La informalidad en la comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un problema real. Un informe de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) hace dos años daba cuenta de que representaba el 40% del mercado, pero hoy ha superado esa cifra.
Gonzalo Zúñiga, gerente general de Solgas, es consciente de ello. Con más del 80% de hogares peruanos consumiendo GLP para diversas actividades, la informalidad puede afectar a esas familias, así como a quienes viven cerca de los centros ilegales de envasado de balones de GLP. Según Zúñiga, en el envasado se estima que “más del 50% de cilindros que llega al consumidor final tiene algún nivel de informalidad”.
El ejecutivo de Solgas también destaca que las prácticas ilegales en torno al GLP se dan a nivel sectorial, tributario, laboral y municipal. Y esto es porque, principalmente, la informalidad en la comercialización de este insumo “nace a partir de actividades presuntamente formales”.
Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la cadena de comercialización del GLP consta de plantas de abastecimiento que venden GLP a las envasadoras, a las distribuidoras a granel y a los gasocentros. “Hasta ahí, estas ventas cumplen con toda la normativa sectorial y tributaria. Pero, también, a partir de ellas, empiezan distintas actividades informales”, revela.
Como menciona Zúñiga, hasta el momento, se ha logrado identificar informalidad en plantas envasadoras, distribuidores de cilindros y locales de venta al público.