En el marco del compromiso del Perú para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el año 2030, la política fiscal ha cobrado un rol clave en promover la transición hacia una economía más sostenible. Este fue el eje del panel “Política fiscal: promoviendo la transición energética”, moderado por Carlos Llosa, gerente de Impuestos de Pluspetrol, durante el XXIV Foro Anual de Tributación Minera organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) el 10 y 11 de octubre pasado. En esta ocasión, diversos expertos del sector discutieron la pertinencia de gravar con impuestos esta transición.
Llosa abrió la discusión, destacando una realidad que marca la diferencia de Perú frente a otros países. “En el Perú, la principal fuente de emisiones no es la industria minera ni la energética, sino el uso del suelo. Actividades como la deforestación, la tala ilegal de bosques y la minería ilegal son las que generan la mayor parte de nuestras emisiones”, explicó.
En este sentido, Llosa destacó que gravar con impuestos a la industria minero energética tendría un impacto marginal en la reducción de emisiones y no promocionaría su reducción; mientras que las actividades ilegales, que no están reguladas, seguirían siendo el principal problema. Además, el reto es considerable. “Implementar un impuesto al carbono en el Perú puede ser complicado, ya que solo el 7% de nuestras emisiones provienen de sectores industriales”, agregó Llosa.
El panel también abordó alternativas como incentivos fiscales para promover prácticas sostenibles. “Es necesario explorar políticas que incentiven el cambio hacia energías limpias, tanto en el sector industrial como en las actividades de transporte y consumo”, añadió Llosa, y mencionó que algunas empresas ya están pagando un extra por asegurarse de que su energía provenga de fuentes renovables.
Desafíos de la fiscalidad ambiental en Perú
El panel contó con la participación de Roxana Aliaga, gerente de Asuntos Corporativos de Fenix Power Perú, quien resaltó la importancia de alinear los objetivos empresariales con los beneficios ambientales y económicos. Los proyectos sostenibles, dijo, deben ser viables tanto para el medio ambiente como para los negocios.
“[Las empresas] no es que no quieran ser amigables con el ambiente, pero necesitan garantizar que los proyectos también sean rentables. Si una iniciativa puede contribuir al crecimiento de la compañía y, además, aportar al cuidado del medio ambiente, es mucho más probable que sea implementada”, explicó.
Asimismo, mencionó la creciente participación de entidades financieras en la evaluación de los proyectos de las empresas, lo cual agrega una dimensión más profunda al compromiso empresarial con la sostenibilidad. “Esta tendencia refuerza la sinergia entre empresas que buscan energía renovable para continuar con sus actividades extractivas”, comentó.
El rol de los impuestos correctivos
Francois Peglau, director de Impuestos de Sociedad Minera Cerro Verde, explicó que el objetivo principal del impuesto al carbono no debería ser generar mayores ingresos fiscales, sino apuntar a corregir una externalidad ambiental. “El impuesto al carbono no debería ser recaudatorio, sino correctivo. Así, buscaría poner un precio a la contaminación que generaría una transacción entre dos partes, cuyo costo ambiental no habría sido asumido por ambas”, afirmó el especialista.
Durante su presentación, hizo referencia a la experiencia de países como Chile y Colombia, que ya han implementado este tipo de gravamen, y señaló que, aunque la recaudación ha sido significativa, la asignación y uso de los fondos recaudados no siempre ha sido efectiva. Por eso, destacó la importancia de que los mecanismos sean adaptados a las realidades de cada país.
En Colombia, por ejemplo, el impuesto al carbono comenzó a aplicarse en 2016, y se ha convertido en un tema de debate en la reforma fiscal que actualmente se está discutiendo. “El impuesto no ha logrado su objetivo fiscal como se esperaba y el mismo Estado lo reconoce”, comentó Peglau, en alusión a las críticas que apuntan a la falta de inversión adecuada de los fondos recaudados.
El impuesto al carbono en Chile, por su parte, ha sido objeto de críticas por ser considerado recaudatorio, especialmente por su incremento en un 100% para financiar subsidios eléctricos a las personas de menores recursos. “El impuesto no es para financiar la producción de carbono, sino para subsidiar el consumo eléctrico”, afirmó el director de Impuestos de Cerro Verde.
Otro punto clave que subrayó Peglau tiene que ver con la necesidad de un enfoque multisectorial al diseñar impuestos ambientales. “Hay distintos tipos de impuestos al carbono. Algunos se aplican de manera transversal a todas las emisiones, mientras que otros son más específicos, como los que gravan vehículos que generan mayores emisiones al momento de su importación o venta”, explicó.
Perspectivas del MEF
A su turno, Marco Antonio Camacho, director general de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hizo hincapié en la necesidad de ajustar los impuestos selectivos para promover prácticas sostenibles.
Camacho reiteró uno de los puntos claves del debate: la distribución de las emisiones en el país. “En el Perú, las principales causas de emisión son la deforestación (46%) y la agricultura (16%), y ninguno de estos sectores está directamente relacionado con el impuesto al carbono que estamos discutiendo. El impuesto se aplicaría principalmente a la industria y la energía, que representan menos del 7% de las emisiones. Si le queremos poner un impuesto al carbono, serían otros los instrumentos”.
Los panelistas coincidieron en que, aunque las industrias minero energéticas deben ser parte de la solución en la lucha contra el cambio climático, los esfuerzos para reducir las emisiones en el Perú deben centrarse en las actividades que realmente generan un impacto ambiental negativo, como la deforestación y la minería ilegal. Sin este enfoque diferenciado, las políticas fiscales corren el riesgo de ser ineficaces en el contexto peruano.