La electrificación rural en el Perú comenzó a mediados del siglo XX, con la creación de la Ley de la Industria Eléctrica en 1955. Esta Ley otorgó incentivos para la inversión privada, lo que impulsó la electrificación en áreas urbano marginales.
En 1972, la cobertura eléctrica nacional era del 40% y Electroperú jugó un rol crucial en este desarrollo —señala el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el Plan Nacional de Electrificación Rural 2024-2033— al crear una organización dedicada exclusivamente a la electrificación de zonas rurales, impulsando así el primer gran avance en esta área.
Sin embargo, la electrificación rural en el Perú presenta desafíos particulares: lejanía y poca accesibilidad, consumo reducido, poblaciones dispersas, y bajo poder adquisitivo. La falta de infraestructura vial y servicios básicos en salud, educación y saneamiento, entre otros, dificultan la rentabilidad económica de estos proyectos, haciendo necesaria la intervención del Estado.
Pero, pese a su baja rentabilidad, estos proyectos tienen una alta rentabilidad social, integrando a las comunidades a la modernidad y mejorando su calidad de vida.
Víctor Carlos Estrella, viceministro de Electricidad del MINEM, señala a Desde Adentro que en este último año han concluido la ejecución de 18 obras, logrando electrificar 607 localidades y beneficiando a 64 mil habitantes. A fines del año 2023, se ha logrado alcanzar una cobertura eléctrica en el ámbito rural del 85.8%.
Para el 2024, se tiene previsto concluir la ejecución de 25 obras de electrificación rural a nivel nacional. La lista de estos proyectos, que representa una inversión de S/ 358 millones, permitirá electrificar 958 localidades más y beneficiar a 145 mil habitantes.
“De esta cartera, a la fecha se ha concluido la ejecución física de siete proyectos los cuales permitieron electrificar 104 localidades y dotar del servicio de electricidad a más de 26 mil habitantes”, detalla Estrella.
El Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2024-2033 busca ampliar la cobertura eléctrica rural, con el objetivo de alcanzar el 96% de viviendas cubiertas hacia el 2026. Actualmente, un 15.5% de las viviendas rurales carecen de este servicio.
PRESUPUESTO
La Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del MINEM, las empresas públicas distribuidoras de electricidad y los gobiernos subnacionales (regionales y locales) son los encargados de ejecutar estos proyectos. No obstante, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan que los gobiernos regionales y locales, responsables del 88% de las obras, tienen bajos niveles de ejecución presupuestal en comparación con la DGER.
Por ejemplo, en Áncash, el gobierno regional, a cargo de un presupuesto significativo para electrificación, ha demostrado cinco años de baja ejecución entre un 3.2% a un 17.7% y solo un año (2023) mayor al 50%. En Apurímac, las municipalidades deben aumentar significativamente su capacidad de inversión —en tres años invertir 12 veces lo que hicieron en seis— para cumplir con los objetivos del PNER.
PLANIFICACIÓN
“La planificación de los proyectos está establecida en el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) y en las normas de electrificación vigentes. Se priorizan los proyectos ubicados en las regiones con menor cobertura eléctrica y aquellos distritos con mayor índice de pobreza, así como los proyectos que utilicen energías renovables”, explica Estrella.
“Las obras que ejecuta el MINEM son transferidas a las empresas distribuidoras de electricidad para su operación y mantenimiento. Dichas empresas pueden requerir mejoras en su infraestructura para mejorar la calidad del servicio y ampliar las redes eléctricas fuera de su zona de concesión. En ese caso pueden solicitar al MINEM financiamiento para su implementación, la cual se materializa a través de convenios de financiamiento”, detalla el funcionario.
Respecto de la participación de los gobiernos locales, el MINEM ha implementado el aplicativo informático denominado ‘DGER+ Electrificación rural’ y viene capacitando en su uso a los gobiernos subnacionales con la finalidad de identificar las viviendas que no cuentan con acceso al servicio eléctrico a través de coordenadas geográficas.
DESAFÍOS
Estrella menciona que “la lejanía, falta de accesibilidad y factores climatológicos dificultan el avance de los proyectos; sin embargo, gracias al apoyo de la propia población se puede continuar con su implementación”. Asimismo, la obtención de los permisos requeridos como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, las Declaraciones de Impacto Ambiental y derechos viales, entre otros, retrasan los plazos en la ejecución de las obras, ya que se necesitan coordinaciones con cada entidad responsable.
Arturo Vásquez, director de investigación de la Escuela de Posgrados Gerens, explica que uno de los primeros desafíos es la coordinación que tiene que hacer la DGER con las empresas distribuidoras del Estado. Y coincide en que uno de los grandes problemas son los permisos, porque las obras de la distribución rural tienen que pasar por la aprobación de las direcciones ambientales y de recursos arqueológicos.
Además, el viceministro Estrella agrega que “últimamente existen muchos conflictos sociales por diferentes reclamos de otros sectores que no tienen que ver con nuestros proyectos; sin embargo, afectan el desarrollo de las obras. Se coordina con los sectores correspondientes para formar espacios de diálogo y buscar solucionar dichos conflictos”, afirmó.
En cuanto a las estrategias para alcanzar la meta del 96% de cobertura eléctrica rural para 2026, Estrella explica que “para el periodo 2024-2026, se tiene en cartera 111 proyectos de electrificación rural que permiten la cobertura de las localidades que no cuentan con servicio eléctrico, mejora de la confiabilidad del servicio eléctrico, la electrificación de venta en bloque y la promoción de usos productivos”.
Sin embargo, Vásquez advierte que para llegar a ese porcentaje de cobertura “tendría que haber un gran impulso en la ejecución de proyectos en los próximos dos años”. Por su parte, César Butrón, del COES, afirma que el primer y más importante desafío es disponer de los recursos financieros para hacer las inversiones necesarias. “La velocidad de avance en electrificación rural depende directamente de los recursos disponibles”, asegura.
El segundo desafío, agrega Butrón, son las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que “hacen que las licitaciones o concursos lentos y que se puedan paralizar por cualquier reclamo”. Y el tercer desafío: resolver el problema de la remuneración de estas obras. “Muchas obras no son rentables y, por tanto, las distribuidoras que las tienen en sus áreas de influencia recurren a una empresa creada para ello: Adinelsa. La mejor solución es que se asigne una tarifa que cubra los costos que estas obras demandarían para su operación y mantenimiento y que se focalice mejor el uso del Fondo de la Compensación Social Eléctrica”, concluye el experto.
FUENTES ALTERNATIVAS
La imposibilidad técnica y económica de conectar algunas áreas a los grandes sistemas eléctricos ha llevado a priorizar el uso de fuentes de energía alternativas, como los sistemas fotovoltaicos que operan a partir de la energía solar. “Esta alternativa es la elegida para electrificar localidades que se encuentran alejadas de las redes eléctricas convencionales. Si las viviendas están concentradas, usarán sistemas de generación centralizados; o sistemas individuales si las viviendas están dispersas”, afirmó.
Agregó que para las regiones Amazonas, Loreto y Ucayali se tienen principalmente proyectos mediante sistemas de generación solar, ya sea centralizada o individuales, por un monto de S/ 783 millones para electrificar 883 localidades y atender a 111 mil habitantes.
El camino hacia la electrificación rural en el Perú está lleno de desafíos, pero con una estrategia adecuada y un enfoque colaborativo es posible alcanzar una cobertura eléctrica que transforme la vida de miles de peruanos en las zonas más remotas del país.
