Con un presupuesto anual de S/ 5 millones y presencia en 46 sedes a nivel nacional, el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) busca convertirse en un actor clave en la promoción del crecimiento económico y de la competitividad, a través de los distintos servicios tecnológicos que ofrece a los diversos sectores de la industria nacional.
“A diferencia de otras intervenciones del Estado más centralizadas, sus intervenciones se focalizan, principalmente, en el trabajo con los productores y las micro y pequeñas empresas en los lugares donde operamos”, señaló Sergio Rodríguez, director ejecutivo del ITP, quien participó en la última reunión del Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), donde se expusieron proyectos de integración productiva y emprendimiento.
Integración productiva
El trabajo del ITP tiene un enfoque en el desarrollo de cadenas de valor, la cual se refiere al conjunto de actividades que se requiere para llevar un producto o servicio desde su concepción, producción y la entrega final. “La visión de la industrialización ha cambiado. Los países que están pensando en su desarrollo, no solo piensan en el producto con valor agregado en su versión final, sino que están reflexionando sobre cómo la cadena de valor en su conjunto empieza a desarrollarse. Entonces, tenemos evidencia de que las cadenas en su conjunto son sumamente relevantes”, añadió el ejecutivo.
De esa manera, el ITP ha trabajado proyectos como “Sierra Liberteña”, junto con Minera Poderosa. Su objetivo es insertar en la cadena agroexportadora a pequeños y medianos productores de La Libertad a través de tecnologías que aporten soluciones y faciliten su desarrollo. Además, junto con Anglo American han desarrollado el proyecto “Módulo de deshidratado de algas marinas”, con el que han revolucionado el cultivo de las macroalgas para hacerla una actividad sostenible y rentable en Ilo, Moquegua. Por otro lado, desarrollan el proyecto “Innovación Pesquera en el distrito de Puinahua”, junto con PetroTal, para la implementación de tecnologías sostenibles que han beneficiado a las familias que se dedican y vinculan a la pesca como actividad en Puinahua, Loreto.
La colaboración activa entre el sector público y privado es un componente esencial en dicha estrategia. El ITP reconoce que el desarrollo territorial sostenible no puede ser logrado únicamente a través de la inversión pública, sino que requiere de la participación de las empresas privadas y de otras instituciones. “Debemos apostar por esta colaboración e integración porque el desarrollo territorial no va a llegar solo de las empresas, o del Estado, o de las propias unidades productivas. Necesitamos una visión integral”, aseveró Rodríguez.
Agroideas y el fortalecimiento de la gestión empresarial
Uno de los planes públicos que busca el desarrollo del territorio desde hace 11 años es el Programa de Compensaciones para la Competitividad “Agroideas”, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que trabaja en beneficio de los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar del país.
El programa ha venido fomentando la asociatividad, el fortalecimiento de la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agrarias ambientalmente sostenibles. Para ello, cuentan con algunos incentivos.
El primero es el incentivo de la asociatividad. “Asociarse es el primer paso camino a las mejoras en la producción agropecuaria”, indicó Jorge Amaya, director ejecutivo de Agroideas. Así, a través del programa, reembolsan parte de los gastos de formalización de las organizaciones agrarias, creando asociatividad entre ellas. Y es que, según el ejecutivo, solo así los productores podrán organizarse para lograr financiamientos para el bien común.
Agroideas también incentiva la formulación de planes de negocio, para que productores y asociados tengan acceso a tecnología; la gestión empresarial, para mejorar las capacidades de gestión y sostenibilidad de los negocios; y el fortalecimiento de las formas asociativas, para acceder al confinamiento de servicios especializados para fortalecer las cadenas de valor de la agricultura familiar.
En 15 años, el programa ha atendido a 87,000 productores, que representan el 11% de su público objetivo. Amaya considera que se necesita rediseñar los incentivos porque el sector ha cambiado. Y para tener un mayor impacto este esfuerzo necesita de una articulación público-privada.
“Es una tarea ardua que debemos compartirla con los gobiernos regionales, y el rediseño es fundamental en este momento para generar las bases para que en los próximos 15 años el programa pueda seguir funcionando”, finalizó Amaya.