo la minería una de las industrias que estuvo en la primera línea de la reactivación. Han sido cerca de nueve meses de un trabajo intenso en el que el diálogo y coordinación con otros sectores del Gobierno, con las empresas, con las autoridades regionales y locales, y, especialmente, con la ciudadanía han sido fundamentales para asegurar la operatividad del sector, acompañar el desarrollo de nuevas inversiones, atender las preocupaciones y demandas de autoridades y poblaciones e ir, en paralelo, sumando esfuerzos para hacer frente a la pandemia con el valioso apoyo de las empresas minero-energéticas.
El balance es positivo, tomando en cuenta la difícil situación que atraviesa el país.
¿Qué logros consideraría como los más destacados en el sector minero?
Cuando empezamos, nos propusimos tres ejes de acción: asegurar el funcionamiento de las actividades mineras y de los proyectos en construcción; acompañar las actividades para lograr una mejora en los indicadores del sector; y promover nuevas inversiones en exploración minera.
Sobre lo primero, la mayoría de minas operaron con normalidad, sin conflictos que hayan ocasionado paralizaciones. Para ello, el trabajo de la Oficina General de Gestión Social, la PCM y demás sectores del Ejecutivo jugaron un rol fundamental, atendiendo oportunamente las preocupaciones y demandas de las comunidades de las zonas de influencia. Mina Justa inició su operación comercial en junio, tras haber culminado sus pruebas y haber obtenido las autorizaciones correspondientes. Se espera que alcance una capacidad de producción máxima de 181 mil toneladas finas de cobre al año. Además, durante la gestión, la ejecución del proyecto Quellaveco pasó de tener un avance de 53% (Noviembre de 2020) a 65% en junio pasado, teniendo las obras encaminadas para iniciar operaciones en junio del 2022. Será la primera operación totalmente digital de Anglo American en el mundo, que colocará al Perú a la vanguardia de la tecnología minera en América Latina. Quellaveco operará al 100% con energías renovables e implementará innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, los drones y el Internet de las Cosas. Para el acarreo del mineral se implementará una flota de camiones autónomos, tecnología que será utilizada por primera vez en la minería peruana. En cuanto al proyecto Ampliación Toromocho, se logró destrabar la ejecución de su segunda fase, con la que ampliará su capacidad de producción en casi 21% al 2022. Con Mina Justa, Quellaveco y Ampliación Toromocho en plena operación, hacia el 2023 el Perú alcanzará una producción nacional cercana a los tres millones de toneladas métricas finas de cobre al año, lo que generará más exportaciones e ingresos para el Estado y las regiones. De los siete proyectos en cartera cuyo inicio de ejecución está previsto para este año, dos iniciaron obras en el primer semestre: Ampliación Shouxin (Ica) y Expansión Pampacancha (Cusco), que suman una inversión comprometida de US$ 210 millones. Los otros proyectos por iniciar su construcción son Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), San Gabriel (Moquegua), Corani (Puno), Optimización Inmaculada (Ayacucho), y Chalcobamba Fase I (Apurímac).
En acompañar las actividades para lograr una mejora en los indicadores del sector, el sector minero consolidó su recuperación con resultados cercanos a los que registró antes de la pandemia e incluso superiores en algunos indicadores. Los ocho principales metales que exporta el Perú incrementaron su producción en los cinco primeros meses del 2021, frente al mismo periodo del 2020: el cobre obtuvo un crecimiento de 17.1%; el oro, de 3.7%; la plata, de 40.9%; el zinc, de 66.6%; el plomo, de 30.2%; el hierro, de 101.9%; el estaño, de 78.2%; y el molibdeno, de 13%. De igual forma, las exportaciones minero-metálicas crecieron en los cuatro primeros meses, alcanzando un total de US$ 11,173 millones, 48.8% más que el primer cuatrimestre del 2020 (US$ 7,510 millones). De acuerdo al BCRP, los envíos de cobre crecieron 66.7% en los primeros cuatro meses del año, frente al mismo periodo del 2020; los de oro, 17.7%; los de zinc, 26.5%; los de plata, 61.9%; los de plomo, 20.6%; y los de hierro, 151.2%. Es importante resaltar que en mayo se registró 223,458 trabajadores directos en minería, mostrando un incremento de 8% respecto al resultado del mismo mes del 2019 (206,759 trabajadores). A nivel de inversión minera, entre enero y mayo se acumuló un monto de US$ 1,686 millones, 8.3% más frente a lo reportado en el mismo periodo del 2020; mientras que los recursos generados por la actividad minera a las regiones (que incluye el canon minero, regalías mineras, y el derecho de vigencia y penalidad) sumaron hasta mayo más de S/ 1,781 millones.
