Solo en el sector minero, el 72.3% de la participación total del empleo es generado por empresas contratistas mineras y empresas conexas, según el último Boletín Estadístico Minero. Estas mismas compañías —2,069, precisamente— se verían impactadas ante la reciente decisión del Ministerio de Trabajo de eliminar parcialmente la tercerización laboral. Es más, una parte de los 1.8 millones de peruanos que lograron preservar sus puestos de trabajo en el sector minero durante la pandemia de la COVID-19 están en peligro de pasar a otra condición laboral: la informalidad o el desempleo.
“Esta medida va a determinar que un número importante de puestos de trabajo provenientes de servicios que apoyan al sector minero, o bien pasen a la informalidad, o bien sean despedidas, lo que va en contra del espíritu de promoción del empleo que se requeriría de parte del Ministerio del Trabajo”, explica Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía.
La medida, adoptada por el Gobierno, indica Castilla, demuestra un desconocimiento de cómo funciona la actividad minera y las empresas extractivas en general. Una opinión no muy distinta, de hecho, a la que expresó el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, quien señaló que “atentar contra la tercerización es una locura” y demuestra una “pobre comprensión de la economía”.
Castilla explica que de los más de 220 mil empleos directos que genera aproximadamente la minería, tres cuartas partes provienen de empresas especializadas o de intermediación laboral. “Cambiar el marco normativo atenta contra la competitividad de las empresas y no tiene ningún tipo de beneficio. Más bien crea una serie de problemas en un momento en que la economía está en un proceso de recuperación incipiente”, afirma.
Hidrocarburos
Pero el impacto va más allá del sector minero. Ya lo advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE): el cambio en la tercerización no solo elevaría las tarifas de electricidad y combustibles, sino que, además, significaría una pérdida de competitividad de las empresas que operan en el país al tener que asumir el sobrecosto que implicaría la eliminación de la tercerización.
Para el abogado laboralista Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, la medida planteada por el Gobierno es, además, anticompetitiva y antiproductiva. “Anticompetitiva porque somos menos atractivos comparados regionalmente. Antiproductivos porque al obligar a la empresa a hacer algo en lo que no es especialista va a generar ineficiencias”, refirió.
“Por ejemplo —dice Toyama—, si una petrolera necesita una especialista mundial en perforación, resulta que ya no lo puede contratar. Tiene que buscar su propio especialista y le va a salir más caro. Todas esas habilidades técnicas y ese conocimiento lo facilitan las empresas globales [a las que se subcontrata]”, señala.
Electricidad
El reglamento de la norma también es inconstitucional, comenta Toyama: “Limita la libertad de contratación y la libertad de empresa. Un reglamento no puede impedir que una empresa contrate a un tercero especialista”. También afirma que es ilegal, “porque hay una Ley de Tercerización que permite tercerizar cualquier actividad, inclusive nuclear, y no establece restricciones. La ley manda sobre el reglamento”.
Añade Toyama que el Decreto Supremo carece de fundamentos técnicos para eliminar la tercerización de actividades en la prestación de servicios públicos, como es el caso del sector eléctrico. “Todos los meses una empresa tercerizada se dedica a medir el consumo de energía y con eso se cobran esos servicios. Dicha actividad no es nuclear, y estas empresas, además, prestan servicios a otros sectores: miden luz, gas, agua, y se van a volver ineficientes en sus procesos”, señaló.
Además, el abogado aseguró que los más afectados serán los usuarios, pues la falta de eficiencia podría propiciar un aumento en las tarifas de electricidad, tal como ya lo advirtió la SNMPE.
Fiscalización
Los expertos coincidieron en que la medida planteada por el Ministerio del Trabajo no apunta al problema de fondo: la falta de fiscalización estatal. “A nivel nacional, menos del 20% de las empresas están sujetas a inspecciones laborales. Más bien se requeriría mejorar la fiscalización, mas no hacer más rígida la normatividad laboral, que de por sí en el Perú ya es bastante rígida comparada con otros países”, refiere Castilla.
“Desde el frente económico —concluye Toyama— casi todos los países de la región y de la OCDE permiten la tercerización de las actividades nucleares. Solo México y Ecuador a nivel regional lo prohíben. Colombia, Chile, Brasil, por ejemplo, pueden tercerizar actividades principales y nucleares. Lo que debe hacer el Estado es inspeccionar, fiscalizar”.