Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, abrió el evento destacando cómo la minería ilegal afecta áreas naturales protegidas y concesiones mineras, vulnerando derechos laborales y humanos, y vinculándose con el narcotráfico y otros delitos.
«En un estudio que encargamos el año pasado, detectamos que la minería ilegal viene creciendo y que representa alrededor del 2.5% del PBI en pérdidas. Cada vez se extiende a más regiones, afectando a la población y a las actividades normales que se realizan en ellas.
Sin embargo, esta actividad no se da solo en el Perú, se realiza también en otros países de la región», señaló Grossheim, y enfatizó la importancia de «analizar qué es lo que está sucediendo también en esos otros países para entender mejor la magnitud y los desafíos compartidos».
Contexto regional e impacto
Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), presentó el análisis comparativo de las acciones gubernamentales frente a la minería ilegal en América del Sur. El experto destacó que la falta de regulación y fiscalización efectiva ha permitido que la minería ilegal prolifere sin mayores trabas. Enfatizó que, en el Perú, la exportación de oro ilegal se ha multiplicado –en paralelo al incremento del precio– por 7 en el periodo 2005-2023, reflejando un desafío creciente para las autoridades.
“El Perú representa el 44% de las exportaciones de oro ilegal en la región, e incluso las exportaciones de oro ilegal del Perú suman más que todo el oro legal exportado por Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, los países que hemos considerado en el estudio. Ese es el tamaño del problema”, afirmó Gallardo.
La minería ilegal está profundamente vinculada con el crimen organizado -trata de personas, tráfico, entre otros delitos- y tiene un impacto devastador en el medio ambiente y la salud pública. El experto subrayó que la minería ilegal es un problema que trasciende fronteras, requiriendo una acción coordinada de las instituciones pertinentes al interior del país y la cooperación efectiva entre países para abordarlo de manera integral.
Políticas y Recomendaciones
El estudio del IPE analizó las políticas de formalización, las acciones punitivas y los mecanismos de trazabilidad implementados en la región.
Respecto a la informalidad, “el Perú y otros países, como Colombia, han intentado establecer programas de formalización para mineros artesanales», explicó Gallardo. Sin embargo, la falta de continuidad en estos programas y las deficiencias en la coordinación interinstitucional han debilitado los esfuerzos por regularizar esta actividad.
En cuanto a las acciones punitivas, la destrucción de maquinaria ilegal y medidas como la Operación Mercurio (en Perú) -para erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos en La Pampa, en Madre de Dios-, han mostrado cierto éxito, pero la falta de constancia y la corrupción siguen siendo obstáculos significativos.
Por otro lado, la trazabilidad del oro es un área donde aún se requieren avances significativos. Gallardo mencionó que la falta de coordinación entre entidades responsables dificulta el control efectivo de la cadena de suministro del oro.
Colombia: historia y evolución de la minería ilegal
Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Fenalcarbon en Colombia, exviceministro de Minas y exdirector de formalización minera, destacó la complejidad histórica y legal que rodea la minería ilegal en su país. Explicó que la explotación del oro ha sido una actividad arraigada, marcada por una sucesión de programas de legalización que han creado confusiones semánticas y legales.
«En Colombia, aproximadamente el 70% de la explotación de oro es ‘irregular’», afirmó Cante. Esta situación se ha exacerbado con el aumento de los precios del oro y la introducción de tecnologías mecanizadas, que han llevado a la deforestación y al desplazamiento de comunidades indígenas y locales.
Además, la actividad ilegal ha entrado en una peligrosa sinergia con grupos armados al margen de la ley, complicando aún más el panorama de seguridad en algunas regiones.
Ecuador: avances y desafíos en la formalización minera
Rodrigo Darquea, vicepresidente del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló que, si bien la minería formal es incipiente en su país, la minería ilegal ha proliferado alarmantemente.
«El 77% del oro producido en Ecuador es ilegal», indicó Darquea, destacando cómo esta actividad ha crecido un 55% en los últimos cuatro años. La minería ilegal en Ecuador no solo está asociada a la destrucción ambiental, sino que también ha establecido nexos con bandas criminales, incrementando los niveles de inseguridad en varias provincias.
Recientemente, Ecuador ha intensificado sus esfuerzos contra la minería ilegal mediante consultas populares y reformas legislativas para aumentar las penas y fortalecer la seguridad en las áreas afectadas.
Perú: políticas públicas y desafíos regulatorios
Desde el Perú, César Ipenza, especialista en derecho ambiental, destacó la gravedad del problema, aunque el país haya implementado diversas políticas para combatir la minería ilegal, incluyendo la creación de la Comisión Multisectorial Permanente y la intensificación de operativos de interdicción.
El especialista resaltó en la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y cooperación transfronteriza para abordar eficazmente el contrabando de insumos como el mercurio, utilizado en la extracción ilegal de oro.
Respecto de las plantas de beneficios, apuntó, es necesario considerar su real dimensión para analizar si su fiscalización corresponde a ámbito nacional. Remarcó la necesidad de implementar una asistencia técnica y acompañamiento de la OEFA a los Gobiernos regionales, de modo que la labor de fiscalización se ejerza y fortalezca. Además, enfatizó que se requiere de acciones colaborativas y conjuntas, pero sobre todo coordinadas entre todas las instituciones involucradas en los distintos ámbitos, como Registros Públicos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía, Sunat y Poder Judicial, entre otros.
Desafíos futuros
La discusión entre los expertos dejó en evidencia la complejidad y la urgencia de abordar la minería ilegal en América Latina. A pesar de los esfuerzos regulatorios y de interdicción, la persistencia del problema requiere de políticas públicas integrales.
El camino hacia una solución duradera requerirá de un enfoque regional coordinado, fortalecimiento institucional y el compromiso tanto del sector privado como de la sociedad civil para promover una minería responsable y legalmente viable en la región.