La situación de Petroperú, una de las petroleras más importantes del país, fue analizada por seis expertos, voces diversas, que Desde Adentro consultó: Jorge Pérez–Taiman, líder del Área de Petróleo y Gas del estudio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano; Carlos Paredes, expresidente de Petroperú y gerente general de Intelfin Estudios y Consultoría; Arturo Vásquez, director de Investigación de Gêrens Escuela de Postgrado y exviceministro de Energía; el congresista Carlos Anderson; el economista y consultor financiero, Pablo Secada; y Pedro Gamio, miembro del Directorio saliente de Petroperú. Aquí sus reflexiones.
Hacia una nueva estructura
Petroperú es una empresa pública de derecho privado, en la que su autoridad máxima es la Junta General de Accionistas (JGA). Como en cualquier sociedad de ese tipo, el Directorio es nombrado y puede ser removido por la JGA y, mientras esté a cargo, debe aplicar las políticas dictadas por esa JGA.
Teniendo en cuenta ello, el hecho de que el Estado es el único accionista de la petrolera, significa que su manejo depende de la posición política del Gobierno de turno. “Aun asumiendo de que tenga un Directorio independiente y capaz como el que acaba de renunciar, y cuadros gerenciales capaces, mientras el Estado controle la JGA, existirá el riesgo de alguna injerencia política, más aún, tratándose de la petrolera más grande del Perú”, sostiene Jorge Pérez-Taiman, líder del Área de Petróleo y Gas del estudio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
Para el especialista, la falta de apoyo recibida por el Directorio saliente y el intento de reponer gerentes que son parte del problema en puestos claves de la compañía reflejan esa injerencia política. “La única manera de asegurar permanentemente de que no exista esa injerencia política es que se privatice íntegramente la empresa”, señala Pérez-Taiman.
En ese sentido, Carlos Paredes, expresidente de Petroperú y gerente general de Intelfin Estudios y Consultoría, también es partidario de una nueva reestructuración. “Se puede incorporar capital privado y convertir a Petroperú en una empresa de capital mixto, en la que los nuevos estatutos de la empresa impidan la injerencia política en la práctica”, puntualiza.
FONAFE como opción
Para otros especialistas, la mejor manera de blindar a Petroperú de la politización de los gobiernos de turno es que el Congreso emita una Ley especial que establezca reglas claras para el gobierno corporativo de la empresa. “Petroperú debería ser reincorporado al FONAFE a fin de que esta corporación gestione la empresa con criterios de eficiencia y políticas de cumplimiento anticorrupción, siguiendo sus directivas corporativas de gestión empresarial”, afirma Arturo Vásquez, director de Investigación de Gêrens Escuela de Postgrado y exviceministro de Energía del MINEM.
Vásquez señala también que el presidente y los miembros del Directorio deberían ser profesionales independientes, reclutados mediante mecanismos de selección meritocráticos y con un plazo de designación establecido de no menos de tres años. “La Ley debería también retirar al representante de los trabajadores del Directorio para evitar los conflictos de interés relacionados a la influencia de los sindicatos en la toma de decisiones de la empresa”, indicó.
En esa misma línea, el congresista Carlos Anderson piensa que la idea de incorporar a Petroperú al FONAFE es atractiva, ya que éste es un holding de empresas del Estado que tienen que comportarse de una determinada manera y que ha tenido casos exitosos de reingeniería en empresas de electricidad y otras más. “No es perfecto, pero por lo menos tendría mayores grados de supervisión y mayores limitaciones para hacer despropósitos”, refiere el congresista.
PMO para la Refinería de Talara
Otra alternativa era la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos (o PMO, por sus siglas en inglés), pero solo para hacerse cargo de la Refinería de Talara, uno de los principales activos de la petrolera estatal.
El economista y consultor financiero Pablo Secada respalda esa idea. “Lo pueden hacer (convocando) un concurso público internacional, se gana y se encarga la gestión del proyecto”, apuntó. Además, Secada sostiene que Petroperú debería vender sus activos inmobiliarios no productivos, como el edificio en San Isidro y otros más.
“La ventaja de una PMO es que sería más difícil que haya injerencia política. Debería estar controlada por un Directorio realmente independiente, aunque eso cause incomodidad al Gobierno. También debe elegirse una PMO de un país con una importante industria petrolera, que no tenga presencia en el Perú y que sea menos proclive a ser influenciado políticamente, como el Reino Unido o Noruega”, dice Pérez-Taiman.
Por su parte, Pedro Gamio, miembro del Directorio saliente de Petroperú, comenta que la forma más adecuada de reestructurar la petrolera estatal es con la ayuda de un PMO internacional con experiencia acreditada en empresas petroleras estatales.