La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para reforzar la seguridad y optimizar la regulación del sector de explosivos de uso civil en el país.
Este acuerdo establece mecanismos de colaboración para el análisis normativo, la capacitación de especialistas y el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la trazabilidad, almacenamiento y comercialización segura de explosivos.
En una ceremonia oficial, el Superintendente Nacional de la Sucamec, Gral. PNP (r) Teófilo Mariño Cahuana, destacó que la cooperación entre instituciones públicas y privadas es clave para diseñar políticas públicas efectivas. “Este convenio nos permitirá consolidar estrategias para afianzar nuestras acciones que impactarán en el fortalecimiento del marco normativo del sector explosivos en el Perú”.
El gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio Castillo, resaltó que la minería es una actividad fundamental en el Perú con una demanda constante de explosivos. En ese sentido, señaló la importancia de fortalecer la trazabilidad y los aspectos técnicos en su manejo.
Acuerdo fortalece desarrollo seguro del sector
El convenio contempla la creación de un Plan de Trabajo Anual y la conformación de Grupos de Trabajo Especializados que permitirán atender necesidades específicas en materia de regulación y fiscalización del sector explosivos.
La SNI, a través de su Comité de Fabricantes de Explosivos, brindará asesoría técnica en temas relacionados, facilitará capacitaciones y compartirá información clave sobre la industria. Además, pondrá a disposición de la Sucamec sus instalaciones para almacenamiento temporal de explosivos y destrucción segura de materiales.
Por su parte, la Sucamec reforzará espacios de formación, así como acciones de prevención y sensibilización relacionadas con la regulación, supervisión y fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
El convenio tendrá una vigencia de dos años y permitirá la ejecución de acciones concretas para fortalecer la seguridad en el uso de explosivos en el país.