El director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Miguel Cardozo, destacó que el Plan Unidos para la reactivación económica, elaborado por la PCM, permitirá reforzar la importancia del sector minero para el desarrollo inmediato del país.
Así, recordó, de entre las 25 acciones estratégicas, el anuncio del destrabe de siete proyectos mineros por US$ 4,646 millones, los cuales señaló que son factibles de que se ejecuten en el corto plazo, aunque subrayó la necesidad de respuestas claras sobre cómo se llevará a cabo.
De estos proyectos, anotó que los mejor encaminados son Ampliación Toromocho II, que inició su construcción en setiembre; Reposición Antamina, que solo espera la certificación ambiental para comenzar las obras; y Zafranal, que está en vías de presentar su inversión definitiva.
En tanto, afirmó que Chalcobamba, Corani, Romina y Yumpag son proyectos de menor tamaño cuyo desembolso conjunto no supera los US$ 1,000 millones, mientras que proyectos de mayor tamaño como La Granja, Galeno y Río Blanco afrontan distintos desafíos para su realización.
Y aparte de los mencionados, cuestionó que Tía María no haya sido incluida entre las iniciativas a cristalizar en el corto ni mediano plazo, lo que refleja que no esté en la agenda del Gobierno debido a la búsqueda de acuerdos entre Southern Perú y las comunidades del valle de Tambo.
“Los siete proyectos mineros serán factibles de construir lo más rápido posible, siempre que los trámites y permisos avancen en los tiempos establecidos por la norma, con lo cual se empezará a retomar la confianza de los inversionistas en nuestro país”, resaltó el experto geólogo.
Cambios regulatorios
No obstante, Miguel Cardozo subrayó que la prioridad del Perú es recuperar la confianza de los inversionistas para reimpulsar la actividad de exploración minera, que es esencial para el descubrimiento de nuevos yacimientos y brindar sostenimiento a las operaciones existentes.
Bajo esta premisa, consideró fundamental implementar cambios regulatorios para agilizar las inversiones en el sector minero, como, por ejemplo, la eliminación del silencio administrativo negativo y la supresión de la consulta previa únicamente durante la etapa de exploración.
Según el ejecutivo, el silencio administrativo negativo permite a los funcionarios pronunciarse respecto a la aprobación o desestimación de cualquier iniciativa, excediendo en muchas ocasiones los tiempos establecidos por ley y perjudicando la planificación de las inversiones.
Igualmente, remarcó que la consulta previa no tiene sentido en la exploración, pues primero se debe tener el permiso de las comunidades para llegar a esta etapa y los proyectos no poseen información certera de las reservas ni el impacto por el que se tenga que informar al entorno.