¿Considera usted que el mayor grado de criminalidad e inseguridad ciudadana que vive el país está asociado a la minería ilegal?
En parte. Definitivamente, la minería ilegal es una gran financista de una serie de actividades ilícitas. Sabemos que hay actividades como la trata de personas, la deforestación, inclusive el “arrancharle” concesiones a formales y, obviamente, tratar de distraer a los equipos de seguridad en este tipo de actividades. O sea, sí tiene que ver en gran parte con el problema que hay a nivel nacional.
El actual Parlamento ha presentado alrededor de 15 proyectos que, según varios expertos, favorecen a la minería ilegal…. ¿Qué podemos pensar de ello?
Bueno, de que hay una complicidad con el Ejecutivo. Yo he sido ministro y parlamentario y sé perfectamente que si el Congreso avanza es porque el Ejecutivo se lo permite. Los que tienen que alzar la voz acá, más que los empresarios, son aquellos que ocupan una función ministerial. Si ven que hay proyectos de ley que van a generar problemas y específicamente en el ámbito de la seguridad y las inversiones mineras, pues las personas que tienen que salir a cuestionarlo públicamente son el ministro del Interior, en primer lugar, y el ministro de Energía y Minas. Si ellos se quedan callados, debe ser el Premier quien levante la voz. Pero si avanza el Congreso con esta cantidad de proyectos y se llegan a convertir en leyes es porque los tres ministros que menciono se quedan callados.
Cuando era ministro de Trabajo y veía que se presentaban proyectos de ley que iban a ir en contra del sector laboral, pues acudía a la Comisión de Trabajo y daba pelea. Y no me contentaba con eso, sino que también formaba opinión. Me iba a los medios de comunicación a denunciar lo que se venía. Entonces, se generaba una corriente de opinión a favor y, por otro lado, daba la batalla política. Pero, ¿qué tenemos ahora? Ministros resignados. No corresponde a los empresarios dar la batalla contra la corrupción, corresponde a los ministros. Y los ministros son los que están callados.
El presidente del Congreso dice que el REINFO no es el problema.
Esa declaración es alarmante y peligrosa porque el REINFO sí es el gran culpable de la gran delincuencia que se ha desatado. Y por eso considero que el presidente del Congreso puede declarar lo que quiera, pero lamentablemente al frente no hay un ministro que le diga que está equivocado. El REINFO no puede ampliarse de ninguna manera, pues se ha convertido en un instrumento de impunidad, un instrumento que es el perfecto pretexto para seguir en el infierno. Hay gente que se aprovecha y toma concesiones que no le corresponden. Y, sobre todo, que hacen lo que no hacen los empresarios, o sea, financian opinión. Acabo de escuchar a periodistas que están hablando a favor del REINFO. No sé cuáles son los motivos que los llevan a declarar de esa manera, pero los he escuchado en una entrevista con Rómulo Mucho, defendiendo al REINFO. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué vínculos hay? Es una cuestión que se tiene que contrastar.
¿Considera que la falta de aprobación de la nueva Ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) es el pretexto para ampliar el REINFO?
Lo he dicho hace dos meses. Es el perfecto pretexto para ampliar el REINFO. A inicios de este mes, una directora del sector minero dijo en los medios que ya se había culminado el proceso de socialización y que en los próximos días se estaban presentando el proyecto de ley MAPE. Ya estamos a inicios de octubre y no hay absolutamente nada en el Congreso. Si a eso le agregamos el tiempo que van a tener en discusión, en las comisiones y luego en el pleno, pues va a llegar diciembre y van a decir: “como no se ha culminado con la ley MAPE, hay que ampliar el REINFO”. Es el perfecto pretexto para ampliarlo. Y no tiene que ver una cosa con la otra.
¿Extender el REINFO es extender la criminalidad en el país? ¿Cuál es su análisis al respecto?
