En el marco del 127° aniversario de la SNMPE, Desde Adentro conversó con Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, sobre la coyuntura económica y sectorial y las oportunidades de inversión de la industria, que puede ganar aún mayor eficiencia y sostener el impuso que requiere la economía. Las propuestas para enfrentar la informalidad en la minería aurífera e integrar los proyectos mineros podrían hacer la diferencia y marcar un nuevo derrotero en el desarrollo de proyectos en el Perú.
La SNMPE celebra 127 años de historia. ¿Qué le sugiere liderar una institución con esa trayectoria? ¿Qué responsabilidades trae ese cargo consigo?
Yo soy ingeniero de Minas, me formé en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ser presidente de este gremio empresarial es a la vez un honor y una responsabilidad. Los 127 años son parte del honor y los desafíos del Perú y del sector minero energético en particular, son la responsabilidad.
En medio de un panorama político y social polarizado, ¿qué alternativas u oportunidades prevé el sector minero energético para continuar desarrollándose y aportando a la economía?
Si algo nos caracteriza como gremio es que operamos en sitios remotos. Justamente, el desafío de nuestro país es ese: la disparidad en el crecimiento que se da por la misma geografía agreste que tenemos. Nosotros somos un sector llamado a ayudar a la integración. Hace 20 años, como país, decidimos ir a un proceso de regionalización, hemos transferido fondos y no hemos debatido lo suficiente sobre como planificar el crecimiento de la inversión pública en esos territorios remotos ni tampoco hemos dotado a esos espacios y a esas autoridades de mayores capacidades de gestión pública. Queremos ser parte de la solución, ayudar a ser parte de la planificación y mejorar la capacidad de ejecución de la gestión pública.
Eso tiene que ver con un concepto que se ha mencionado mucho en los últimos meses, el de desarrollo territorial.
Sí, pero déjame ponerlo en el contexto global. El Perú tiene una posición privilegiada y acceso a dos mercados que son las mayores economías del mundo: Estados Unidos y China. Ello, por nuestra posición costera y en América del Sur, que es privilegiada. Además, tenemos que considerar que nuestra población de 33 millones de peruanos es menos del 0.5% de la población mundial total, y tenemos que tomar ventaja de esa ubicación geográfica y del tamaño de nuestra población para desarrollar una oferta exportadora. Y esa oferta la vamos a monetizar si es que logramos integrar el territorio del Perú de manera transversal. Y para ello se requiere apertura de pensamiento porque tenemos que generar grandes corredores económicos transversales, que nos permitan integrar las zonas altoandinas y amazónicas con las costeras. Esa es la visión de largo plazo que tenemos que desarrollar: una visión que integre esos territorios y que permita que nuestra oferta productiva llegue a otros mercados, ya sean costeros con mayor densidad demográfica, o que puedan ser exportados. Esa debe ser nuestra mirada de desarrollo del territorio. No es emular ni copiar la misma dotación de servicios públicos en sitios remotos. Tenemos que pensar en corredores, en concordar que nos vamos a mover como población en franjas económicas.
Hace unos días se difundieron los resultados del índice de atracción de las inversiones mineras de la encuesta Fraser. Hemos mejorado respecto de nuestros vecinos, pero también hemos caído en algunos indicadores. ¿Cómo recuperar el atractivo minero del Perú?
Esta es una encuesta de percepción y tiene que ver con el tamaño de la muestra. Este año hay un problema que el Instituto Fraser deberá explicar en su momento, porque menos del 10% de los encuestados respondió la encuesta y esta muestra podría no ser representativa del universo. Pero si hay algo en claro: en el índice de potencial geológico, que tiene un peso de 60% y donde el Perú tiene un comportamiento constante y coherente, estamos en el tercio superior de las mejores jurisdicciones del mundo. Ese potencial no desaparece y eso es bueno. Hemos desarrollado un gran portafolio de proyectos y un ecosistema que los va a desarrollar. Pero, en el índice de políticas públicas, hemos descendido. Si el Perú se mide contra sí mismo, respecto al año anterior, la conflictividad social, la discusión de mayores tributos, los trámites administrativos que son extremadamente extensos y el poco consenso en la negociación de tierras superficiales, son las cuatro variables donde hemos descendido.
Y hay un indicador de estabilidad política que es cero.
Sí, allí hemos bajado de manera significativa. Quizá vale hacer una mención que permita entender eso. Botsuana es un país de África que tiene buen potencial geológico y ha escalado de la posición 66 a la 10 en sólo un año. Ellos han establecido políticas públicas muy claras. Eso nos dice que podemos mejorar en ese índice muy rápidamente si nos tomamos en serio el consenso de tener buenas políticas públicas.
De otro lado, el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apunta que el Perú tiene un modelo extractivista que no contribuye al desarrollo. ¿Diría que es así?
Entiendo las posiciones distintas y somos tolerantes, pero claramente esa afirmación no se basa en datos duros. En el Perú desde hace más 25 años con la Constitución de 1993 hemos tenido una claridad que ha promovido la inversión privada nacional y extranjera. Y en la región somos el país más robusto económicamente hablando. Somos el país con la menor relación de deuda neta sobre PBI, de 34%. En la región y en Europa hay países con más de 80%, que están sobreendeudados. Lo segundo es que somos un país que tiene grado de inversión. En la región solo México, Chile, Colombia y el Perú tenemos grado de inversión, lo que nos permite tener tasas de endeudamiento bajas. El Perú ha tenido, a pesar de la pandemia, la menor inflación de la región. ¿Dónde está el desafío? Tenemos un nivel de informalidad muy alta y, siendo un país económicamente robusto, no tenemos falta de fondos, sino que nos falta una planificación y cierre de brechas bien sincronizado, bien ejecutado, que es tarea del sector público. Por eso, tenemos que trabajar para que nuestra gestión pública madure, como lo han hecho instituciones como el Banco Central de Reserva, la Sunat o el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, nos llaman industria extractiva peyorativamente, pero somos uno de los pilares de la fortaleza macroeconómica que tiene el país y el problema no está en la industria minero energética, sino en que todos tenemos que trabajar para que nuestra gestión pública mejore y otorgue a los ciudadanos servicios públicos de calidad. Si ellos parten de un diagnóstico equivocado, no van a plantear la solución correcta.
