El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hizo un repaso de los hechos más destacados del 2023 con Desde Adentro, además de analizar los retos que deparan al sector minero energético al 2024.
¿Cuáles considera que han sido los mayores retos enfrentados por el sector minero energético en 2023 y cómo se han abordado?
Hay que colocarlo en el contexto cronológico. El inicio del año estuvo marcado por lo que pasó en diciembre del 2022, con el intento de golpe de Estado. Luego, en el primer trimestre, hubo mucha violencia en el sur del Perú. Como todos recordarán, en ese primer trimestre fallecieron lamentablemente más de 50 personas en revueltas e impactó a operaciones como Minsur, en Puno; Antapaccay, en Cusco; y Las Bambas, en Apurímac. También hubo intentos de tomar acceso al sistema de bombeo en Las Malvinas, de Pluspetrol; así como varios intentos de tomar subestaciones eléctricas. Fue un primer trimestre bastante complicado desde ese punto de vista.
También tuvimos el efecto del ciclón Yaku, que impactó a la zona norte del Perú: Tumbes, Lambayeque, parte de Piura, y parte de Áncash. Y a lo largo del año, ya avanzando hacia julio y agosto, vimos que Quellaveco entró a capacidad plena de producción, esa fue una buena noticia. Pero también en ese periodo empezamos a discutir con el Gobierno Central este intento de entregar los pozos petroleros de Talara a Petroperú, algo que consideramos que es inconstitucional y que ha violado los conceptos con los cuales se hicieron las privatizaciones, pero, aun así, lo han llevado a cabo. Eso es algo muy negativo.
En agosto, hubo los primeros indicios de que había actividad criminal en la zona de minera Poderosa. Y esto, como hemos visto, al inicio de diciembre se ha confirmado de la peor manera, con nueve fallecidos. También hemos trabajado en positivo, desde el segundo semestre del año, con el Ministerio de Defensa, con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y con Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Como sector minero energético, estamos trabajando en actividades de mitigación del Fenómeno El Niño. Eso ha sido un poco, de manera apretada, lo que ha sido el 2023.
¿Cómo ha afectado la regulación y la política gubernamental al desarrollo de la industria este año?
En septiembre, en PERUMIN, se anunció el reconocimiento del propio Estado de que teníamos una sobrerregulación. Esto ha decantado en una suerte de Ventanilla Única Digital, que es una plataforma que va a tratar de tener interoperatividad, pero que no resuelve el tema de fondo. Los procesos ambientales recorren demasiadas agencias gubernamentales y lo que deberíamos lograr es, de manera previa, que estas agencias que tienen una opinión deben tener una suerte de reunión previa para que los términos de referencia reflejen cuáles son sus expectativas, y no lo que está pasando hoy en día, que el documento se discute solo con Senace, y luego de un año, o año y medio, se presenta el documento, Senace lo recibe y lo comparte con otras instituciones opinantes. Y ahí empezamos las largas preguntas, las largas discusiones. Tenemos que lograr que los términos de referencia sean previamente coordinados con todos aquellos que tengan opinión. Esperamos también que esas autoridades, esos funcionarios, sean permanentes en el tiempo. Y lo tercero que quisiéramos todos fuera que, más que una Ventanilla Única Digital, logremos tener una mesa única en la que estén representados los diferentes opinantes.
¿Respecto al sector hidrocarburos, cuál es la crítica acerca de la gestión del Gobierno?
Sobre los hidrocarburos tenemos un punto de vista muy, pero muy distinto. El Estado no quiere reconocer que en el Gobierno de Ollanta Humala cometió un error garrafal. Se habló de modernizar la refinería de Talara. Era una inversión de menos de US$ 1,000 millones y por falta de gobierno corporativo han ido cambiando los términos de referencia de esa inversión, y ha terminado en US$ 7,000 millones, lo que ha puesto a la compañía en una situación financiera precaria. Y al no querer reconocer que ahí está el problema de fondo, estamos viendo soluciones parciales. La entrega de pozos petroleros sin el compromiso de exploración, son simplemente soluciones temporales, coyunturales, para querer ayudar a Petroperú financieramente, pero sin atacar el problema de fondo. Es decir, si no resolvemos el tema de gobernanza con un sistema de toma de decisiones, y con personas que conozcan y que respondan a esa decisión, y no se guíen por razones políticas de coyuntura; en la siguiente decisión pronto se van a volver a equivocar. Y eso nos cuesta a todos, a todos los peruanos.
¿Y respecto del sector minero?
En minería tenemos más coincidencias que diferencias. Quisiéramos en el tema de minería informal y minería ilegal una actitud mucho más decidida. El tema del REINFO requiere un liderazgo completo. Se ha hablado de que va a haber un comisionado, que en este caso sí, va a responder a la Presidencia del Consejo de Ministros, como quisiéramos que fueran los permisos.
