Por Álvaro Ríos, Socio director de Gas Energy Latin America*
Nuevos y variados escándalos de corrupción y ejecución de enormes e ineficientes proyectos, ejecutados por empresas estatales de energía en toda Latinoamérica, continúan revelándose día a día.
Nos adherimos al sentimiento que existe para mantener a nuestras empresas estatales y la decisión de hacerlo es algo soberano. Empero, si se decide mantenerlas es para que se tornen en sólidos pilares económicos en el largo plazo. Para ello, debemos imprescindiblemente tratar de blindarlas del poder político de turno.
Blindadas y dejándolas actuar en forma corporativa, con competitividad e independencia trae un alto valor para los países y pueden romper acuerdos de control de mercado; estudiar proyectos estratégicos para el país y apoyar a muy frágiles ministerios de Energía; participar en proyectos que se consideren rentables, solas o asociadas y allí donde los privados no deseen participar; y generar utilidades e impuestos para los países.
¿Cómo blindarlas? Sus directorios deben estar compuestos por miembros estatales (ministerios, etc.) y por instituciones independientes y los requisitos profesionales y responsabilidades claramente establecidos para su designación y nombramiento. Mejores resultados se observan cuando los independientes son mayoría.
Este directorio o el presidente del país pueden elegir al presidente de la empresa, de una terna propuesta por una empresa caza talentos (recursos humanos), con requisitos claramente establecidos. Esto le otorga un gobierno corporativo que no responde necesariamente a los designios y caprichos del poder político de turno y es el derrotero para que sean sustentables y robustas.
En Brasil, Petrobras, la empresa abanderada de la región, poco a poco viene saliendo del abismo, privatizando varios inoperantes activos y muchos construidos con sobreprecio. La corrupción vapuleó a Petrobras por varios flancos.
En Venezuela, un exministro y presidente de PDVSA se encuentra prófugo. Se le imputan muchos delitos. Esto es solo la punta del iceberg y es inaudito para un país sumido en la pobreza y caos económico.
En Ecuador, se construyeron ocho proyectos hidroeléctricos sin estudios serios técnicos ni de mercado. El Estado ha iniciado una auditoria internacional para detectar carencias técnicas, operacionales y de mercado en la infraestructura ejecutada por PetroEcuador (refinerías Esmeraldas y del Pacífico, planta de licuefacción de gas Bajo Alto, poliducto Pascuales-Cuenca y complejo de GLP de Monteverde). Si a lo anterior sumamos los múltiples escándalos de corrupción que se han desnudado, la ecuación ante el ciudadano de a pie se torna grotesca e inadmisible.
Hay mucho más para analizar en otras empresas estatales de energía en la región.
Ineptitud y corrupción al momento de encarar proyectos e inversiones que ejecutan las empresas del Estado son nefastas para el bienestar económico de los países en el largo plazo. ¿Será que el Estado empresario no funciona? ¿Sera que podemos blindar a nuestras empresas del poder político de turno? Los lectores tienen la última palabra.
En Bolivia, se acaba de aprobar e incentivar el marco legal para que se puedan concebir proyectos e inversiones bajo un régimen de Asociación Publico Privada y dejar de lado que el Estado continúe gestando empresas por sí solo. Un paso mucho más adecuado, a nuestro entender, dentro esta temática.
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