Los conflictos sociales se han convertido en un problema recurrente para el normal desarrollo de los proyectos y actividades del sector minero energético. Sus efectos negativos, en términos comerciales y operativos, también tienen graves consecuencias para los intereses de la economía peruana, el erario nacional y las obras de infraestructura que se financian con los recursos de la minería.
Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores y exministra de Desarrollo e Inclusión Social; Raúl Molina, exviceministro de gobernanza territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; y Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur, analizan esta compleja coyuntura y brindan sus recomendaciones a partir de sus conocimientos y experiencia.
Impacto y causas complejos
“Los conflictos sociales afectan directamente al desarrollo del sector minero energético, ya que generan confrontación entre la población y las empresas, retraso y paralización de las operaciones [de las empresas], afectación al empleo local y nacional, menor recaudación de impuestos, y un perjuicio a la inversión pública, con la consecuente generación de más empleo por estos proyectos”, afirma la directora de Videnza.
Pero, más allá de los impactos en las ventas y los ingresos de las empresas, “el impacto principal es la incertidumbre que los conflictos sociales generan alrededor de una actividad como la minería que justamente, necesita certidumbre de largo plazo”, agrega Molina.
Sobre el origen de estos conflictos, Bustamante considera que el Gobierno no tiene una estrategia de prevención de la conflictividad social. Por el contrario, está cosechando lo que sembró. “Durante la campaña ofrecieron a las comunidades de los entornos mineros que se cumpliría con sus demandas a las empresas. Eso generó gran expectativa y, por ello, las demandas han ido incrementándose, llegando en algunos casos a demandas absolutamente transaccionales, sumado los actos de violencia, la invasión de la propiedad privada y creándose mesas de diálogo que abren espacios para nuevas demandas, cuando aún se tienen compromisos pendientes”, manifiesta la ejecutiva.
Para Molina, parte de la solución está en monitorear de cerca las dinámicas sociales en los territorios con mayor recurrencia o riesgo de conflictividad, y priorizar la atención de sus principales déficits de infraestructura y servicios, así como promover oportunidades de desarrollo económico en aquellos lugares.
“En la respuesta a los conflictos en crisis, [hay que] acercarse prontamente a las autoridades, dirigentes y poblaciones locales involucradas, articular al conjunto de agentes del Estado que deben contribuir a dar respuesta a las demandas ciudadanas, así como asegurar que las empresas cumplan sus compromisos y los estándares ambientales y sociales establecidos”, afirma el experto.
Y, ante la inefectividad del Estado para cumplir con los compromisos que sus representantes suscriben en los espacios de diálogo y negociación de los conflictos sociales, “es fundamental que el Estado fortalezca sus capacidades de seguimiento del cumplimiento de los compromisos que asume en espacios de diálogo”, asevera.
¿Basta la eficiencia?
“La Ley del Canon ha cumplido 20 años. Han fluido miles de millones de soles de canon y regalías y los resultados observables no corresponden con ese volumen de recursos”, comenta Molina.
Para el experto, por un lado, el canon y las regalías, como todos los recursos públicos, sufren de una hiperreglamentación que no favorece una ejecución eficiente de recursos. “Si a ello sumamos bajos salarios, alta rotación de personal directivo y capacidades desiguales en las administraciones subnacionales, además de la corrupción existente, no nos sorprendamos de los magros resultados”, apunta.
Por ello, para el experto, resolver esas limitaciones no va a lograrse solo con reformas del canon y las regalías. “No obstante, sí son posibles algunas medidas para mejorar su efectividad: ecualizar el flujo de recursos en el tiempo, flexibilizar el uso de un porcentaje para la gestión de los recursos, diseñar instrumentos que posibiliten incorporar en los proyectos el financiamiento de periodos de operación y mantenimiento de los servicios resultantes, y asociar incentivos al buen uso de los recursos”, plantea.
Para Bustamante, “las demandas de las comunidades son diversas y en las zonas cercanas a las unidades mineras están relacionadas con acceso a trabajo directo en la mina, a brindarle servicios, y en varios casos al acceso a fondos permanentes para que las comunidades o distritos definan los usos que se les darán”. Pero, en las comunidades que se encuentran en zonas más alejadas de las minas, y que forman parte del mismo distrito o provincia donde se extrae el mineral, las demandas están relacionadas con acceso a proyectos productivos o de cierre de brechas en servicios que no tienen cómo cubrirlos, ya que el Estado no los ha atendido.
