¿Qué medidas serían importantes que mencione la presidenta Dina Boluarte en su discurso del 28 de julio para atraer mayor inversión privada en su sector?
El sector minero se mantiene optimista frente a las políticas del Gobierno. Somos un gremio que prioriza la búsqueda de soluciones, la colaboración institucional y el diálogo como mecanismo clave para el relacionamiento y la construcción de confianza, y así generar condiciones para el desarrollo no solo de nuestra industria, sino para todo el país. Es importante conocer de qué manera la actual administración gubernamental sumará esfuerzos para acompañar los nuevos desafíos que se han planteado hacia el futuro. Esta tarea debe involucrar el trabajo de los organismos del Estado y de la empresa privada.
Como país, debemos aprovechar el potencial que tiene la minería en todo el territorio nacional para revertir la recesión y retomar la senda del crecimiento. Necesitamos reformas y estrategias vinculadas a la prevención de conflictos sociales, y a la aceleración y simplificación de trámites administrativos, especialmente en el otorgamiento de permisos para todas las etapas de un proyecto minero, desde la exploración hasta el fin de la operación, sin que ello represente una afectación a los altos estándares ambientales con los que trabajamos las empresas mineras formales.
Sería importante que se den anuncios relacionados con ello, pues permitirían abrir oportunidades para concretar inversiones por más de US$ 54 mil millones en un contexto de mayor estabilidad política y jurídica que otorgue certidumbre a los inversionistas mineros en el largo plazo.
¿Cuáles serían las medidas para mejorar la competitividad del sector?
Sumado a lo ya mencionado, es necesario una buena planificación territorial vinculada con el desarrollo de los proyectos mineros. Con una adecuada organización a través de clústeres mineros (en el norte y en el sur), se podría lograr una mayor eficiencia en las inversiones en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, reduciéndose los costos logísticos y mejorando la conectividad en zonas andinas, llevando mejores condiciones de vida a todos aquellos involucrados en un determinado territorio, desde las personas que necesitan mejores servicios públicos hasta las empresas de todo rubro que, con su actividad, potenciarán el comercio, generarán trabajo formal e impuestos para su localidad.
Igualmente, es clave fortalecer la capacitación de los profesionales mineros y el desarrollo de proveedores locales para aumentar la productividad de esta industria, así como promover la innovación tecnológica, y la adopción de prácticas sostenibles que incrementen la eficiencia de las operaciones mineras con una visión de largo plazo.
¿Qué anuncio particularmente entusiasmaría a los empresarios de su sector?
El Gobierno, a través del MINEM, ha expresado su respaldo a la minería. Si hay un aspecto que fomentaría la viabilidad de los proyectos es la mejora en el relacionamiento con las comunidades. Es el punto de partida para posibilitar nuevas inversiones y proyectos que contribuirían significativamente al cierre de brechas sociales y acceso a servicios básicos, en estrecha colaboración con los Gobiernos locales y regionales.
También sería importante conocer el plan de promoción de la inversión minera del Poder Ejecutivo, que debería tener una estrategia basada en la mejora de la gestión administrativa y el fortalecimiento de la estabilidad jurídica, entre otros.
Asimismo, se espera del Gobierno medidas y/o acciones que permitan frenar el peligroso avance de la minería ilegal, un flagelo que está calando en todos los espacios de la sociedad. Esta actividad criminal, asociada al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, usurpación de tierras, homicidios y tala ilegal, está presente en muchas regiones del país, generando graves impactos económicos, sociales y ambientales.
Sería una señal muy positiva que las autoridades asuman la decisión política de erradicar esta actividad ilícita, anunciando las directrices generales de una estrategia nacional contra la minería ilegal con intervenciones conjuntas entre el Ministerio del Interior, la OEFA, Sunat, Sunafil y Osinergmin con los recursos presupuestarios necesarios para su implementación a la brevedad.
