En conversación con Desde Adentro, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hace un repaso al cierre de su gestión. Desde el reto que representó enfrentar la pandemia de COVID-19 y la difícil coyuntura política, hasta el legado que deja en la institución y las oportunidades que se deben tomar en cuenta para un sector minero energético reconocido como un actor relevante social y económicamente.
¿Qué balance hace de su gestión al frente de la SNMPE?
Me ha tocado un periodo particularmente complejo por la pandemia, la crisis económica, la inestabilidad política, el aumento de la conflictividad social y la elección de un gobierno que constantemente pretendió afectar al sector.
En febrero del 2021, cuando asumo la presidencia de la SNMPE, la pandemia de COVID-19 era el principal problema del país. Nuestros compatriotas morían por falta de suministros e insumos médicos, así que nos enfocamos en trabajar con todas las compañías de la SNMPE para facilitar un elemento clave en la lucha contra el virus: el oxígeno. Logramos que se donaran 40 plantas de oxígeno en distintos lugares del país y conseguimos importar y producir 3,500 toneladas métricas de oxígeno medicinal que se donaron a los hospitales, con lo que prácticamente pudimos abastecer a todo el Perú. De manera proactiva, el sector minero energético también donó cerca de 1,000 camas hospitalarias, 30 ambulancias, 200 ventiladores para cuidados intensivos, y más de 4,000 toneladas de víveres destinados principalmente a adultos mayores desprotegidos. En paralelo, el Gobierno trajo el primer lote de vacunas contra la COVID-19. Entonces, pasamos a una segunda línea de acción, en la cual el sector contribuyó con la logística de distribución de las vacunas. Por todo ello, el presidente Francisco Sagasti, otorgó a la SNMPE la medalla al mérito ciudadano, que tuve el honor de recibir como presidente del gremio, y pueden verla expuesta en el hall de ingreso a nuestra sede.
En la segunda parte del 2021, con la llegada al poder del hoy expresidente Pedro Castillo, el Poder Ejecutivo y sus aliados en el Congreso tuvieron iniciativas que afectaban directamente al sector y no se esforzaron en solucionar —cuando no incentivaron— los conflictos sociales que cada vez se presentaban más violentos.
¿Qué iniciativas afectaron al sector durante su gestión? ¿qué principios y fortalezas se pusieron a prueba en estos dos años?
Una de las primeras cosas que hizo el Gobierno de Castillo fue el anuncio de la estatización del gas de Camisea. Esto era un gran despropósito y claramente afectaba a la matriz energética del Perú. Surgieron afirmaciones y prejuicios que no se sustentaban en la realidad y se quiso generar un movimiento a favor de la estatización del gas. Afortunadamente, con argumentos técnicos y sensibilización a la opinión pública se pudo bloquear este intento y el problema se empezó a enfocar, más bien como corresponde, en buscar la masificación del gas natural para llegar a más hogares.
Más allá de ese primer evento, y lamentablemente con la anuencia de algunos dirigentes políticos, se inició un período de gran conflictividad social que nos acompaña hasta ahora. Un momento muy difícil fue el anuncio del cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho —Apumayo, Breampampa, Pallancata e Inmaculada— por la ex primera ministra Mirtha Vásquez, que felizmente se pudo evitar. Esto era una acción y una pretensión absolutamente arbitraria e ilegal que iba contra el sector minero y que afectaría gravemente a todo el sistema económico y social de Ayacucho y de otras regiones que dependen de la actividad que genera el sector.
Además, hubo otros conflictos cada vez más violentos, por ejemplo, contra Antamina, Cerro Lindo y Las Bambas. En Antamina y Cerro Lindo se resolvieron luego de un esfuerzo sostenido por controlar la violencia. Pero, lamentablemente, en el caso de Las Bambas se ha vuelto algo recurrente. En el 2022 hubo una acción muy dura en contra de la mina Cuajone, que estuvo sin operar y sin agua para las 5,000 personas que viven ahí durante 54 días. En la parte energética, el Oleoducto Norperuano y los lotes petroleros de la selva fueron constantemente atacados.
