El director fundador de V&C Analistas, Dante Vera, manifestó que el 40% de la producción de oro tiene origen en la minería no formal, con lo que engloba a los informales e ilegales. Así lo expuso durante el Jueves Minero denominado “Problemática de la minería a pequeña escala”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Un 40% de la producción anual del oro está en manos de los mineros no formales. Las estadísticas no distinguen entre el minero informal y el ilegal (…) Calculamos que ese porcentaje de producción anual de oro significa aproximadamente US$ 4 mil millones anuales, pero si consideramos otros costos indirectos, la suma podría ascender fácilmente hasta US$ 8 mil millones anuales”, indicó en su ponencia.
Bajo esa premisa, señaló las causas por las que esta actividad ilícita se viene expandiendo en distintas regiones del país. Por ejemplo, subrayó que una de ellas es el precio récord histórico del oro US$ 2,380 por onza – cobre al alza US$ 4.4 por libra, lo cual hace atractivo a estas organizaciones criminales.
De la misma manera, el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ratifica que la pobreza en el Perú viene en aumento. Pasó de 27,5% a 29% en 2023, mientras que la pobreza extrema en el ámbito rural creció de 14,6% a 16,2%.
“Esta situación es dramática, es obvio que en estas condiciones estas economías criminales aparecen como una alternativa”, anotó. Vera agregó que otra causal de la expansión de la minería ilegal es que, a la fecha, hay 75% de tasa de informalidad en nuestro país.
Percepciones
Finalmente, el experto afirmó que, de acuerdo a una encuesta del Barómetro de las Américas 2023, el 18% de peruanos reportó que la economía de su departamento ha crecido debido al narcotráfico y el 20% que ha crecido debido a la minería ilegal.
“Aunque muchos piensan que las economías ilegales no han tenido impacto (45%), un 13% piensa que las economías ilegales han tenido un impacto positivo en el desarrollo de su departamento. Las economías ilícitas no merman la confianza en el gobierno local y en la Policía. Su efecto incluso puede ser en algunos casos positivo”, advirtió.
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