Finalmente, en promover nuevas inversiones en exploración minera, entre noviembre del 2020 y julio de este año, se aprobó 22 instrumentos de gestión ambiental presentados al MINEM para el desarrollo de exploraciones, que representan una inversión mayor a los US$ 51 millones. De los 34 expedientes que ingresaron durante la gestión, se aprobaron 17; es decir, el 50%. También se dio luz verde a otros cinco instrumentos que estaban en trámite con anterioridad. Entre los expedientes en proceso de evaluación destaca Yumpag, en Pasco, por casi US$ 40 millones, y Michiquillay, en Cajamarca, con US$ 26.2 millones. Creemos que es indispensable seguir promoviendo las inversiones en exploración porque son el origen de los grandes proyectos mineros del futuro.
Creemos que es indispensable seguir promoviendo las inversiones en exploración porque son el origen de los grandes proyectos mineros del futuro.
¿Qué avances se lograron en el sector hidrocarburos?
En este sector se procuró la continuidad del servicio de gas natural en el sur del país; el fortalecimiento del FISE y masificación del gas natural; y la ampliación de la cobertura del Vale de Descuento GLP.
Cuando la empresa Naturgy manifestó que no contaba con la capacidad para sostener la operatividad de la concesión de gas natural para el sur, y, luego de que solicitara a Indecopi su disolución y liquidación, el MINEM declaró la caducidad de su contrato otorgando la concesión temporal a Petroperú, para asegurar el suministro de energía a más de 12 mil familias de Arequipa, Moquegua y Tacna. Petroperú viene atendiendo con normalidad la concesión y sus metas a corto plazo incluyen aumentar el número de usuarios a partir de programas de masificación como BonoGas Residencial, financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
En el fortalecimiento del FISE y masificación del gas natural, priorizamos un enfoque social buscando que más hogares cuenten con gas natural, energía más barata y menos contaminante con el medio ambiente, y que se amplíe el alcance del FISE para cerrar brechas energéticas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos importantes avances en ambos objetivos. Entre noviembre del 2020 y julio de este año, 136,949 familias accedieron al servicio de gas natural domiciliario gracias al financiamiento estatal a través del programa BonoGas Residencial del FISE. A la fecha, en todo el Perú, 1’353,093 mil familias cuentan con una instalación domiciliaria beneficiando a más de cinco millones de ciudadanos. Más de la mitad de esas conexiones (700,000) fueron posibles con BonoGas Residencial que tiene cobertura en Lima, Callao e Ica. Para este año establecimos la meta de que más de 150,000 usuarios adicionales accedan al servicio con el apoyo del FISE. En mayo lanzamos el programa de financiamiento integral para comedores populares y albergues que está permitiendo que las socias trabajadoras de estos locales tengan un ahorro mayor al 30% en el costo de la energía para cocinar alimentos. A la fecha, 30 de estos establecimientos ya son abastecidos en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Lurín y Comas.
