El mensaje presidencial de Fiestas Patrias suele hacer un balance de lo avanzado en las políticas públicas y lo pendiente, es decir, los desafíos que el Estado propone a sus ciudadanos para el año siguiente.
El país requiere de estabilidad política y jurídica, así como fijar una agenda clara de promoción de la inversión privada si queremos revertir la desaceleración de la economía nacional.
Hay que poner fin a la incertidumbre que se ha apoderado del Perú y a las políticas erráticas que se promueven como, por ejemplo, las normas laborales que son aprobadas sin pasar por los espacios de diálogo establecidos, creando solo zozobra en todas las actividades productivas.
En la agenda nacional debe primar la reactivación económica y la generación de empleo formal. Y en ese reto, el rol del sector minero energético tiene una gravitante importancia por su aporte y desarrollo descentralizado.
Con 7.5 millones de peruanos dependiendo directa o indirectamente del trabajo que generan las empresas minero energéticas, su contribución debe estar fuera de toda duda. Y más si incluimos el peso de los tres sectores en las exportaciones (70%), impuestos pagados por las empresas (42%); y lo que representa en la inversión privada (23%) y en el PBI (12%).
Por eso, también resulta prioritario superar los conflictos sociales para que el sector minero energético que es una industria competitiva, formal y que se maneja con criterios de Buen Gobierno Corporativo, continúe apalancando el desarrollo sostenido del Perú.
A su vez, es necesario atender la agenda pendiente del sector de hidrocarburos para superar la crisis que enfrenta; y para ello, se requiere de medidas urgentes que impulsen un marco regulatorio promotor, transparente y predecible. Solo así se alentarán las inversiones, la sostenibilidad y la competitividad.
Nuestras autoridades tienen la palabra. Los empresarios estamos comprometidos y dispuestos a seguir aportando al progreso del país y de todos los peruanos.