¿Qué acciones espera emprender la industria minera del Perú en los próximos años para sostener su aporte a la economía?
Como SNMPE somos conscientes de que hay una informalidad alta en la economía y una porción de ésta deviene en ilegal. Por ello, estamos trabajando en entregar una propuesta para formalizar la minería aurífera. Ese es uno de los problemas que tiene que resolver la gestión pública. Lo otro es ser más activos en los entornos donde operamos, colaborando a que la gestión pública sea más madura y mejor, que las entidades que van a cerrar brechas usen los fondos públicos que tienen.
¿Podría darnos algún detalle más de lo trabajado con la minería aurífera informal?
Esperamos tener una propuesta para presentarla en Perumin, un foro donde todas las personas que toman decisiones en el sector publico y privado se reúnen. Y una de las hipótesis que queremos confirmar es que en los últimos 20 años la formalización se ha basado en conceptos muy administrativos, en más trámites. Creemos que hoy debe enfocarse en entender la cadena productiva. Y al ser una cadena productiva plagada de ineficiencias la formalización no se da porque no hay ningún incentivo económico para hacerlo. La no formalidad trae empleo precario, condiciones de seguridad precarias, riesgos ambientales y un impacto negativo en el entorno. Por ejemplo, compran explosivos de manera ilegal, con sobrecostos, compran equipo con sobrecostos, no tienen acceso a las últimas tecnologías disponibles y, finalmente, en el proceso productivo no logran mayores eficiencias en la parte minera y metalúrgica. Y, finalmente, el oro que producen lo venden con descuento. Si uno mira esa cadena y calcula las ineficiencias y cuánto se podría ganar en productividad, pasando a la formalidad, eso nos permitiría hacer una propuesta que traería un plan de formalización con sentido económico. Lo que se ganaría con una mayor productividad pagaría la mayor formalidad. Si lo enfocamos en presentar papeles, han pasado 20 años y no hemos logrado resultados.
Una de las acciones que sugirió en una reciente entrevista a Bloomberg fue la creación de joint ventures entre las empresas mineras que ya operan en el país para sacar adelante los grandes proyectos de inversión minera. ¿Podría desarrollar más esta propuesta?
Si miras el portafolio de proyectos del Perú, de US$ 54,000 millones, más del 70% son proyectos de cobre, unos US$ 40,000 millones. Y ellos están tanto en el norte, con un clúster claro en Cajamarca y Lambayeque; y el otro está en el sur, en la zona de Apurímac, Cusco y Arequipa. Hay proyectos que, si los desarrollas aisladamente, requieren montos de inversión bastante altos versus la producción esperada. Pero si los miras como proyectos integrados; por ejemplo, en Cajamarca, a Conga, Galeno y Michiquillay, se puede desarrollar una infraestructura compartida. Pero, además, otra opción es integrarlos como un solo proyecto con tres tajos. De alguna manera, eso es Las Bambas: una sola planta y tres tajos abiertos: Chalcobamba, Ferrobamba y Sulfobamba. Son tres tajos y se ha planificado como un clúster. Lo mismo pasa en Cajamarca. Está Coimolache Sulfuros, Antakori y Cerro Corona. Ese es otro clúster que, si se integra, por las eficiencias en inversión, estudios ambientales y en costos, por economías de escala, permitirían darle mucha más viabilidad. Ese es el tipo de concepto que deberíamos estudiar.
Y lo mismo pasa en el sur. Allí también eso pasa con otros proyectos como Haquira, que son muy cercanos a Antapaccay y también Los Chancas. Los proyectos se pueden pensar como stand alone, proyectos aislados, o como parte de soluciones integradas.
Claro, eso requiere tener una forma de operar, una forma de asociación distinta a la que estamos acostumbrados. Quizá un ejemplo claro es Antamina, un proyecto con más de 20 años de vida y que tiene cuatro accionistas. Por eso, requiere de una gobernanza distinta a una mina con un solo propietario o accionista mayoritario. Esos son modelos que hay que pensar para optimizar la inversión, la huella ambiental y los resultados económicos, porque por economías de escala los proyectos se vuelven más rentables.
¿Qué opinión le suscita la reciente caída que se ha producido en la inversión minera, con un retroceso anual de 20% respecto del primer trimestre del 2022? ¿Eso es lógico porque no hay grandes proyectos?
Es el efecto de haber terminado de construir Quellaveco. Pero eso, mirando el vaso medio lleno, no significa que la inversión se va a cero. Las minas existentes, por la naturaleza del negocio, requieren de una inversión permanente para mantener los niveles de producción. Lo que en el corto plazo debería ver el Estado son todos los proyectos brownfield de las minas existentes, de extensión de vida, de mejores operativas, que son inversiones que están a la mano y que van a compensar la falta de proyectos nuevos. Allí están Toromocho, Antamina, Inmaculada, Uchucchacua y Yumpaq. Son minas existentes que tienen un proyecto de extensión de vida, de área, para mantener su producción. Eso es algo que en el corto plazo el Gobierno debería promover, así como proyectos maduros como Zafranal y Tía María, en Arequipa, y promover esta idea de analizar entre varias empresas mineras sus proyectos de manera integrada.