Sobre la ampliación de la cobertura del Vale de Descuento GLP, hace unos días incrementamos el monto del vale hasta S/ 20, y ampliamos el beneficio a más hogares con un promedio de consumo eléctrico mensual de 42 kWh. Anteriormente, el umbral solo llegaba al consumo de 30 kWh. Calculamos unas 300 familias más que se verán beneficiadas. Previamente, a inicios de año, aumentamos el monto de S/ 16 a S/ 18 y modificamos el Reglamento de la Ley que crea el FISE para ampliar el número de beneficiarios, variando el criterio de vulnerabilidad energética como condición para acceder al programa. Hasta noviembre del 2020 se había emitido 77.4 millones de vales; hoy se ha llegado a los 84.5 millones, con un promedio mensual aproximado de 800 mil usuarios beneficiados en 1,835 distritos a nivel nacional. A fin de año esperamos llegar a un millón de hogares con el programa.
En hidrocarburos se procuró la continuidad del servicio de gas natural en el sur del país; el fortalecimiento del FISE y la masificación del gas natural; y la ampliación de la cobertura del Vale de Descuento GLP.
¿Y en electricidad, qué avances se lograron?
En este sector conseguimos una mayor cobertura eléctrica en zonas rurales y hogares de escasos recursos; más inversiones en transmisión eléctrica; e impulsamos las energías renovables.
En el ámbito de la electrificación rural impulsamos proyectos para mejorar la calidad de vida de las familias y generar oportunidades de desarrollo. Entre noviembre del 2020 y junio pasado se concluyeron 10 obras en ocho regiones (Amazonas, Cajamarca, Cusco Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios y Puno) por S/ 175.5 millones en beneficio de 115 mil ciudadanos. Entre las obras más importantes destaca la electrificación integral de siete provincias de Cajamarca (Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaén, San Miguel, Santa Cruz y Cajamarca), con una inversión que supera los S/ 122 millones, en beneficio de 82,879 ciudadanos. Hoy 17 obras de electrificación rural se encuentran en ejecución (S/ 131.5 millones de inversión) para llevar el servicio a más de 38 mil ciudadanos de ocho regiones (Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Loreto, Puno y San Martín). Doce proyectos de este grupo culminarán este año. Hemos realizado 18 convocatorias públicas para nuevos proyectos (S/ 311 millones de inversión) en beneficio de más de 85 mil habitantes de 12 regiones (Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y San Martin). Además, impulsamos la construcción de proyectos en zonas aisladas y la implementación de centrales y paneles solares en las localidades de la selva y sierra que no se encuentran conectadas a la red eléctrica nacional. Tenemos 9 proyectos con sistemas fotovoltaicos en Loreto, Ucayali y Amazonas. Dos de ellos se encuentran en proceso de licitación, y los otros 7 serán licitados entre agosto y setiembre de este año. La población beneficiada supera las 52,000 personas, con una inversión de S/ 270 millones. Asimismo, dejamos encaminado el Segundo Programa Masivo con Sistemas Fotovoltaicos, identificamos las áreas no conectadas a red eléctrica donde se localizan 107 mil viviendas rurales (en las 24 regiones) que no cuentan con servicio y que, por su localización, son potencialmente susceptibles de ser electrificadas con paneles solares. Con el objetivo de brindar el acceso básico a la electricidad en las zonas del interior del país, con apoyo del FISE, creamos en mayo el programa «Electricidad al toque», que permitirá cubrir los costos de las instalaciones eléctricas para 50,000 familias en situación de vulnerabilidad, con una inversión de S/ 20 millones. Entre mayo y julio logramos una cobertura en 87 provincias de 22 regiones. A la fecha, se tiene un avance del 24% de expedientes procesados.