Desde la SNMPE, como gremio y con la fortaleza que nos da nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo del país, defendimos al sector en todos estos casos, afirmando nuestros principios de respeto a las personas y a la Ley, nuestro deseo de vivir en paz, generando oportunidades para todos y reiterando la importancia de que el Gobierno garantice la vigencia del Estado de derecho.
También se planteó un cambio en la política de tributación minera.
Sí. El Gobierno quiso aumentar los impuestos a la minería y otras actividades. No estábamos de acuerdo por las consecuencias negativas para el país, así que pusimos nuestro esfuerzo en explicar que, en realidad, ya se iba a recaudar más porque la actual tributación minera aumenta automáticamente las tasas de impuesto en el momento en que se incrementa la rentabilidad cuando suben los precios. Al mejorar la rentabilidad de las compañías también mejora la recaudación del Estado. De hecho, el año pasado tuvimos una recaudación récord. En el 2021 se recaudaron S/ 22,200 millones. En el 2022, a octubre, eran S/ 25,600 millones. Si se compara con los S/ 7,700 millones del 2020, es un crecimiento importante en la recaudación tributaria. Este es un gran esquema tributario que ha sido elogiado internacionalmente porque no afecta el desarrollo de las inversiones mineras y comparte sus grandes beneficios de manera muy favorable para el Estado. Hicimos notar que el problema no era recaudar más, sino gastar mejor, y no solo el 60% de lo obtenido.
Otra de las principales críticas al Gobierno fue la menor calidad de sus cuadros técnicos. ¿Cómo abordaron este tema?
Nos enfocamos también en evitar que se destruyera la meritocracia. Por el expresidente Castillo salieron del Estado personas de gran calidad profesional y experiencia. Y esto es muy importante en las actividades minero energéticas, ya que se requiere de un equipo técnico que entienda bien los temas y plantee soluciones adecuadas. Ahí también hicimos un trabajo que, afortunadamente, fue acogido en parte durante el 2022 con el regreso de la ministra Alessandra Herrera. Empezamos a ver que se pasaba de tener personas que no eran las adecuadas en los puestos más importantes a otras que tenían las calidades técnicas, personales y éticas que se requerían en funciones del Estado.
¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta o deberá enfrentar la institución?
Hacia finales de año, en la segunda parte del 2022, entró en producción la mina Quellaveco, un gran proyecto minero que nos ha dado mucho gusto que esté en operación. Pero, a la vez, representó el final de los grandes proyectos mineros en construcción. El Perú, durante más de 25 años, ha tenido anualmente de dos a tres grandes proyectos minero energéticos en construcción. Antes de Quellaveco estuvo el gas de Camisea, grandes inversiones en energía y recientemente Mina Justa, Ampliación de Toromocho, Ampliación de Toquepala, y así. Lamentablemente, hoy no tenemos ningún gran proyecto minero energético en construcción, a pesar de tener una cartera total de US$ 63,000 millones en espera.
Entrando en el 2022, la minería ilegal se ha vuelto un problema mucho más serio porque su crecimiento fue alentado por algunos representantes y autoridades. Esto ha generado muchísima conflictividad. Allí tenemos un gran reto hacia adelante. Es importante entender que la minería ilegal es realmente muy mala para el Perú: no paga impuestos; su exportación se filtra de contrabando a otros países, por lo tanto, los dólares que debería generar no entran al país. Además, y esto es lo peor, afecta los derechos humanos de las personas que trabajan en ellas y, desde el punto de vista ambiental, genera un gran desastre. Claramente, afecta a los peruanos de hoy, pero también a los peruanos del futuro.
¿Qué desafíos pendientes destacaría desde el sector hidrocarburos y del de electricidad?
En el sector hidrocarburos estamos por debajo de 40,000 barriles diarios de producción de petróleo y en el pasado hemos llegado hasta casi 200,000 barriles por día. Este no es un caso en el cual hay que empezar de cero. Ya hay algunas iniciativas que mostrarían una mejora sustantiva, relativamente rápido, si se dieran las condiciones adecuadas. Un cambio en la legislación referente a las regalías sería de gran ayuda para que el sector pueda mejorar sus condiciones. Un porcentaje de regalía alto con producción cero, da un beneficio de cero al país. En cambio, un porcentaje de regalía alineado con los estándares internacionales va a generar más producción, más recaudación para el Estado y, por lo tanto, beneficios para todos.
