Conversamos con el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y miembro del Comité Organizador de PERUMIN 35 Convención Minera, sobre los grandes desafíos de la minería peruana en una coyuntura económica y social agitada.
Después de Quellaveco, los expertos advierten que las inversiones mineras caerán por la falta de proyectos de gran envergadura. En ese contexto ¿cuáles considera son los principales retos que enfrenta la minería para proyectar sus inversiones al 2030?
Un aspecto prioritario para recuperar nuestra competitividad es establecer una clara política de desarrollo de largo plazo para la minería peruana, generar confianza y estabilidad para que el Perú recupere su atractivo como destino favorable para las inversiones. Esta es una labor que requiere de un gran compromiso por parte de las autoridades y del Gobierno, al que invitamos a ver a nuestra industria como una aliada para sacar adelante las inversiones que necesita el país.
La minería y sus servicios aportan 9% del PBI nacional, 60% de las exportaciones totales y 14% de impuestos en un país que lucha por disminuir una informalidad de más del 77%. Una informalidad que si bien genera ingresos lo hace de manera precaria, con baja productividad y desconociendo derechos laborales. El desarrollo del país y la puesta en valor de sus recursos de manera sostenible merecen y requieren de un compromiso político, económico y ciudadano. Pero, paradójicamente, la minería en el Acuerdo de Gobernabilidad y la Política Nacional no tiene lugar. Una vez definida esta política de respaldo a la industria, hay que abordar aspectos fundamentales como la conflictividad social, que mantiene paralizados importantes proyectos de inversión, o que han generado disturbios en contra de grandes operaciones.
Frente a ello, debemos generar alternativas para una distribución más efectiva de los recursos del canon y las regalías y, a su vez, proporcionar a los gobiernos regionales y locales mecanismos para agilizar sus inversiones públicas en beneficio de la población. Otro aspecto fundamental es agilizar los procesos y permisos para el desarrollo de nuevos proyectos, tanto de construcción minera como de exploraciones. Alternativas como la ventanilla única o el silencio administrativo positivo permitiría agilizar el desarrollo de estos.
El Perú tiene una cartera de proyectos mineros cercana a los US$ 60,000 millones listos para ejecutarse durante la próxima década. ¿Cómo podría beneficiar al sector minero energético, al país y la ciudadanía en general la puesta en valor de estos proyectos?
En efecto, activar las inversiones mineras en cartera es una oportunidad de desarrollo para el país; no solo para la industria minera. De acuerdo con un estudio desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD), presentado en el marco de las actividades de Rumbo a PERUMIN, se identificó que la activación de estos proyectos en cartera contribuiría a reducir la pobreza en 12 puntos porcentuales al 2031. De igual manera, se estima que permitirían generar recursos fiscales para el país por más de S/ 80,000 millones en diez años y se generarían más de 3.8 millones de puestos de trabajo nuevos, directos e indirectos, en el país. Este impacto se logra gracias a toda la cadena productiva que impulsa un proyecto minero: movimiento logístico, desarrollo de infraestructura, movilización de grandes cantidades de personas, actividades de servicios, construcción mecánica, entre otros.
¿Cuáles proyectos en cartera considera claves para este y el próximo año?
Lamentablemente, los grandes proyectos mineros como Tía María o Conga han sido postergados hacia el final de la década, por falta de condiciones sociales y administrativas para su desarrollo. Proyectos de gran envergadura como La Granja (US$ 5,000 millones), El Galeno (US$ 3,500 millones) y Los Chancas (US$ 2,600 millones) también han sido postergados. Este último, además, ha sufrido el incendio de su campamento por parte de grupos violentos. Desde luego, necesitamos retomar el ritmo de las inversiones en el país y no postergar la ejecución de proyectos que son muy significativos para fomentar el bienestar en el Perú.
Una serie de medidas se han impulsado durante el actual Gobierno del presidente Pedro Castillo: eliminar la tercerización laboral, la reforma al código laboral, o colocar nuevos impuestos a la minería. ¿Cómo afectarán estas medidas al futuro del sector?
Se trata de medidas preocupantes no sólo para la industria minera, sino para la economía de todo el país. Por un lado, tenemos esta norma contra los servicios de tercerización que ha puesto en riesgo millones de puestos de trabajo, así como la vigencia de múltiples empresas medianas y pequeñas que brindan servicios diversos a las grandes industrias. La minería, por ejemplo, por la diversidad de temas que involucra nuestra actividad (asuntos ambientales, sociales, legales, tributarios, construcción, mecánica, servicios, etc.), es una de las que más demanda servicios especializados, pues contribuyen a una mayor eficiencia y productividad. Muchas de estas empresas que contratamos, que han surgido en provincias y se han forjado de cero, estarían condenadas a desaparecer debido a las prohibiciones que establecen estos decretos. Respecto a las reformas tributarias, consideramos que el desafío del Perú no está en incrementar la carga tributaria, que ya es una de las más robustas a nivel mundial. El desafío es ampliar la base de contribuyentes, impulsando a una mayor formalización, y tener mecanismos de inversión pública y distribución de recursos más efectivos.
¿Cómo se han tornado las perspectivas de los precios de los metales? ¿Qué elementos influyen en esta percepción?
Aunque aún se mantienen los índices de precios altos, recordemos que estos aspectos son cíclicos. De hecho, se viene experimentando una baja de precios a raíz de una menor demanda de minerales por parte de China, que tomó medidas radicales de confinamiento por la nueva ola de la COVID-19, así como por la guerra entre Rusia y Ucrania. Si estamos aun mitigando los efectos de esta crisis internacional, es porque tenemos una amplia gama de minerales que demanda el mundo: cobre, oro, plata, zinc, hierro, etc. Por ello, reiteramos, urge activar los proyectos mineros que tenemos en cartera para mantener nuestro alto flujo de ingresos y nuestra variada oferta de minerales. Debemos prepararnos para cuando se inicie el proceso de reactivación económica global y haya un incremento en la demanda de los recursos que nosotros poseemos.
¿Qué se está trabajando para prevenir la conflictividad social?
En el último año, los conflictos no solo se han incrementado, sino que además se han radicalizado. Medidas como la toma de terrenos de Las Bambas, el corte de agua a toda la población de Cuajone (trabajadores y familiares) y el incendio del campamento de Los Chancas merecen respuestas urgentes, efectivas y estratégicas. Necesitamos un mayor involucramiento de las autoridades en los procesos de diálogo, pues el Estado debe ser garante de la seguridad de los ciudadanos y del resguardo de la institucionalidad, así como del cumplimiento de los acuerdos que logren las partes involucradas en una mesa de diálogo.
Sobre todo, necesitamos un Estado con presencia mucho más efectiva en los territorios con oportunidades de generar inversión minera. Un Estado presente y efectivo es imprescindible para garantizar una mejoría de la infraestructura pública y de la calidad de servicios de salud, educación y fortalecimiento institucional para el desarrollo humano. Nadie puede reemplazar el rol del Estado, ni las organizaciones no gubernamentales, ni la cooperación internacional, ni las empresas.