Sobre las inversiones en transmisión eléctrica, se viene avanzando en la ejecución de tres proyectos con un nivel de tensión en 500 kV y de otros tres en 220 kV, que representan una ampliación de 1,185 km de líneas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), con US$ 374.85 millones de inversión estimada. A través de ProInversión se ha otorgado la buena pro de 4 proyectos de transmisión que mejorarán la confiabilidad del sistema eléctrico en Ica, Madre de Dios y Piura a través de la construcción de 3 subestaciones y la implementación de una línea de transmisión por una inversión total de US$ 47.24 millones. Dejamos suscritos los convenios marco con las empresas eléctricas para la ejecución de 24 proyectos de infraestructura en transmisión en 10 regiones con una inversión de US$ 81.7 millones y el apoyo de la banca multilateral. Y con el objetivo de integrar la selva oriental a la red eléctrica nacional y suministrar energía continua para la ciudad de Iquitos y las zonas de influencia, en junio realizamos la convocatoria pública para la contratación del Estudio de perfil e Ingeniería básica de la Línea de Transmisión 200 KV Moyobamba – Yurimaguas – Lagunas – Nauta – Iquitos. Con una inversión aproximada de US$ 500 millones, se espera que inicie obras a fines del 2022. El proyecto beneficiará a más de 700,000 ciudadanos de 300 localidades. Las obras de transmisión son fundamentales porque transportan la energía eléctrica a grandes distancias, siendo el eslabón de unión entre las centrales generadoras de energías y las redes de distribución que lleva a los ciudadanos de diversas partes del país un servicio eléctrico continuo y confiable.
Finalmente, en el impulso a las energías renovables, a nivel de generación, hemos promovido el desarrollo y la ejecución de proyectos de energías renovables no convencionales (RER-NC) para aumentar progresivamente su participación en la matriz eléctrica nacional -que a mayo representa el 5.2%-, facilitando la transición energética en el país. En mayo pasado entraron en operación comercial las centrales eólicas Huambos y Duna, en Cajamarca, sumando 36.7 MW de potencia instalada al SEIN, con una inversión aproximada de US$ 64.2 millones. Durante la gestión se otorgó cuatro concesiones definitivas de generación RER (US$ 601.4 millones de inversión y 526 MW adicionales). Se trata de la hidroeléctrica Moquegua 3, la central fotovoltaica Clemesí (Moquegua) y los parques eólicos Punta Lomitas y San Juan (en Ica). Al 30 de junio, se cuenta con 15 proyectos de generación RER con concesión definitiva (US$ 1,319 millones de inversión y una potencia instalada de 1,208 MW) que entrarían en operación comercial en los próximos años.
En electricidad conseguimos una mayor cobertura eléctrica en zonas rurales y hogares de escasos recursos, más inversiones en transmisión eléctrica e impulsamos las energías renovables.
¿Qué tan cerca estamos en cuanto a desarrollar un modelo para superar la conflictividad social/ambiental que rodea a algunos proyectos de inversión?
Es necesario tener claro que los conflictos surgen en todas las sociedades con sus respectivas particularidades. En el Perú, vemos un importante número de estos casos contra la actividad minera e hidrocarburífera que tienen su origen en las brechas existentes, en la falta de una atención oportuna de las demandas de los ciudadanos lo que da paso a la desconfianza, al malestar y rechazo, entre otros factores. Por ello, durante la gestión fue fundamental promover, en paralelo al desarrollo de proyectos y operaciones, una planificación para el desarrollo integral de los territorios mineros, priorizando el cierre de brechas a través de la dotación de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, centros de salud y escuelas óptimas) y la construcción de infraestructura productiva (obras de riego, carreteras y conexión a internet). Ese planteamiento que aplicamos en las regiones con actividad minero-energética aborda, grosso modo, los retos que debemos afrontar para impulsar inversiones, construyendo un clima social favorable a las mismas. Las últimas gestiones del MINEM optaron, ante esto, por implementar un enfoque preventivo para la gestión de los conflictos con una presencia permanente en las zonas minero-energéticas para buscar resolver de forma temprana las preocupaciones de los ciudadanos e ir trabajando, en paralelo, acuerdos que aseguren el desarrollo integral de sus localidades. Este enfoque nos ha permitido abordar y controlar la compleja situación que encontramos en zonas estratégicas para la minería, como las provincias de Cusco y Apurímac por donde pasa el Corredor Minero del Sur, así como en localidades petroleras, principalmente de Loreto. A ello, se sumó el desafío de mantener el diálogo y la coordinación cumpliendo las medidas sanitarias y restricciones para prevenir casos de COVID-19, que superamos adaptando herramientas digitales a los espacios existentes.
La Comisión de Desarrollo Minero Sostenible terminó sus funciones en febrero del 2020. ¿Cuáles de sus propuestas se pusieron en marcha? ¿Qué pasará con las que no?