En el sector eléctrico también se ha seguido trabajando. Todavía, a nivel nacional, hay un millón de peruanos que no tienen electricidad disponible. Ese es un gran reto pendiente.
¿Qué temas de la agenda sectorial minero energética se deben seguir trabajando?
Debemos seguir trabajando en algo que para nosotros es muy importante: que el sector minero energético se convierta en motivo de orgullo para todos los peruanos. Desde las culturas preincas e incas, el Perú ha tenido una tradición de minería y metalurgia de gran importancia. Recordemos que en el pasado se usaba la frase “vale un Perú” porque éramos percibidos como un país de una gran riqueza natural. El Perú, de hecho, tiene una gran riqueza en su población y en la inmensa cantidad de recursos que posee. Debemos ponernos de acuerdo en cómo desarrollarlos de manera que podamos beneficiar con esos recursos a la población y, a la vez, permitir que el país avance hacia el desarrollo.
¿Cuál es la gran oportunidad que ofrece el crecimiento de las industrias extractivas en el Perú?
Cuando entré a trabajar en el sector minero, por cada puesto de trabajo formal había cuatro puestos de trabajo formales adicionales en el resto de la economía. Esto con estadísticas oficiales. Hoy día ese número es de ocho. Se ha duplicado. Esto ha ocurrido en un periodo de 30 años, pero este proceso se aceleró en el siglo XXI. Si persistimos en seguir adelante con el desarrollo de las actividades minero energéticas, vamos a encontrar que hay cada vez más integración con el aparato productivo del resto del país. Países desarrollados como Canadá o Australia han podido integrar sus actividades industriales y de servicios a las actividades mineras y energéticas. Creo que ahí hay una gran oportunidad para el futuro.
¿Qué legado deja su gestión?
Primero, la persistencia en nuestros principios y creer en el gran futuro que puede tener el Perú, más allá de circunstancias coyunturales. Segundo, mostrar que el sector minero energético tiene la capacidad de actuar proactiva y solidariamente cuando el país y nuestros compatriotas lo necesitan, como en la lucha contra la pandemia. Tercero, saber que el sector unido puede capear una gran tormenta como la causada por la política equivocada del Gobierno del expresidente Castillo. Cuarto, la importancia del trabajo coordinado y unido de todas las compañías y todo el sector minero energético. Para mí ha sido muy valioso poder trabajar tan bien con el equipo de la SNMPE, tanto con los funcionarios del gremio como con los directivos de los distintos sectores. Y quinto, que es difícil pero no imposible, volver a trabajar de manera coordinada con el Estado peruano para conseguir mejores y mayores logros para el Perú.
La SNMPE cumplió el año pasado 126 años de fundada. Eso muestra la persistencia y la potencia que tiene la Sociedad como una entidad con la cual se puede trabajar, porque siempre va a actuar buscando el bien del país a través del desarrollo de nuestras actividades, no representando intereses particulares, sino en función de las necesidades del Perú.
Por último, ¿cuál considera que es el gran reto que queda para el futuro?
Hay muchos, pero quisiera comentar uno en particular: Hoy en día un grupo cada vez más grande de jóvenes peruanos, técnicos y profesionales brillantes, piensan en irse a trabajar fuera del país. En los últimos años ha sido muy difícil para un profesional joven encontrar un rumbo y hacer una vida plena en el país. Eso debe cambiar. Debemos conseguir que por las razones correctas un joven pueda y quiera trabajar en el Perú, tanto en el sector privado como en el Estado. Porque, así como en el sector privado se necesitan buenos gerentes y técnicos para que las empresas produzcan, igualmente el Estado peruano necesita de personas que sepan cómo hacer que las cosas buenas ocurran. Y lo lógico es que esa formación vaya aparejada de crecimiento y compensación adecuada. Esto, por cierto, no es sencillo, requiere de un proceso consciente y deliberado, pues es tan importante tener funcionarios y servidores públicos de gran nivel como tener un sector privado pujante. Estas capacidades que antes tenía el Estado tienen que recuperarse.