La minería artesanal y pequeña minería en el Perú representan una de las actividades más complejas y controversiales del país, por los desafíos que plantea en términos de regulación, seguridad y formalización. Esta actividad, caracterizada en su mayoría por operaciones informales, ha sido foco de atención debido a los daños ambientales, conflictos sociales y la proliferación de minería ilegal que ha traído consigo. El proyecto de Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), una propuesta del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), busca abordar esta problemática, estableciendo nuevos parámetros para la formalización de estos mineros. Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de esta propuesta para resolver de manera integral estos desafíos.
Para comprender a fondo los retos de esta problemática y su posible impacto en la industria, Gustavo Ramírez, abogado senior de Compañía Minera Poderosa y líder del grupo de trabajo de minería informal e ilegal de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), conversó con Desde Adentro. Con más de 30 años de experiencia en el sector minero y una trayectoria que incluye tanto al sector público como el privado, el ejecutivo ofrece una perspectiva crítica y documentada sobre el proyecto de Ley MAPE; cuestionando sus alcances, señalando sus limitaciones y proponiendo medidas concretas para su mejora.
Proceso de formalización: un sistema paralelo perverso
Ramírez se refiere al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como un sistema que, en lugar de facilitar la formalización de mineros, ha creado un desorden inmanejable. “Lo que nació en 2012 como una medida temporal para apoyar a mineros en proceso de formalización, se ha desnaturalizado y convertido en carta blanca para operar informalmente. El Reinfo debe terminar, todas estas ampliaciones de plazos terminan incentivando la informalidad”, comentó. Destacó que este sistema —ideado para ser una puerta de acceso a la formalidad— ha permitido que miles de operadores mineros desarrollen sus actividades sin cumplir con los requisitos mínimos necesarios, al no existir debida diligencia ni trazabilidad en toda la cadena productiva.
El ejecutivo cuenta que si bien el proyecto de ley MAPE, impulsado por el MINEM “tiene buenas intenciones”, también tiene importantes limitaciones. En ese sentido, recalca que una de las principales falencias de la norma es que no contempla la depuración del Reinfo. Con más del 70% de registros actualmente en condición de suspendidos, el Estado no tiene claridad sobre quién es quién. Por ello, considera que esta falta de sinceramiento permite que mineros ilegales utilicen el sistema como escudo protector. Asimismo, sostiene que “esto ha llevado a que muchos mineros ilegales utilicen el sistema para protegerse”, por lo que hizo un llamado a una revisión rigurosa del proceso formalización para que pueda cumplirse con el objetivo: apoyar a los mineros que realmente desean regularizar su situación.
Trazabilidad integral y transversal
Ramírez también subraya la importancia de implementar un sistema de trazabilidad para asegurar la procedencia legal de los minerales. Este debería abarcar toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la exportación. “Actualmente, la trazabilidad es mínima, basta con tener el Reinfo vigente, lo cual permite que minerales de origen dudoso o ilegal entren al mercado formal sin mayor control”, explica. Este punto se alinea con el objetivo de la Ley MAPE, que busca reforzar la trazabilidad, aunque para el experto es esencial que la norma se aplique a todos los recursos minerales; no solo al oro, sino también al cobre y otros minerales.
De otro lado, expresó también su escepticismo sobre la capacidad de los Gobiernos Regionales para llevar a cabo el proceso de formalización, la supervisión y fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal. Según él, la falta de recursos y capacidades en las Direcciones Regionales de Energías y Minas (DREM) convierte este trabajo en una “misión imposible”. En ese sentido, plantea que las funciones de formalización sean asumidas por el MINEM, y las de supervisión y fiscalización se ejerzan con el apoyo decidido del Gobierno Central, asegurando recursos económicos y técnicos para ejercer un control efectivo sobre los mineros en proceso de formalización.
El ejecutivo resalta, además, que la minería ilegal se ha convertido en un refugio para el crimen organizado, “con redes que compran conciencias y amenazan a las comunidades, operadores formales y autoridades”, advierte. Esta situación no solo afecta la seguridad en las zonas mineras, sino que también desalienta la inversión privada y afecta a la economía formal.
Ley MAPE: una herramienta perfectible
Finalmente, Ramírez señala que el proyecto de Ley MAPE necesita abordar más efectivamente el control y la trazabilidad. Por ello, afirma que “esta propuesta tiene buenas intenciones, pero necesita complementarse con una política de depuración y trazabilidad robusta, abarcando toda la cadena productiva, no solo la comercialización. Y debe contar con el apoyo de los sectores clave del Estado para poder rastrear el mineral extraído”.
El abogado sostiene que, para avanzar en la formalización, el Estado debe obtener un balance entre los incentivos y las sanciones efectivas. “Necesitamos saber quién es quién para ofrecer ‘zanahoria’ a los mineros que desean trabajar formalmente y ‘garrote’ a los ilegales. Solo así podremos asegurar que la pequeña minería y minería artesanal en Perú se desarrolle con orden y sea sostenible social y ambientalmente”, reflexiona, convencido de que una mayor supervisión del sector es indispensable.