El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, afirmó que existirían al menos 300 mil mineros ilegales en el Perú, los cuales vienen operando impunemente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash. Así lo indicó en una entrevista exclusiva con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“El minero ilegal es un minero que no tiene registro alguno. Y si nosotros midiéramos a los mineros ilegales por los mineros que tenemos procesados, no nos acercaríamos creo ni al 10% de los mineros ilegales que hay a nivel nacional”, comentó.
En efecto, Chávarry indicó que, desde el 2019, el Ministerio Público investiga más de 7,200 casos vinculados a la minería ilegal, pero a la fecha, han obtenido 320 condenas, debido a la intensa carga investigativa y la falta de personal que tienen. En consecuencia, se retrasan los inicios de los juicios.
“En comparación a la cantidad de mineros ilegales que habría, pues es poca la respuesta que se puede tener en cuanto a la erradicación de la minería ilegal a través de la vía judicial. Además, existe una gran carga procesal que enfrentan los juzgados a nivel nacional y esto retrasa la instalación de juicios orales en los casos de minería ilegal”, explicó el letrado.
Bajo esa premisa, el fiscal afirmó que uno de los principales problemas que enfrenta la institución para luchar contra esta economía ilegal es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual les da protección a los mineros ilegales, mediante el Decreto Legislativo N° 1351. Su vigencia termina el 31 de diciembre de este año.
“Este Reinfo ha servido como una especie de camuflaje para los mineros ilegales, porque muchos de ellos se sometieron a este procedimiento sin la intención de formalizarse, sino únicamente para que puedan recibir la exención de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal que establece el decreto. Este en su última disposición final complementaria señala que cualquiera que se someta al proceso de formalización, queda exento de responsabilidad del delito de minería ilegal”, anotó.
Finalmente, consideró que el Congreso de la República no debe extender la vigencia del Reinfo como se viene pretendiendo por dos años más en la Comisión de Energía y Minas, sino más bien buscar otro mecanismo que aliente a la formalización minera y con normas que permitan una fiscalización constante.