La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP) llevó a cabo el evento “Aportes y Propuestas para una Minería Formal y Sostenible, Impulsando la Pequeña Minería y Minería Artesanal”, con el objetivo de analizar propuestas concretas que promuevan la formalización efectiva de este tipo de minería, garantizando prácticas sostenibles y respetando los derechos fundamentales.
Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que en el Perú la gran minería aporta el 89% del valor, pero que la pequeña minería produce el 84% del empleo, exponiéndose a la informalidad por falta de políticas e incentivos económicos.
Posteriormente, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, presentó diez propuestas para la formalización efectiva de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE), por parte del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (ver infografía), que fueron analizadas por un panel de especialistas y funcionarios públicos.
Ante la importancia de la formalización de los pequeños mineros y el impacto negativo de la economía minera informal —tanto en lo económico como en lo social y ambiental—, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, destacó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha cumplido su función, pues ha ayudado a formalizar a una minoría, pero la gran mayoría de operadores mineros a pequeña escala no se han formalizado.
“El hecho de que todo esté en manos de los gobiernos regionales ha contribuido a que esto no funcione, ya que no se han desarrollado los expedientes de formalización minera en las direcciones regionales de Energía y Minas”, aseveró Montero.
Además, el titular del MINEM recalcó que ya se están tomando algunas decisiones para descentralizar las competencias para este proceso. “Hemos empezado a enviar equipos a las regiones. Algunas lo quieren hacer de buen agrado, otras no. Otras, simplemente no desean colaborar con este mandato de descentralizar las funciones de la Dirección General de Formalización Minera, lo cual plantea un desafío”, indicó Montero.
Por su parte, Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que lo que se busca con la Ley MAPE es conseguir una minería formal, que pueda crecer y que sea mucho más productiva con ayuda de la tecnología. “Ese es el objetivo. Hemos sido tolerantes con la informalidad en el país en todas las actividades y en una actividad que enfrenta riesgos como la minería, que implica un trabajo especializado y complejo, debemos ser mucho más escrupulosos”, explicó.
Grossheim agregó que hay que hacer una debida supervisión y legislación de las plantas de beneficio. “No tenemos un reglamento que recoja la dinámica de los comercializadores y productores de oro. Esta cadena de producción y comercialización tiene que estar plenamente trazada con ayuda de entidades como la UIF, Sucamec o el Ministerio de Transporte”, apuntó.
Por otro lado, la ejecutiva resaltó la modificación del delito de minería ilegal y lo determinante de este tema para el correcto desarrollo de la industria minera. “Este es un sector dinámico que requiere una revisión al detalle y continua, compleja de realizarse, sobre todo en la pequeña minería”, finalizó.
En el panel de especialistas también participaron la economista Elsa Galarza, exministra del Ambiente, quien fue la moderadora; Diana Gonzales, congresista y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República; Griselda Zubizarreta, presidenta de la Red de mujeres MAPE Madre de Dios; y Aarón Quiñón, politólogo asociado al Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la UP.