Tenemos desafíos comunes con un Estado que tiene de cal y tiene de arena. Tenemos todos que reconocer que después de marzo de este año se ha estabilizado el país, y esa tranquilidad es clave si queremos desarrollar cualquier actividad económica de manera ordenada o de acuerdo con los planes.
Ahora, ¿qué logros y desafíos pendientes destacaría?
En el sector minero es importante lo de Quellaveco, es importante la inversión que ya empezó en San Gabriel, un proyecto de tamaño medio. Es importante también los permisos ambientales que se han obtenido en varias iniciativas de inversión. Creo que lo principal es justamente darle celeridad y predictibilidad, que se cumplan los plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINEM. Ese es un desafío.
En hidrocarburos, logros hay muy pocos. El beneficio, entre comillas, es que la Refinería Talara empezó a operar. Desde mi punto de vista, falta transparencia, y debería haber transparencia porque es una inversión que nos ha costado a todos. Por ejemplo, saber cuál es la capacidad de esa planta y en qué condiciones ya está operativamente, desde el tema ambiental, operativo, de seguridad de las personas y de los operadores.
En el tema de electricidad, tenemos todavía un desafío. Con respecto a esta norma que subsidia energía por debajo de los 140 kW, es una pauta difícil de monitorear y el riesgo ahí es que las distribuidoras, muchas de ellas en manos del Estado, sean permanentemente deficitarias. Ahí también se requiere un debate profundo y resolver ese tema porque lo peor que puedo tener yo es una empresa del Estado que es deficitaria, porque al final del día esos subsidios los pagamos todos. Y finalmente lo que queremos es que sea solvente.
¿Cómo ha sido la colaboración entre los distintos sectores para abordar desafíos comunes y promover el desarrollo conjunto? ¿Existen nuevas alianzas estratégicas que hayan surgido durante este año?
Creo que hemos tenido dos casos notables. Como sector privado en la pandemia hemos contribuido con dotación de oxígeno en el momento más crítico y después hemos contribuido con la logística de vacunación. Esa experiencia la hemos aplicado [para paliar los efectos del ciclón] Yaku, la estamos aplicando en el Fenómeno El Niño, y también la hemos aplicado en el tema de Poderosa. Hemos salido conjuntamente con otros sectores económicos representados por Confiep, por la Sociedad Nacional de Industrias, por ComexPerú, que agrupa a todos los exportadores. Lo mismo hicimos con el tema de hidrocarburos. Cuando finalmente tomamos conocimiento que la decisión del Gobierno era entregar los lotes [de Talara a la petrolera estatal], también salimos de manera conjunta a expresar nuestra opinión al respecto.
En términos de impacto en las comunidades locales, ¿cómo ha contribuido el sector al desarrollo de estas durante el 2023?
Primero, cada vez hay más participación del sector privado en obras por impuestos (OxI). Eso es importante. Pero, por otro lado, hay ya un reconocimiento, por lo menos de todo el sector, de la importancia de hablar de inversiones no solamente en términos financieros, productivos, de aporte de divisas o de Impuesto a la Renta, sino también de ser conscientes de que necesitamos, en el plan de desarrollo del negocio, incluir el entorno donde operamos. El concepto del desarrollo territorial es una mirada más profunda, más local, de cómo los proyectos se insertan en el territorio, qué aportan y cómo catalizan el desarrollo económico y social de ese entorno.
¿Cuáles serían los principales retos que deberá enfrentar la institución (SNMPE) el 2024?
Todos somos conscientes de que nuestro sistema político es todavía inmaduro, no logra estabilidad plena, y eso afecta. Tenemos un Congreso demasiado fraccionado. He perdido la cuenta de cuántos diferentes grupos políticos existen, pero son más de diez, y claramente el Gobierno Central no tiene un partido político per se que lo respalde. Entonces, tenemos que reconocer que esa relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es precaria. Por otro lado, lo vemos a diario, hay una crisis en el sistema de justicia en el Perú. Entre diferentes autoridades, desde mi punto de vista equivalentes, hay una disputa y una discusión en medios que simplemente revela inmadurez. Entonces, en ese contexto de una institucionalidad precaria, tenemos un sistema macroeconómico todavía robusto, pero esa robustez, si seguimos teniendo este ruido en estas instituciones claves, la podemos perder.
En ese contexto tenemos que operar, tomar decisiones de inversión, porque los tres negocios, el minero, el de hidrocarburos y el de energía, son negocios de largo plazo. No creemos que esa precariedad institucional cambie de manera radical, y esperamos que logremos impulsar una reforma electoral que nos permita que el sistema político en el Perú madure, y esperamos también que ese sistema político electoral nos lleve a que sean partidos con presencia en todas las regiones. En las regiones donde operamos tenemos caudillos regionales, y además con un sistema precario, porque han sido diseñados para que no haya reelección, entonces, no hay carrera política. Es duro decirlo, pero llegan por única y última vez. Su lógica no es de largo plazo, sino de corto plazo. Entonces, eso no es lo que requerimos como país. En ese entorno vamos a operar el 2024.