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Carlos Basombrío: “Enfrentar la minería ilegal es un problema de primer orden en la vida nacional”

“El Reinfo es un problema importante que requiere solucionarse y que requiere una mano firme de parte del Gobierno”, señala el exministro del Interior.

Carlos Basombrío

Desde Adentro conversó con el sociólogo y exministro del Interior Carlos Basombrío sobre la alarmante situación de la minería ilegal en el Perú y cómo esto afecta los derechos fundamentales, la seguridad ciudadana y el futuro de las inversiones en el país.

¿Cómo está afectando al Perú la minería ilegal?

Sin duda, es un problema de primer orden en la vida nacional. De las diez economías criminales que existen en el país, es por lejos la más grande, ya que afecta los derechos fundamentales, la recaudación tributaria y el medio ambiente. Los mineros ilegales trabajan en condiciones paupérrimas, ocasionando muertes. Es un universo de violencia. Por otro lado, afecta a la minería formal porque muchas veces intentan apropiarse de concesiones y territorios de privados para convertirlos a la minería ilegal. Esto ocurre en la pequeña minería artesanal hasta en la gran minería.

Además del deterioro del medio ambiente y el perjuicio a la recaudación tributaria, ¿qué derechos se vulneran?

Entre los derechos más importantes que se violan en la minería ilegal están los derechos de la mujer por la trata de personas; los derechos laborales, porque no se respeta ninguno; así como el derecho a la vida, ya que mueren por las pobres condiciones de trabajo o son asesinadas en el contexto de los conflictos.

NARCOTRÁFICO E INSEGURIDAD CIUDADANA

¿Cómo la minería ilegal se logra asociar con otras mafias? 

En realidad, son mafias y organizaciones criminales nuevas, sobre todo internacionales que entran en algunas zonas a operar y a competir con los mineros ilegales originarios en el control de esa actividad. Y esas organizaciones criminales se vinculan al narcotráfico, por mencionar una situación, y se asientan en las zonas donde existen problemas de violencia. 

¿La presencia de bandas criminales extranjeras que han ingresado a operar en el Perú hace que el problema sea inmanejable?

Definitivamente, la presencia de organizaciones criminales extranjeras es un problema que se está dando en la minería ilegal, sobre todo en el norte del país. Sin duda es una complicación adicional porque son más grandes, tienen más poder. Además, compiten con otras organizaciones criminales por el control de los yacimientos. Por lo tanto, hay muchos enfrentamientos. Por ello, sí, es un problema que agrava la situación, pero preferiría no calificarlo de inmanejable.

¿El mayor grado de criminalidad e inseguridad ciudadana que vive el país está asociado a la minería ilegal?

Bueno, sí, en parte. No es el único factor. En las ciudades, lo que empeora la inseguridad es la extorsión, pero en las zonas donde está la minería ilegal, sin duda contribuye a un clima de violencia e inseguridad. 

Tras los hechos lamentables de Pataz y antes en Arequipa, ¿ha notado alguna acción concreta del Gobierno para combatir este problema?

Sobre los hechos en Pataz, el Gobierno ha planteado un estado de emergencia con presencia de las Fuerzas Armadas, que era lo que reclamaban las mineras formales de dicha localidad. Creo que si es que hay un despliegue militar importante en Pataz, puede tener efectos positivos, porque la minería ilegal no es como la extorsión que se puede hacer sin que te vean. En la minería ilegal hay que sacar el mineral, , moverlo y, por tanto, requiere de una presencia significativa. Por ello, mientras dure el estado de emergencia y mientras puedan quedarse los militares con una presencia importante, esto podría ser un paliativo. Claro, la pregunta es ¿qué viene después?

¿Lo acontecido en Pataz (La Libertad) puede repetirse en otras regiones del país?

No necesariamente va a ocurrir, pero sí puede repetirse si no se toman previsiones. Hay zonas, como Arequipa, donde ya han ocurrido hechos de violencia muy graves que podrían repetirse.

Antes la minería ilegal estaba más asociada a la Amazonía. ¿Cuáles son las zonas donde se registra mayor avance o en las que a futuro podrían avanzar?