Las conclusiones de la comisión son un valioso insumo que hemos revisado y que servirán para la nueva gestión. Por lo pronto, en base a una de sus principales recomendaciones hemos dado continuidad a RIMAY, buscando avanzar en el camino trazado por la Visión de la Minería al 2030 y, también hemos dado los primeros pasos para formular una política de Estado del sector minero. Otra de las recomendaciones puestas en marcha es la construcción de una Política Nacional para la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE), proceso que tiene el propósito de desarrollar una visión a corto, mediano y largo plazo con un enfoque multisectorial para diagnosticar la problemática de esas actividades y, en base a ello, plantear soluciones integrales para insertar a más trabajadores a la formalidad, entre otros. El MINEM, a través de la Dirección General de Formalización Minera, viene liderando este proceso de formulación para el que se ha convocado a todos los actores involucrados (asociaciones de mineros, empresas, especialistas, etc.) en el desarrollo sostenible de la MAPE, así como a la cooperación internacional. Tras haber logrado que el Ceplan aprobara la pertinencia de la política nacional para la MAPE, en marzo se formalizó el inicio del proceso de elaboración del marco normativo y se conformó un grupo de trabajo multisectorial liderado por el MINEM y con la participación de otros cinco ministerios, que ha aprobado el plan de trabajo y el diseño de la política nacional.
En el Perú, vemos un importante número de casos contra la actividad minera e hidrocarburífera que tienen su origen en las brechas existentes y en la falta de una atención oportuna de las demandas de los ciudadanos.
¿La Comisión Multisectorial de Reforma del Sector Eléctrico Nacional concluyó con su tarea? ¿Qué recomendaciones hizo para asegurar la sostenibilidad de esta industria?
El contexto actual de pandemia nos ha mostrado la importancia de contar con un sistema eléctrico seguro, confiable y eficiente, pues permite a la ciudadanía realizar sus actividades esenciales, reactivar la economía, garantizar el acceso a la educación virtual, el trabajo remoto y la operatividad del sistema de salud de manera ininterrumpida. Ha culminado la primera etapa del trabajo de la Comisión, en la que se sentaron las bases para la elaboración del Libro Blanco. Este es el primer paso para contar un nuevo marco normativo que permita el ingreso de las redes inteligentes, la generación distribuida, la electromovilidad, entre otras tecnologías que forman parte de la transición energética hacia un modelo que garantice la sostenibilidad del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Este documento ha definido los cuatro ejes temáticos sobre los cuales se basará la modernización del sector: el fortalecimiento del marco institucional, la transformación del mercado mayorista, la innovación en distribución y comercialización, y la mejora de la regulación y gestión de la transmisión.
¿Qué medidas está considerando su cartera para revertir la crisis que afronta el sector de hidrocarburos?
Para afrontar este escenario, desde el MINEM se viene trabajando en un marco normativo que permita promover las inversiones en el sector, contar con un abastecimiento energético competitivo y lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos, en cumplimiento de los objetivos de Política Energética Nacional.
Con el ingreso de Petroperú en los lotes 192 y 64, en la Amazonía, se busca que el Perú sea un importante productor petrolero a mediano plazo, a través de la participación de petrolera estatal y sus socios inversionistas. Actualmente, el Lote 192 está en etapa de consulta previa con perspectivas positivas (se firmó un acuerdo con las comunidades de Pastaza), en tanto que en el Lote 64 el 100% de la concesión ha revertido al Estado.
En inversión para el cierre de brechas, adoptamos un nueva enfoque en la política social, buscando que las inversiones vayan de la mano con el cierre de brechas sociales en las comunidades y pueblos. En el último trimestre del 2020 implementamos el Plan de Cierre de Brechas para el Corredor Petrolero, con compromisos de inversión por más de S/ 6 mil millones hasta el 2025. En el primer tramo se han realizado 115 intervenciones en agua y saneamiento, infraestructura básica, carreteras, proyectos productivos y empleo temporal. En 2021, el MINEM ha comprometido S/ 115 millones de su presupuesto para avanzar con las obras. El plan tiene como meta final atender a más de 1,000 localidades y a más de 700 comunidades nativas de la región Loreto.
