La región Loreto posee un importante potencial en el sector hidrocarburos gracias a sus vastos yacimientos petroleros y su historia de producción. Según el MINEM, entre 1993 y 2024, Loreto produjo 435 millones de barriles de petróleo, lo que la ubica como la segunda región más importante del Perú en producción de crudo, solo después de Piura. Además, las inversiones en el sector en esta región ascendieron a S/ 9,343 millones, para las actividades de exploración y explotación.
Si bien es cierto las reservas probadas disminuyeron de 203 millones de barriles en 1993 a 111 millones en el 2023, durante los últimos años se han descubierto 337 millones de barriles adicionales, lo que demuestra el gran potencial de hidrocarburos del país. Sin embargo, hay desafíos que superar para promover la llegada de nuevos inversionistas. Para Arturo Vásquez, problemas como la inestabilidad política, la conflictividad social, la ausencia de las instituciones del Estado en las zonas productoras y la falta de nuevas licitaciones han afectado la inversión y el crecimiento del sector en Loreto.
Por su parte, Carlos Gonzales considera que la conflictividad social y la poca efectividad de la acción del Estado se han convertido en una barrera que impide llevar a cabo actividades de hidrocarburos.
En la selva norte, la principal empresa operadora es Petrotal que produce el 50% de la producción nacional de Petróleo. “Sin duda, Petrotal podría hacer más si tuviese el acompañamiento del Estado en sus operaciones. Para atraer nuevos inversionistas —sobre todo para la Selva Norte— es esencial modificar las condiciones contractuales que ofrece Perupetro”, afirma Gonzales.
Como se sabe, Petrotal ha impulsado nuevas perforaciones para incrementar la producción por encima de los 20,000 barriles por día en su campo de Bretaña. Además, ha implementado un Fondo Social destinado a beneficiar a las comunidades locales. “Petrotal proyecta invertir unos US$ 260 millones para ampliar sus operaciones en el Perú en los próximos tres años”, destaca Vásquez.
Medidas para ejecutar el potencial
Para maximizar el potencial de hidrocarburos en Loreto, es fundamental implementar estrategias que fomenten la inversión, fortalezcan la seguridad jurídica y promuevan el desarrollo sostenible. Estas medidas deben estar orientadas a mejorar la competitividad del sector, garantizar la estabilidad regulatoria y optimizar la relación con las comunidades locales.
En ese sentido, Arturo Vásquez destaca cuatro puntos principales que las autoridades deberían considerar con ese objetivo:
- Impulsar licitaciones internacionales. La experiencia de países como Colombia, Argentina, Brasil y México demuestra que la apertura de “rondas de licitaciones” o concursos competitivos y transparentes atraen mayor inversión extranjera y tecnología de vanguardia. Se debe evitar la adjudicación directa de lotes, promoviendo licitaciones con reglas claras que generen confianza en los inversionistas.
- Garantizar la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. La incertidumbre política y la volatilidad en las regulaciones han sido factores que desincentivan la inversión en exploración y producción. Es necesario fortalecer el marco legal y regulatorio para brindar previsibilidad a las empresas, asegurando el respeto a los contratos y condiciones pactadas.
- Desarrollar infraestructura estratégica. La explotación de hidrocarburos en Loreto enfrenta serias limitaciones debido a la falta de infraestructura adecuada. Algunas acciones clave incluyen:
I. Modernización del Oleoducto Norperuano para prevenir derrames de hidrocarburos y garantizar un transporte seguro del crudo.
II. Inversión en terminales de almacenamiento para reducir costos logísticos.
III. Mejoramiento de las vías de acceso y puertos fluviales que faciliten el transporte de materiales y personal. La construcción de nuevos caminos de acceso en la selva permitiría reducir los costos logísticos de las operaciones petroleras.
- Optimizar el uso del canon y sobrecanon petrolero. Entre 1993 y 2024, se han transferido S/ 4,744 millones a Loreto por concepto de canon y sobrecanon petrolero, pero su impacto en infraestructura y servicios básicos ha sido limitado. Es necesario que estos recursos transferidos se utilicen de manera adecuada en infraestructura pública.
Otra medida a implementar es la mejora en las condiciones económicas establecidas en el Perú en los contratos petroleros. “Tenemos las regalías más altas de la región y paradójicamente, con solo cinco (5) contratos de exploración, nuestros contratos terminan a los 30 años y en Colombia se pueden prorrogar en diez años sucesivamente hasta el límite económico”, añade Gonzales.
Riesgos y desafíos para considerar
Un riesgo que también puede afectar el desarrollo del sector es el posible desinterés del sector privado. Esto si el Gobierno opta por insistir con las asignaciones directas a Petroperú (recordemos que la empresa que atraviesa una severa crisis financiera) en lugar de promover licitaciones abiertas y competitivas. Ello no solo afectaría la competencia, sino que también podría limitar el acceso a capital y tecnología de vanguardia.
Asimismo, la incertidumbre regulatoria y política también podrían desalentar las inversiones. “La falta de estabilidad en el marco regulatorio y las decisiones gubernamentales pueden generar inseguridad jurídica para los inversionistas, dificultando la ejecución de nuevos contratos y afectando la planificación de proyectos a largo plazo”, señala Vásquez.
Por último, tenemos desafíos en infraestructura y logística. La explotación de hidrocarburos en la Amazonía enfrenta retos adicionales debido a la falta de construcciones adecuadas, como oleoductos en buen estado, vías de transporte y centros de procesamiento o almacenamiento. Sin mejoras en estos aspectos, la eficiencia operativa y la rentabilidad de los proyectos pueden verse afectadas.
En conclusión: si bien Loreto cuenta con un gran potencial de hidrocarburos, su aprovechamiento dependerá de la implementación de políticas públicas que equilibren la atracción de inversiones con la estabilidad social y ambiental. Además, se requiere de un esfuerzo coordinado entre el Estado, las empresas y las comunidades locales para garantizar que la explotación de estos recursos genere desarrollo sostenible y bienestar para la población.