La propuesta de homologación de plazos de los contratos de concesión de petróleo y gas natural asociado (30 años) con el plazo de los contratos de gas natural no asociado (40 años) es oportuna y conveniente para los intereses del país, coincidieron expertos consultados por Desde Adentro.
Ello, en vista de que los proyectos de inversión del sector hidrocarburos —necesarios para lograr el incremento de la producción nacional— requieren del mismo horizonte de largo plazo para estimar sus retornos.
Además, aseguran, se despejaría la incertidumbre que existe por el inminente vencimiento de seis contratos de explotación de la cuenca noroeste del Perú, que revertirán al Estado a partir del cuarto trimestre del 2023 y que podrían generar un “efecto bache” en los ingresos de canon y regalías de la región Piura.
De inversiones y razones
Según información de Perúpetro, la institución encargada del manejo de los contratos de explotación y exploración de hidrocarburos en el Perú, los seis contratos petroleros que están por vencer tienen inversiones acumuladas por US$ 2,906 millones en el periodo 1993-2021, el 15% de las inversiones totales del sector de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.
Alberto Varillas, socio del estudio García Sayán Abogados, afirmó que no existe ninguna razón técnica que justifique que los contratos de hidrocarburos tengan un plazo de 30 años para la explotación de petróleo crudo, y 40 años para los de gas no asociado y sus condensados. “Históricamente, se ha hecho esta diferencia, pero no hay un sustento que la valide y tener plazos iguales permitiría una mejor planificación y ejecución de las operaciones e inversiones vinculadas”, comentó.
El experto explicó que tener plazos distintos —uno para el petróleo y otro para gas— resulta problemático en vista de que existe la posibilidad de tener a dos contratistas actuando juntos en una misma área para producir hidrocarburos distintos, situación que puede generar problemas administrativos, operativos y hasta de seguridad.
“Para el cambio de plazos de los contratos se requiere una Ley mediante la cual el Congreso modifique el artículo 22° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Desafortunadamente, esto no se logró en la legislatura anterior. La idea era efectuar la modificación para futuros contratos y permitir que los actuales se extiendan a cambio de un programa de inversiones que se ejecuten, incluso, desde antes de la ampliación del plazo. Si esta última opción ya no va a darse, igual se debería insistir con la modificación para hacer más atractivos los contratos que Perúpetro ofrezca en los próximos años”, aseveró.
La diferencia en la historia
Por su parte, Carlos Gonzales, director gerente de Enerconsult, recordó que el origen de esta diferencia en los plazos inicia en el tratamiento que recibió el proyecto Camisea.
En 1979, refiere, se promulgó el Decreto Ley N.° 22774, que aprobó las bases para los contratos petroleros, cuyo numeral 5.2 estableció que el plazo del contrato sería de máximo 30 años, y que no distinguía plazos por tipos de hidrocarburos. Eran 30 años para explotar petróleo y gas. Luego del hallazgo del gas de Camisea y su declaración como descubrimiento comercial, en diciembre de 1987, se dio la Ley N.° 24782 que modificó este numeral, agregándole un párrafo que establecía que la explotación de los contratos de gas natural podía ser de más de 30 años, pero no de más de 40 años.
“La disparidad de plazos se produce cuando se dio la Ley N.° 26221 —la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos— que recoge, equivocadamente, los dos plazos diferentes de 30 años para petróleo y de 40 años para gas natural de la Ley anterior”, enfatizó.
Así, se establecieron dos plazos diferentes en un mismo contrato, sin prever lo que pasaría cuando un contrato en el que se produce petróleo y gas natural no asociado llegue a los 30 años. “En teoría, un contratista soltaría pozos y yacimientos que producen petróleo, reteniendo por diez años más los que producen solo gas natural. Una situación absurda”, aseveró.