Se destinaron recursos para la remediación ambiental, lo que se complementa con el compromiso del MINEM para impulsar la rehabilitación de sitios impactados por actividades históricas de hidrocarburos. Desde 2015, el MINEM ha transferido cerca de S/ 400 millones al Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, lo que asegura recursos para elaborar los estudios y ejecutar la rehabilitación de zonas impactadas. A la fecha, se han aprobado cuatro Planes de Rehabilitación (PR): PR 115, en febrero de 2021; 109, en junio de 2021; y, en julio los PR 108 y 110. A la fecha, tenemos 26 PR en proceso de aprobación. En total, estos 30 PR comprenden 32 sitios impactados priorizados en 10 comunidades nativas.
Para conseguir una mayor competitividad, contamos con la propuesta normativa del Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos Petroleros, presentada por Perupetro, que plantea una nueva metodología para el cálculo de regalías y retribuciones recogiendo oportunamente las fluctuaciones de los precios de hidrocarburos, el cual resulta competitivo incluso en escenarios de precios bajos. En marzo del 2021, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto del reglamento para su evaluación y emisión de comentarios a fin de realizar la prepublicación.
Sobre el impulso a la masificación del gas a través del FISE, se ha logrado que el gas natural hoy sea usado por más de 700 mil hogares, expandiendo su campo de acción a 10 regiones, con nuevas concesiones otorgadas adicionalmente a Piura y Tumbes, y la posibilidad de crear mayor demanda en el centro y sur peruano, donde la población demanda el recurso. El Programa BonoGas Residencial, del FISE, que opera en Lima, Callao e Ica, y que da financiamiento para que las familias tengan gas natural hasta en tres puntos de su domicilio, comenzó su expansión a La Libertad y Áncash, y pronto llegará a otras regiones del norte y sur. También financia las conexiones en hospitales, albergues, comedores populares, y brinda financiamiento a las Mypes, para que puedan conseguir energía a menor costo. Finalmente, en el transporte, impulsamos la conversión a GNV no solo en vehículos ligeros sino también en buses y camiones, complementando este propósito con el convenio suscrito con el Consorcio Camisea para impulsar la industria y comercialización del Gas Natural Vehicular Licuefactado (GNV-L), que es una alternativa más beneficiosa que el diésel por su menor precio y bajo impacto ambiental.
El Gobierno de Transición y Emergencia será recordado por haber afrontado la dirección del país en uno de los momentos más difíciles de su historia.
¿Con qué logro/meta cumplida quisiera que se recuerde su gestión a cargo del MINEM?
El Gobierno de Transición y Emergencia será recordado por haber afrontado la dirección del país en uno de los momentos más difíciles de su historia. Desde el sector Energía y Minas, se logró asegurar la operatividad del sector minero-energético, que es clave para la atención de la emergencia nacional y la recuperación económica. Nuestro enfoque preventivo para la gestión social nos permitió asegurar que zonas estratégicas, como el denominado Corredor Minero del Sur, se mantenga despejado, especialmente entre las regiones de Cusco y Apurímac, donde se mantiene un diálogo y negociaciones tripartitas con las empresas y sociedad civil. De igual forma se ha trabajado en Ayacucho, en Moquegua y en Puno, por mencionar algunos ejemplos. Este trabajo ha permitido, entre otros, que veamos los resultados que he señalado: inversiones y proyectos reactivados, destrabados y con montos comprometidos; producción metálica y exportaciones mineras en sostenida recuperación; empleo directo en minería con indicadores mayores a los prepandemia; proyectos que iniciaron obras (Ampliación Shouxin y Expansión Pampacancha), culminados, como Mina Justa, y con un importante avance, como Quellaveco; fomento a las exploraciones; un mayor y mejor uso de los recursos y programas del FISE; un impulso a las fuentes renovables y a la modernización del sistema eléctrico.