Se está produciendo un crecimiento enorme en la minería en los ríos. El Marañón es un ejemplo. El río Nanay, que está cerca de Iquitos, es otro ejemplo, así como la que se realiza en el Cenepa. En términos generales, la minería ilegal tiene una presencia muy fuerte en la Amazonía y en la sierra del país. Está creciendo y con riesgo de que progrese más si es que no se hacen las cosas que se deben hacer.

TAREAS POR HACER

¿Qué medidas debería implementar el Estado para controlar y erradicar la minería ilegal?

No es un problema sencillo de enfrentar. Es muy arriesgado porque está presente en todas las regiones del Perú. Se le ha dejado avanzar mucho y todas las medidas que se han implementado hasta ahora han sido fallidas. Por lo tanto, sin duda, una de las medidas es formalizar lo formalizable, lo cual es poco ya que la mayor parte no lo es. Otra medida, aunque solo sea paliativa, es encontrar la forma que la minería aluvional no sea tan demoledora con el uso del mercurio. Además, se debe establecer la trazabilidad del oro. Es decir, debería haber un sistema que permita saber de dónde viene y adónde va ese oro. Es complicado pero necesario.

¿El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) blinda a los mineros ilegales? ¿Es el principal problema?

. No sé si es el principal, pero es un problema importante que requiere solucionarse y que requiere una mano firme de parte del Gobierno, porque los beneficiados con esa situación van a tratar de impedirlo. Por otro lado, en el Congreso, hay intentos no solo de que el Reinfo continúe, sino de abrirlo nuevamente para que se inscriban más mineros ilegales y se multiplique el fenómeno. 

¿Considera que existe voluntad política para acabar con la minería ilegal? 

Bueno, si hay voluntad política eso no se ve en las palabras sino en los hechos. Y, en los hechos, se ha avanzado poco desde el Ejecutivo. Por el contrario, en el Congreso se debe frenar los retrocesos que se puedan dar afectando la formalización. Por lo tanto, allí no hay ninguna voluntad política, son muy poderosos. Los US$ 4,000 millones al año que genera la minería ilegal e informal son un aspecto muy difícil de confrontar.

INVERSIONES Y EXPECTATIVAS

¿Las inversiones en el sector minero formal se ven afectadas por la minería ilegal?

Sin duda. Afecta a las futuras inversiones por el riesgo de que sus concesiones sean tomadas por la minería ilegal. Sí se percibe una falta de control del Estado y una incapacidad para que las leyes se respeten.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a la gestión que pueda realizar el nuevo ministro Rómulo Mucho frente a este problema?

La presencia del nuevo ministro Rómulo Mucho ha despertado muchas expectativas. Conoce el tema de la minería, tiene una visión clara de los problemas y ha declarado que quisiera que salga Tía María. Si él lograra que se concrete este proyecto en el periodo de su gestión podría ser un factor que inicie la reversión de la caída de la inversión minera, además de un hito muy positivo.

El Congreso aprobó la noche del miércoles 13 de marzo un proyecto de Ley para derogar parte del Decreto Legislativo N.° 1607, que facultaba a la Policía Nacional del Perú para que enfrente la tenencia ilegal de explosivos en personas cuya inscripción permanece suspendida en el Reinfo. ¿Qué consecuencias tendría esto sobre la lucha contra la minería ilegal?

Me parece que era previsible que el Congreso actuara de esa manera. No es la primera vez que toma decisiones de esta naturaleza. Además, ya había ampliado en la anterior ocasión el Reinfo. Lo que sí habría que decir es que las consecuencias son muy malas, puesto que revierte el esfuerzo del Gobierno por impedir que se siga expandiendo la minería ilegal en el Perú, con las consecuencias que eso tiene.

¿Tiene consecuencias también en la actual situación de seguridad ciudadana a nivel nacional?

Sin duda hay un impacto. Digamos, es menos concreto y directo porque esto no ocurre en las ciudades donde se registran los principales casos de inseguridad ciudadana, pero sí en zonas rurales. Aumenta el sicariato, aumenta la violencia y una serie de delitos colaterales a la actividad de minería ilegal, lo cual va a seguir ocurriendo.