Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y presidente de la convención Perumin 36, describe la situación del sector minero y sus perspectivas en el corto, mediano y largo plazo.
¿Cuál es el balance que hace del sector minero en el 2022?
La inacción y, a veces, complicidad del Gobierno de Pedro Castillo en los años 2021 y 2022 generó múltiples bloqueos de carreteras e invasiones violentas y prolongadas de operaciones mineras, generando pérdidas importantes en la producción del sector y un altísimo nivel de incertidumbre, cuyos efectos trascendieron nuestras fronteras y han causado una gran pérdida de competitividad para nuestro país. Todo esto afectó nuestra evaluación financiera y canceló las posibilidades de recibir nuevas inversiones para el desarrollo de proyectos en el corto y mediano plazo. Si bien estos efectos negativos los sufrimos desde inicios del 2021 con el proceso de elección y luego con la toma del poder de Castillo, sus consecuencias en el año 2022 han sido mayores y nos han impedido alcanzar los niveles de producción esperados. Ni siquiera hemos logrado superar aún los volúmenes de producción del 2019, a pesar de la puesta en marcha de Mina Justa y Quellaveco.
¿Qué podemos esperar para el 2023? ¿Qué desafíos habrá para el sector?
Nuestros volúmenes de producción expresados en porcentajes de las cifras globales del 2021 fueron menores que en el 2019 en el caso del cobre (-1.2%), oro (-1%), plata (-0.9%) y plomo (-0.3%). En el 2022, debido a los conflictos sociales, hemos perdido la oportunidad de aprovechar mejor las cotizaciones de los metales. Esperemos que el 2023 sea diferente, sobre todo en el caso del cobre. Para ello, la invasión y bloqueo de la operación Las Bambas debe terminar cuanto antes, y Quellaveco debe alcanzar las 370,000 toneladas de cobre fino, según lo proyectado por Anglo American. Asimismo, esperamos que Cuajone y Toquepala recuperen su producción promedio. Solo de esa manera se podría tener una producción nacional de cobre de 2.8 millones de toneladas finas, ya que no hay proyectos importantes que vayan a iniciarse en el futuro cercano. [Es] una situación lamentable, considerando el potencial de nuestro portafolio de proyectos de cobre que estima una producción anual de más de 5 millones de toneladas de cobre fino.
Este potencial y la dificultad que tenemos para el avance de los proyectos mineros nos obliga a tener una visión de largo plazo de la industria minera y de sus potenciales efectos sobre el crecimiento de la economía nacional y la sostenibilidad del desarrollo regional y nacional.
¿Sin grandes proyectos mineros en el corto plazo, qué oportunidades se presentan en el sector?
Por ejemplo, la extensión de la vida de las minas existentes mediante trabajos acelerados de exploración en sus zonas inmediatas. Un ejemplo reciente en pleno desarrollo es la extensión de la vida útil de Antamina en ocho años adicionales (hasta el 2036) mediante una inversión de US$ 1,600 millones en la optimización de su infraestructura.
El anuncio de cinco convenios de inversión en exploración minera por US$ 5.2 millones que fueron suscritos entre el Estado y empresas de capitales extranjeros, reconfirma la insuficiencia de nuevas iniciativas de descubrimiento. Estos contratos constituyen un procedimiento normal y el número de contratos firmados, que es muy inferior a años anteriores, depende del número de proyectos de exploración que tienen permisos ambientales y la autorización de inicio de actividades.
¿Cómo ha variado la inversión en exploración minera en los últimos cinco años?
Podemos verificar que hasta el 2014 se firmaban más de 20 o 25 contratos de inversión en exploración minera por año. Pero, desde el 2015, la cifra descendió a entre 10 y 13, y desde el 2019 se llegó hasta 4 o 5 por año, por lo que no resulta novedad que se alcance nuevamente esta misma cantidad de contratos en lo que va del 2022. Esto es una demostración de que cada vez tenemos menos proyectos de exploración que obtienen todos los permisos correspondientes. Esto se debe a la regulación compleja para proyectos y que no se justifica ni causan impactos ambientales relevantes.
En el 2017, el Gobierno de entonces aspiraba a alcanzar una inversión en exploración minera equivalente al 8% de la inversión global en este rubro. En el 2021, hemos alcanzado apenas el 3.9%, mientras que en este año 2022 se espera que llegue a 4.2%.
¿Cómo ha afectado el panorama global en los metales a la exploración minera?
La última crisis minera global terminó en 2016 y la recuperación de la inversión en exploración minera se empezó a gestar seen el 2017. En diciembre de ese año, se publicó el Decreto Supremo N.° 042-2017-EM —Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera—, el cual empezó a ser aplicado de forma efectiva en el segundo semestre del 2018.
El último año en que el Perú tuvo una recuperación de la inversión en exploración minera mayor a la variación global fue en el 2017. Desde el 2018, la inversión en exploración minera en Perú empezó a decaer sistemáticamente. Como consecuencia de esta tendencia y de una serie de otras inconsecuencias burocráticas, el Perú ocupó el último lugar en el ranking “Indicador de Competitividad” elaborado por Macroconsult y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y retrocedió sustancialmente en la encuesta anual de [Instituto] Frazer. En el periodo 2017 – 2022, la inversión global en exploración minera ha crecido 64%, mientras en el Perú creció solamente 5%, según datos de S&P Global Market Intelligence.
¿Qué acciones considera que se deberían tomar en el plano ambiental?
En mi opinión, el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera debe ser modificado por una nueva norma, razonable y equitativa, que haga justicia del riesgo ambiental leve que implican los trabajos de exploración minera. Al mismo tiempo, opino que es idóneo suspender la aplicación de la Consulta Previa hasta el momento que los proyectos mineros tengan información veraz y suficiente que permita predecir la viabilidad de la operación minera y los impactos positivos y negativos que esta operación pudiera tener sobre el territorio de las comunidades implicadas.
Es complicado que las comunidades puedan informarse mediante el mecanismo de la consulta previa sobre un proyecto en etapa de exploración, con datos parciales de impactos insuficiente y no reales, y además con baja probabilidad de éxito en su desarrollo, dado que de cada 1,000 prospectos sólo 100 de ellos llegan a la etapa de perforación y de estos solo uno llegará a ser una mina.