Por Carla Puente
Socia de Impuestos de EY Perú
Actualmente, el horizonte minero en Perú es incierto. Si bien tenemos proyectos importantes a punto de entrar en producción, vemos pocos nuevos proyectos que involucren grandes inversiones y tengan el potencial de generar más ingresos en el futuro.
Esto es preocupante, pues los proyectos mineros no son eternos, sino que culminan junto con el agotamiento de sus recursos. Mantener una activa cartera de proyectos mineros en exploración y construcción es esencial para que esta industria obtenga de manera sostenida los recursos que nos ayuden a superar las grandes brechas que enfrentamos como país.
En ese sentido, para lograr atraer nuevos proyectos debemos mejorar nuestro nivel de competitividad, es decir, convertirnos en un país donde invertir sea más rentable o atractivo que en otros.
Desde un punto de vista fiscal, la competitividad no solo se obtiene otorgando beneficios o exoneraciones, ya que esta no solo debe entenderse como recaudar menos impuestos, sino que se deben sentar reglas razonables y claras, además de la garantía de que su aplicación será uniforme, sin cambios de criterio.
Lamentablemente, para mejorar nuestra competitividad en materia fiscal no solo requerimos una mejor regulación (urge la revisión de reglas básicas como la amortización de gastos de desarrollo y de cierre de minas, que actualmente no son compensables con los ingresos que el proyecto genera), es necesario también robustecer la seguridad jurídica.
Así, los constantes cambios de criterio en la interpretación de normas restan predictibilidad sobre cuáles son las reglas fiscales aplicables a los proyectos y, evidentemente, la variable fiscal es de suma importancia al momento de determinar la rentabilidad que tendrá una inversión.
El cambio de criterio que tuvieron Sunat y el Tribunal Fiscal cuando interpretaron que la estabilidad tributaria alcanza únicamente al monto de la inversión contenido en el Estudio de Factibilidad y no a la totalidad de inversiones ejecutadas en un proyecto minero ha afectado la competitividad del sector, pues vía una nueva interpretación de una norma que no había sido materia de modificación se establecieron limitaciones a garantía de estabilidad que, habiendo sido materia de fiscalización en el pasado, no habían sido advertidas a lo largo de la aplicación del régimen desde su creación.
Urge entonces que el Estado revise la normativa vinculada a este tipo de regímenes de garantías y los reformule de tal manera que las normas sean claras y de fácil aplicación e interpretación, tanto por los inversionistas como por la Administración Tributaria.
Ejemplos como este hay varios, como los cambios de criterio sobre la diferencia de cambio, la deducción de pagos por contratos cesión minera y la tributación de contratos de asociación en participación.
Entonces, para poder acelerar las inversiones mineras, desde una perspectiva de mejora de la competitividad en materia fiscal, es sumamente importante poder otorgar a los inversionistas la tranquilidad de la seguridad jurídica, de modo que tengan la posibilidad de ejecutar sus proyectos con la seguridad de que las principales reglas no podrían ser variadas debido a cambios de criterio.