El Perú es el octavo país con mayor cantidad de agua dulce del mundo y el tercero de América Latina. También posee el 71% de los glaciares tropicales a nivel global. Sin embargo, no basta con ser un país rico en agua sin una adecuada planificación e infraestructura que permita obtener el máximo provecho del recurso hídrico y prevenir el impacto de los fenómenos climáticos.
Este mensaje dejó el conversatorio Acelerando el cambio: agua y saneamiento, organizado por el Comité del Agua de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El evento se realizó en conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebró el 22 de marzo bajo el lema “Acelerando el cambio”. Para este 2023, se fijó como desafío central el acelerar el cierre de brechas para el acceso al agua y a los servicios de saneamiento, ello en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.°6.
“Nuestras actividades productivas e industriales trabajan con agua y las ciudades se desarrollan alrededor de las cuencas hídricas. Toda la actividad del ser humano depende del agua”, explicó Jorge Álvarez, oficial de sostenibilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al iniciar el conversatorio.
Ante una realidad nacional en la que el 65% de la población vive en la costa peruana, donde está disponible solo el 2% de agua dulce, Carlos Adrianzén, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la SNMPE, gerente de Seguridad, Ambiente y Sostenibilidad de Unacem, y moderador del conversatorio, comentó: “la industria manufacturera también se concentra en más de un 70% en la costa peruana, pareciera que el Perú es el mundo al revés o que estamos mal distribuidos”.
Una mirada territorial
Frente a la problemática sobre el acceso y distribución del agua en el Perú, Lucía Ruiz, miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), propuso una mirada integral. “No podemos hablar sobre si tenemos agua en el caño en nuestra casa, sino de cómo estamos gestionando el territorio [el lugar que poblamos] y la cuenca. El ODS N.° 6 de Agua y Saneamiento incluye dentro de sus metas la gestión integrada de los recursos hídricos”, indicó Ruiz a su turno.
También destacó que el Plan Nacional de Saneamiento, orientado a la ejecución de programas y proyectos de servicios de saneamiento urbanos, requiere de una mirada integral. “Hoy en día, una organización como Sedapal, la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, por ejemplo, tiene que mirar qué está pasando en las partes altas de la cuenca para poder tener un suministro adecuado”.
Sin embargo, Ruiz agregó que “si en una comunidad nativa quieres dar soluciones costeras, estás perdido (…) Salgamos hoy [de este conversatorio] con una mirada territorial de cuenca. El agua en estos momentos está sufriendo un proceso muy fuerte de impacto y vulnerabilidad. Podemos ser parte de la solución o parte del problema”.
Un cambio estructural
Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores, señaló que uno de los principales problemas en la gestión del agua proviene de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPSS), financieramente quebradas por no facturar el 50% del agua que distribuyen. Hay 50 EPSS distribuidas en las 24 regiones del Perú. “Sin embargo, las 50 EPS son para las zonas urbanas y hay 5,000 oficinas municipales a nivel nacional. Eso es absurdo”. Von Hesse también alertó sobre la necesidad de reformar el mecanismo de transferencia de dinero directo del gobierno central a las autoridades locales.
Yuri León, miembro de la Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de Servicio de Agua y Saneamiento del Perú (ANEPSSA), coincidió con lo planteado por Von Hesse. “Solo algunas EPSS pueden contactar con los especialistas y logran sacar uno, dos, o tres proyectos. Aquellas que están abandonadas, sin personal, no pueden sacar ni un perfil, ni un expediente técnico para financiar una obra de diez, veinte o treinta millones [de soles]”, refirió. Además, en su plan de inversiones y tarifas solo incluyen obras de mantenimiento de corto plazo, y poquísimos proyectos de mediano y largo plazo, que son los que realmente mueven la aguja en términos de la cobertura de agua y desagüe.
Por ello, en mercados como Chile, por ejemplo, la tarifa es cuatro veces la del Perú. Además, estos proyectos consideran una retribución competitiva para los funcionarios y trabajadores de las empresas prestadoras de servicios sanitarios. Por ello, explica, “el Estado suele asumir los subsidios de aquellas obras grandes de saneamiento, pero no se trata de una política del Gobierno”, concluyó.
Cierre de brechas: el cambio posible
Fabiola Sifuentes, presidente del Comité del Agua de la SNMPE y vicepresidenta de Salud, Seguridad y Agua de Antamina, presentó los casos de tres empresas minero energéticas —Compañía Minera Poderosa, Fenix Power y Newmont Yanacocha— que demuestran que el trabajo en conjunto con el Estado, empresas y la sociedad civil, es determinante para acelerar el cierre de brechas en el acceso a agua y servicios de saneamiento.
«Somos conscientes de la necesidad de que los beneficios de la operación minero energética no sean solamente para el proyecto, sino también para el entorno. Muchas asociadas [a la SNMPE] cumplimos con los estándares de calidad ambiental e internacionales. Pero, si bien trabajamos siempre con las comunidades, necesitamos hacerlo de manera aún mucho más grande», comentó la ejecutiva.
Poderosa, por ejemplo, logró gestionar el agua de manera sostenible con las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS) de su zona de influencia, en la sierra de La Libertad. Las JASS son elegidas voluntariamente por la comunidad para administrar, operar y mantener los servicios de agua potable en los centros poblados en zonas rurales. Actualmente, tienen 21 sistemas de agua, de los cuales 19 están ubicados en el distrito de Pataz y dos en el distrito de Pías. “Ahora los distritos consumen agua de calidad, manteniendo el uso responsable en las organizaciones y en la población”, explicó María Paz, jefe de Relaciones Comunitarias de Poderosa.
Fenix Power Perú, provee el 7% de la energía del país, gracias a su central térmica ubicada en Chilca, y, además, abastece de agua potable a la municipalidad distrital de ese distrito del sur limeño, beneficiando a un millón de personas. “Tenemos un compromiso de entregar 2,000 metros cúbicos de agua potable a la comunidad de Las Salinas”, señaló Eduardo Galdós, jefe de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Fenix Power. “Hay buenas prácticas en la industria y aún queda mucho por hacer”, agregó.
Newmont, por su parte, contribuyó a mejorar la calidad de vida de la población de Cajamarca mediante el programa Agua para Cajamarca, que implicó la ampliación y el mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable en esa región. “Hicimos una alianza estratégica en la que la empresa privada pudiera administrar los fondos, contratar los consultores y las empresas que ejecutarían los proyectos (…) Mientras desarrollábamos el expediente técnico y teníamos cuatro o cinco kilómetros de tubería que teníamos que mandar a fabricar al otro lado del mundo, lo podíamos hacer sin esperar que el expediente tuviera una resolución, algo que no va a pasar en el Estado. Nos ahorramos cuatro, cinco, seis meses”, explicó Raúl Arévalo, jefe de Agua e Infraestructura para el Desarrollo de ALAC (Asociación Los Andes de Cajamarca), organización fundada por Newmont Yanacocha.
Así, pese a los problemas estructurales, las empresas minero energéticas siguen trabajando en nuevas formas de mejorar la gestión del agua y garantizar su acceso a la población que vive en sus zonas de influencia.
Quizá es la mejor demostración de que las alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil sí funcionan y que ampliar su alcance puede ser esencial para acelerar el cambio con relación al ODS N.° 6 sobre agua potable y saneamiento para una parte importante de la población peruana.
