Los últimos acontecimientos ocurridos en el Lote 95 que opera PetroTal en Loreto deben llamarnos a reflexión y a la acción. Resulta inadmisible que un supuesto actor social, como la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap), mantenga en jaque la ejecución de un Fondo de Desarrollo para el distrito que presuntamente representa.
Más aún si ello significa bloquear las vías fluviales por las que se transporta la producción de este lote petrolero, mantener secuestrados dos convoyes con petróleo en sus bodegas y a su tripulación, fuera de haber retenido temporalmente a las autoridades que se dirigieron a cumplir sus funciones en la zona y ocasionar lesiones a un integrante de la Marina de Guerra del Perú.
Y es que la protesta, por más legítima que sea, no puede ser admitida si es que apela a violentar los derechos de los demás, atacando la vida de las personas y la propiedad privada. Estos hechos no pueden permitirse en el país y deben ser repudiados y castigados, conforme a Ley.
De otro lado, llama la atención la forma cómo se vienen desarrollando las negociaciones y cómo, producto de este accionar ilícito, se pretende desconocer acuerdos previos a los que se llegó con la participación de todos los actores. Los Fondos de Desarrollo requieren de una gobernanza adecuada para contribuir al cierre de brechas sociales y la búsqueda de bienestar para la población, por lo que deben estar alejados de injerencias políticas.
Es hora de que el Estado de derecho se respete y de que el Estado garantice los procesos sociales que eligen creer en una inversión privada responsable socialmente con sus comunidades.