En el libro Propuesta del Bicentenario: Rutas para el Desarrollo Regional, editado por Videnza, se ensayan algunas salidas: ajustar los procesos y el propio Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, a fin de contar con líneas de base que generen que el Estado, en sus diferentes niveles, ingrese a los territorios a atender las demandas válidas de atención, previo al inicio de las operaciones mineras. Asimismo, priorizar la planificación multisectorial del desarrollo de la minería, ya que ello permitirá que todos los sectores trabajen para garantizar las condiciones necesarias para el inicio de las inversiones.
En ese sentido, Bustamante considera que hay un tema central: qué tipo de compromisos se asumen y cuáles son los objetivos y metas para lograr. “Que no sean compromisos sueltos, sino que contribuyan al desarrollo del territorio y beneficien a la población con una base de prioridades concertadas”, asevera.
Para Molina también es necesario reforzar la presencia descentralizada del sistema institucional de prevención y gestión de conflictos sociales, y su relacionamiento con los actores del territorio; fortalecer el recojo y tratamiento de información de inteligencia para mapear los intereses más relevantes en juego; la coordinación entre los órganos de gestión social de las entidades del Poder Ejecutivo y la capacidad del Estado de cumplir sus responsabilidades de política pública en los territorios de mayor recurrencia o riesgo de conflictos sociales.
Más allá de ello, sostiene, la alternativa real para prevenir los conflictos sociales en el país es reducir situaciones de desigualdad, donde poblaciones con notables déficits de calidad de vida y oportunidades de desarrollo convivan con actividades económicas altamente generadoras de ingresos privados y muy relevantes para la generación de ingresos públicos, como la minería. “Frente a esas situaciones es necesario adelantarse y ofrecer a la población alternativas efectivas y sostenibles de mejora de su calidad de vida, incluso desde antes del inicio de operaciones mineras. Ello requiere impulsar estrategias de desarrollo inclusivo con enfoque territorial que articulen los recursos y capacidades del Estado, el sector privado, la sociedad territorial y la academia”, argumenta.
Institucionalizar el diálogo
Gonzalo Quijandría, de Minsur, sostiene, bajo su perspectiva, que el país tiene la necesidad de institucionalizar el diálogo como mecanismo que permita superar las diferencias y alcanzar consenso entre el Gobierno, la empresa privada y las comunidades. Estas últimas “tienen una agenda pendiente de demandas sociales insatisfechas, cuya atención es responsabilidad directa del Estado”, afirma.
Una oportunidad que rescata Quijandría proviene de la experiencia minera de la última pandemia. Allí, las empresas mineras llevaron a la práctica el trato directo con las comunidades, a través de la comunicación, para exponer los alcances de sus proyectos en procesos de participación ciudadana y también por la vía del diálogo sincero, transparente y abierto.
“En pandemia las empresas dijeron a las comunidades: ‘cuentas conmigo’. Y las empresas pusieron estándares de seguridad que teníamos en la mina, también en beneficio de la comunidad, mediante el diálogo, la confianza y comunicación permanente. El mejor ejemplo fue llevar plantas de oxígeno a distintos lugares y que los sistemas de salud no se vieran colapsados en zonas mineras, resolviendo un problema común y con esa experiencia deberíamos sentarnos para ver como traer más recursos para las comunidades en las zonas donde se generan”, enfatizó.
Para ello, “la mejor manera de descentralizar los recursos es descentralizar las decisiones”, afirma. Y destaca como reglas fundamentales de los procesos de diálogo en el sector, el hecho de “no poner el dinero por delante, sino la relación, los problemas de las personas y sus preocupaciones; mientras que lo segundo es la necesaria presencia del Estado para que el diálogo (con las comunidades) sea institucionalizado y genere relaciones de confianza”.
Asimismo, el experto observó que es complejo solucionar temas que ya transitaron de la preocupación comunitaria hacia un aspecto político nacional. “En la empresa, un problema se puede manejar con quienes están preocupados por el bienestar de la comunidad, de la población aledaña a la mina y los impactos reales o perceptivos que puedan existir, mediante el diálogo y la comunicación; pero en temas como el respeto al Estado de Derecho, que requieren soluciones políticas, la situación es más complicada. Y la tienen que resolver los políticos”, concluyó.