En la coyuntura actual, no debe existir espacio para la indefinición y menos aún la pasividad de nuestras autoridades frente a la lucha frontal contra la minería ilegal y ante la necesidad de una política clara de formalización minera.
La minería ilegal que está asociada a otras actividades ilícitas se ha convertido en una grave amenaza para la seguridad nacional y la vida de todos los peruanos; y para derrotarla se requiere de la expresa voluntad política del Poder Ejecutivo y del Congreso, a fin de trabajar en un abordaje integral que implique la participación de diferentes entidades en la búsqueda de una solución realista y técnica a esta problemática, con el propósito de lograr ser un país seguro sin criminalidad.
Lamentablemente, el enfoque que dan las autoridades a este tema es totalmente adverso. El Congreso derogó una parte del decreto Legislativo 1607 que prohibía la posesión de explosivos a quienes tienen su inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Poder Ejecutivo promulgó la norma sin oponerse. A ello, ahora en los pasillos del Parlamento se cuece una norma que busca extender el plazo para acogerse al Reinfo hasta el año 2027, a pesar de que los hechos demuestran que los mineros ilegales lo utilizan para encubrir su accionar que se encuentra al margen de la ley.
El Gobierno tiene que jugar su rol de contrapeso político y debatir abiertamente con el Legislativo y los demás poderes del Estado, cuyo respaldo es necesario para frenar el peligroso avance de la minería ilegal que junto con organizaciones criminales buscan establecer zonas liberadas en el país.
Precisamente, uno de los artículos de esta edición de Desde Adentro destaca que el debate sobre la minería ilegal está abierto desde hace más de diez años y que gira sobre los mismos temas de hoy. Y al no decidir y no actuar, hemos dejado que el problema crezca sin control. No reconocer esto ni ver sus consecuencias, luego de una década, significa vivir de espaldas al presente y futuro del Perú.
De hecho, la última columna que el presidente de la SNMPE, Víctor Gobitz, escribió en el diario El Comercio, da algunas luces sobre las posibles soluciones basada en la trazabilidad de la cadena productiva e implementar incentivos económicos y sociales para quienes si deseen ser formales y que están dispuestos a forjar un país competitivo y sostenible.