En estos casos hay que analizar hechos. ¿Para qué ha servido el REINFO en práctica? Si solamente hay un pequeñísimo porcentaje de gente que se ha formalizado. Según información del propio ministerio, hay más del 70% de personas o de inscritos que no ha hecho ningún esfuerzo para formalizarse y, en tanto, siguen invadiendo concesiones, tramitando con el oro y sobre todo no les puede caer la Ley porque están protegidos por el REINFO. Eso significa impunidad. Estamos hablando de una ilegalidad con patrocinio del Estado y eso es lo peor. Nunca he visto en mi vida un dispositivo que favorece la criminalidad y tiene patrocinio del Estado, del Congreso y el silencio del ministro de Energía y Minas.
¿Considera que el Ejecutivo no quiere afrontar el problema del REINFO?
Puede ser. Lo que creo es que, de repente, tienen algún tipo de temor o hay un lobby muy fuerte de parte de ellos. Mira, eso está teniendo tiempo. Cuando vemos el escándalo de Andrés Hurtado “Chibolín” con la minería ilegal y este se jacta de que tiene contacto con congresistas y todo ese tipo de cosas, ¿qué relación hay entre la minería ilegal, conductores de televisión como Andrés Hurtado y parlamentarios que desfilan por medios de comunicación? Aquí estamos hablando de un “pulpo” que ha infiltrado una serie de instituciones y quizá hasta al Gobierno. Hay que dejar una cosa bien clara, este es el mismo Gobierno que, irracionalmente, en diciembre del 2021, amplió por tres años el REINFO. No por un mes, no por un año, sino por tres. Les dio impunidad. Y nadie dijo nada. Entonces, estamos viendo también las consecuencias de un silencio, de una anomia, de un confiar en el nuevo Gobierno. No hay que ser bobos. O sea, acá definitivamente hay una situación de protección de la criminalidad que tiene diversos estamentos.
¿Considera que hay concordancia entre el discurso y las acciones del Ejecutivo y del Legislativo para eliminar la minería ilegal?
No, actúan para la tribuna. De la boca para afuera dicen que hay que formalizar y hay que combatir la ilegalidad, pero ¿qué es lo que hacen? Generan una serie de dispositivos que favorecen el manejo de explosivos de manera clandestina, impiden el trabajo de la Policía y amplían el REINFO. O sea, es simplemente un discurso para la tribuna y es necesario confrontarlo. Y eso, en pocas palabras, sería patrocinar la criminalidad.
¿Cuál cree que sería la solución para erradicar la minería ilegal?
En primer lugar, creo que se tiene que entender que existe un sector con ganas de actuar dentro de la formalidad. Eso significa que hay un sector donde está la minería artesanal, la pequeña empresa, que se diferencia sobre la base de haber solicitado sus concesiones, haber seguido todo el circuito normal, pero en escala micro. Y hay otro sector que se aprovecha. Aquellas personas que busquen atajos, definitivamente, no deben estar de ninguna manera protegidos. Y eso es fácil de determinar. Hay una serie de documentos que indican cuál es el camino de la formalidad, dentro de la cual hay una gran cantidad de empresarios, de microempresarios, de pequeños empresarios, que están trabajando correctamente. Por otro lado, está claramente definido el camino de la ilegalidad. Simplemente, no se les debe permitir ningún tipo de atajo. Y se tiene que combatir con toda la fuerza de la Ley. El que no cumple esto, pues simplemente queda al margen.
Se habla mucho de la trazabilidad como una medida necesaria.
La trazabilidad es indispensable. Es el elemento fundamental para derrotarlos, y allí la banca juega un papel activo. La trazabilidad debemos entenderla como la ruta del dinero, para hablar en términos coloquiales. Debe castigarse el manejo en efectivo. Acá lo fundamental es que tiene que haber una suerte de comité en el cual esté el ministerio del Interior, Economía y el sector de Energía y Minas para determinar una solución en conjunto. Estamos viendo de que surgen una serie de proyectos de ley completamente desconectados entre sí y la solución tiene que ser integral.