El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un buen ejemplo de una política pública que buscó corregir un problema con múltiples aristas pero que, a pesar de haber demostrado su fracaso, continúa vigente. Desde Adentro conversó con los economistas Luis Miguel Castilla, Nelson Shack y Diego Macera, quienes dieron su punto de vista sobre las consecuencias de ampliar este controversial mecanismo en la economía del país.
Luis Miguel Castilla, Videnza Instituto: “Es una herramienta mal utilizada”
El Reinfo es un instrumento que ha sido utilizado para encubrir la minería ilegal. Desde su creación en el 2016, de un total de 87,111 mineros inscritos, solo el 2% ha logrado formalizarse, mientras que el 79% ha sido suspendido del proceso de formalización por incumplir con requisitos como no contar con RUC, no poseer un instrumento de gestión ambiental, entre otros.
La extensión del Reinfo desincentivará la inversión formal en el sector minero, pues las empresas formales podrían percibirla como forma de competencia desleal y en la práctica, la “legalización” de prácticas ilegales. Además, podría ser interpretada como una señal de permisividad, incentivando a otros actores a operar fuera del marco legal con la esperanza de futuras exenciones. Esto podría incrementar el número de mineros ilegales e informales, que ascenderían a 430 mil, según estimaciones de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, acentuando las brechas sociales que experimentan las zonas con mayor presencia de minería ilegal.
Según estimaciones propias, el 67% de la población en las zonas con mayor presencia de minería ilegal (Cinturón Minero Norte, Sur Medio y Triángulo Fronterizo Sur) viven en situación de pobreza, muy por encima del promedio nacional.
Por último, considerando la falta de recursos y capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente a los mineros en proceso de formalización, el sistema podría terminar colapsando, perpetuando la informalidad y exacerbando los problemas asociados a la minería ilegal: violencia, degradación ambiental y vulnerabilidad.
Nelson Shack Yalta, excontralor: “La formalización no ha funcionado”
El proceso de formalización no ha funcionado. Solo el 2% de los mineros artesanales y pequeña minería se ha logrado formalizar. Por el contrario, el Reinfo se ha constituido en el mecanismo normativo para proteger y hasta ‘formalizar’ las actividades de la minería ilegal que, junto con otras economías ilegales, penetran el poder público, copando instituciones y autoridades.
El Reinfo no debe ser ampliado por más tiempo porque sería un acto en contra el bienestar colectivo de toda la ciudadanía. Empero, hay que generar una política pública que realmente resuelva el problema de la formalización de la minería artesanal y pequeña.
Con la elección conjunta de todas las autoridades estatales a nivel nacional, regional y local, se deben tomar las medidas preventivas para evitar que parte de los miles de millones de dólares que mueve la minería ilegal terminen financiando las campañas electorales y a través de ese mecanismo, controlar el poder estatal que debe siempre orientarse a promover el bien común.
Diego Macera, IPE: “Es un golpe a la institucionalidad nacional”
El principal problema es qué viene después y cuál es el camino de transición del Reinfo. Posiblemente la ruta pase por tener sistemas sujetos a control posterior —a diferencia de hoy en los que bastan simples declaraciones— y relaciones más transparentes en todas las partes de la cadena.