La decisión de adjudicar directamente algunos de los lotes petroleros ubicados en Piura a una empresa, sin la convocatoria a una licitación en la que puedan participar otros actores interesados, es una medida alejada de los principios constitucionales y la legislación vigente que no favorece a la industria hidrocarburífera ni al país, en circunstancias que se registra una preocupante desaceleración de la economía nacional.
Uno de los pilares que han favorecido el crecimiento del Perú se basa en principios como la libre competencia para desarrollar proyectos de inversión y la igualdad de trato entre los inversionistas.
La competencia promueve mejores ofertas técnicas y económicas para explorar y explotar los lotes y que las contribuciones, como el canon y las regalías, y los compromisos de inversión sean mayores. Estos componentes no son irrelevantes, puesto que dinamizan el empleo formal, la economía local y potencian las acciones de responsabilidad social de quienes trabajarán estos campos petroleros, además de alentar la innovación y la presencia de nuevos actores.
Corresponde a Perúpetro, en su rol de organismo promotor de las inversiones en exploración y explotación petrolera, cumplir a cabalidad esta labor de abrir la posibilidad a la competencia y buscar las mejores ofertas posibles en beneficio del Perú. Y al Ministerio de Energía y Minas, la de respetar estos principios y garantizar la seguridad jurídica que sirvieron para atraer el interés de las empresas petroleras locales y extranjeras por operar en el país.
El ministro de Energía y Minas en reciente reunión con los empresarios mineros declaró su apoyo irrestricto a la inversión privada en este importante sector para la economía nacional; y creemos que debería seguir en esa misma línea para revertir la grave crisis que afronta la industria hidrocarburífera.
El país y su sector hidrocarburos, requiere de medidas y políticas claras que generen mayor inversión y el interés de más actores que compitan presentando sus mejores credenciales técnicas.
Confiamos en que el Estado garantizará la igualdad de trato y la libre competencia.