La histórica ausencia, permisividad y desatención del Estado a las demandas de las poblaciones que radican en las zonas más alejadas del país y que exigen servicios básicos para mejorar sus condiciones de vida constituyen la causa principal de los conflictos sociales desatados en distintas regiones.
Ese fue el consenso de los expositores y panelistas que participaron en el conversatorio “Análisis de conflictos socio ambientales mineros y alternativas de solución”, que organizó el legislador Ernesto Bustamante, en el Congreso de la República.
Con paneles sobre “El rol de los actores de los conflictos sociales”, “Retos y desafíos de la gestión social en el sector minero energético” y “Medidas para prevenir la conflictividad social”, el conversatorio sirvió para dar algunas propuestas ante la situación que atraviesa el sector minero energético. Aquí resumimos algunas de ellas.
Expectativas y cierre de brechas
“Las demandas sociales tienen que ver con la provisión de servicios públicos y el Estado evidencia debilidad para manejar esos temas”, comentó el sociólogo José Miguel Flórez, gerente de Gestión Social de la mina San Rafael, de Minsur. Prueba de ello, afirma, es el embalse de compromisos no atendidos por el sector público en las mesas de diálogo con distintas comunidades, demostrando la poca capacidad del Estado para brindar servicios básicos.
Ante este tipo de carencias Fernando Cillóniz, empresario y exgobernador regional de Ica, planteó la creación de una institución autónoma y descentralizada, con participación de las comunidades, por ejemplo, que brinde servicios de agua potable y alcantarillado, recoja la basura de las ciudades con profesionalismo y tecnología, y que, a la par, brinde servicios de salud y educación.
De esta manera, podría crearse un mecanismo de servicios por impuestos. “Creo en las Obras por Impuestos: un mecanismo que debería extenderse a los servicios”, comentó. Así, las empresas mineras y de todos los sectores —aparte de hacer colegios, postas médicas, comisarias, carreteras y puentes a través de Obras por Impuestos— podrían acceder a un nuevo mecanismo para invertir y operar sistemas de agua potable, hospitales y escuelas públicas a cambio del pago de sus contribuciones fiscales.
A su turno, Betty León, directora ejecutiva de la consultora ambiental Ingcam, comentó que el procedimiento de participación ciudadana, vigente desde hace 14 años, requiere de mejoras y de la actualización de su reglamento, con el aporte de los colegios profesionales y de la academia. Entre ellas, que la duración de los talleres y audiencias públicas de los proyectos permita hacer una explicación mayor y pormenorizada, dirigida a las comunidades, pues su desarrollo en una sesión de dos a tres horas no resulta suficiente.
Prevención y seguimiento
Precisamente por ello, surge también la idea de generar espacios de diálogo preventivo y participativo con las comunidades. “De esta manera, podremos compartir la visión de los beneficios que genera la minería, pues la gente no tiene esa sensación”, comentó Eleonora León y León, directora ejecutiva de la Asociación Unacem y exdirectora de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). “Necesitamos un mayor trabajo en materia de prevención de conflictos sociales entre todos los actores involucrados, a partir de una eficiente articulación de roles entre las diferentes instituciones del Estado”, propuso.
Y tras la firma de acuerdos con las comunidades, “hacer seguimiento a los compromisos, que es tan importante como lograrlos”, indicó. La creación de Comités de Seguimiento puede dar continuidad a estos procesos y velar por el real cumplimiento de los compromisos.
La importancia del talento
En su presentación, Fernando Castillo, consultor y también exdirector de la Oficina de Gestión Social del MINEM, destacó, entre otros temas, la importancia de los funcionarios que deben ocupar los puestos claves de la Administración Púbica para resolver los conflictos.
Pero no solo eso, pues invocó una mayor presencia de gestores y promotores sociales en las regiones para que el Gobierno disponga de información oportuna en la toma de decisiones y que generen las condiciones que promuevan más inversiones en el sector minero.
A su turno, Evelyn Torres, consultora en gestión social y desarrollo sostenible y exasesora del MINEM y del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que tener funcionarios competentes y capacitados para resolver diferentes situaciones permitirá superar la percepción de debilidad estatal ante los conflictos.
Comunicación para las comunidades
Como la desinformación es una de las causas de la conflictividad, León y León señaló que la comunicación es clave para superarla. “Hagamos de la comunicación una herramienta estratégica para que las personas sean aliadas de una visión compartida en el desarrollo de los proyectos mineros”, añadió. En ese sentido, destacó el fortalecimiento de los mecanismos de quejas y reclamos por parte de las empresas para canalizar cualquier inquietud que surja de la población.
José Salazar, fundador de la consultora de reputación y comunicación Proel, instó a las empresas a mejorar aún más sus procesos de comunicación con sus grupos de interés, aunque reconoció que la minería maneja altos estándares, debido a la fiscalización y supervisión del Estado, de los organismos internacionales y de sus propios accionistas.
“La tragedia es que las propias poblaciones alrededor de las operaciones [mineras] desconocen los impactos positivos o negativos de ellas y las medidas de mitigación [que se implementan]”, afirmó Salazar. Para el experto, esta situación propicia que las percepciones se alimenten de mala información en una coyuntura de desconfianza. “La falta de confianza genera conflictos, la falta de comunicación también”, expresó.
En esa línea, refirió que el Estado debe promover el conocimiento de las leyes, de los permisos y de las licencias que otorga a las empresas, comunicándolos con mayor anticipación, y no cuando las empresas ya están a punto de iniciar sus trabajos. “La comunidad —además— tiene que saber cuáles son sus deberes o derechos respecto de su territorio y el subsuelo”, anotó. Ello, mientras que las empresas tienen el deber de comunicar cuál es el impacto de sus operaciones, de los beneficios que trae la inversión que realizan y de los proyectos de responsabilidad social que ejecutan.
Campañas de comunicación con un lenguaje claro y empático para las comunidades y el hombre y la mujer del campo son las que mejor funcionan. Solo así, el poblador aceptará que la minería trabaja con altos estándares para cuidar el medio ambiente y que quiere el tan ansiado desarrollo al que todos aspiran.
